Se triplicaron las multas publicadas en el Boletín Oficial

[BPN-15/01/23] Durante el 2022 creció un 364% la publicación de multas contra administradores de consorcios en el Boletín Oficial por infracciones a la Ley 941 de esta ciudad. Para tener una idea de magnitudes, durante el año pasado la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor porteño publicó 822 disposiciones sancionatorias lo que representa un 47% del total de multas publicadas desde 2014 hasta 2021 (939).

Es de recordar que en 2014 se abandonó la exigencia que regía hasta ese momento de que los administradores sancionados debieran publicar sus multas en un medio de comunicación nacional de difusión masiva y se comenzaron a publicar en forma gratuita en el Boletín Oficial porteño.

Ese año –bajo la gestión de Edgardo Aoun como director general de DyPC- se publicaron 17 y al año siguiente 25 sanciones.

En 2016, 2017 y 2018 -ya bajo la gestión de Vilma Bouza- los números si bien crecieron se mantuvieron dentro de los dos dígitos.

En 2019 crecieron un 313% y al año siguiente –el primer año de pandemia- otro 27%. Sin embargo, en 2021 las publicaciones bajaron un 47%.

Para la comunidad consorcial pasó desapercibido que el 30 de diciembre de 2021 Horacio Rodríguez Larreta nombró a Eduardo Alberto Macchiavelli como Secretario de Asuntos Estratégicos del Gobierno de la CABA.

Para quienes no lo recuerdan, en 2012 Macchiavelli había sido el autor del programa Expensas Claras que en su primera versión fracasó. Al año siguiente fue relanzado bajo el nombre de Mis expensas por Juan Manuel Gallo y en 2014 fue modificado dos veces por Aoun [1].

Ese programa –a grandes rasgos- impuso un formulario tipo único de liquidación y recibo de expensas que rige hasta el día de hoy.

Retomando, en agosto de 2022 Larreta puso otra vez el RPA en manos de Macchiavelli al ordenar la "dependencia funcional" de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la que dependen tanto Defensa y Protección del Consumidor como el Registro Público de Administradores.

Casualidad o causalidad, en septiembre se publicaron 201 disposiciones sancionatorias luego de un promedio de 22 publicaciones por mes. El mes siguiente DyPC bajó a 53 publicaciones pero en noviembre y diciembre subió a 120 y 274 respectivamente estableciendo para el año un record absoluto.

De las 822 disposiciones sancionatorias publicadas durante el año pasado, 412 (50%) fueron ordenadas durante ese mismo año. El resto corresponde a sanciones dispuestas en años anteriores: 287 durante el 2021 (35%), 116 durante el 2020 (14%) y las demás en 2019, 2018 y 2017.

Por otra parte, de las 412 multas ordenadas y publicadas el año pasado, 168 (41%) corresponden a infracciones contra administradores de consorcios por no haber dispuesto en alguno de los edificios que administran dos recipientes diferenciados para residuos húmedos [negros] y secos [verdes]. Las 168 (59%) multas restantes corresponden al resto de las infracciones previstas por la Ley 941.

Por razones nunca bien explicadas a partir de 2017 la demora desde el momento en que firmaba una disposición sancionatoria y el que se publicaba en el Boletín Oficial creció un 359%. Pasó de poco más de dos meses a más de 9.

Así los tiempos burocráticos fueron creciendo sin prisa ni pausa hasta 2020 en que ese sencillo paso administrativo llevó casi un año y siete meses.

Por último, aunque en 2021 se logró una reducción de -68% al año siguiente creció en un 80%