Tres años para llevar a juicio las multas impagas

[BPN-15/02/23] Defensa y Protección al Consumidor (DGDyPC) porteño demora en promedio más de tres años en abrir una causa judicial a aquellos administradores que no pagan las multas que se les impone por infracciones a la Ley 941 (Registro Público de Administradores).

Durante los últimos cuatro años esa repartición abrió causas por deudas que sumaban más de 700 mil dólares. Entre ellas había una multa impaga de 2012, otra de 2013, quince de 2014, etc.

Por otra parte, más del 18% de los sancionados durante los años 2018, 2019 y 2020 no pagaron sus multas y se les debió abrir una causa judicial.

Desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2022 Defensa y Protección al Consumidor porteño abrió 467 causas judiciales contra administradores de consorcios por falta de pago de infracciones a la Ley 941 que suman casi 22 millones de pesos.

Analizando año por año, durante el 2019 abrió 300 causas, en 2020 –año de inicio de la pandemia- esa cifra bajó drásticamente a 16 causas, al año siguiente subió otro poco y recién el año pasado se presentaron en 111 oportunidades ante la justicia para cobrar las infracciones impagas.

Por razones que nunca se explicaron de forma convincente, el 52% (245) de las disposiciones sancionatorias que se llevaron a la Justicia no fue publicado en el Boletín Oficial mientras que el 38% (179) sí. En el 9% (43) de las causas restante faltó el número de disposición y el año por lo que no se pudo verificar la fecha de su publicación

Durante esos cuatro años se presentó a la justicia una causa del año 2012 (casi 7 años después de haber sido ordenada), una de 2013 (casi 6 años después), quince de 2014 (casi 5 años después), quince de 2015 (más de cuatro años después) y así sucesivamente.

En promedio desde el momento en que Vilma Bouza, la directora general de DGDyPC, firma la disposición sancionatoria hasta que se deciden a llevar a la justicia a aquellos que no pagan pasan 3 años y cinco días. A esa demora se le deberá agregar el tiempo que se toma la Justicia local para accionar.

La demora se calculó desde la fecha de la firma de la disposición sancionatoria hasta la fecha de la apertura de la causa judicial. Por esa razón en los 43 expedientes judiciales que no fueron digitalizados ese cálculo no se puedo realizar.

La redacción de Pequeñas Noticias convirtió a dólares el valor de cada multa según su cotización a la fecha de la firma de la disposición sancionatoria para poder calcular sus valores actualizados.

O sea que esos casi 22 millones de pesos, a plata de hoy son más de 128 millones de pesos [1], una diferencia de más de 106 millones de pesos por encima de sus valores originales. Es de suponer que a pesar de que los jueces regulan una actualización de los montos reclamados, en el marco de la inflación que se vive en el país, el daño al contribuyente porteño será más que importante.

A la redacción de Pequeñas Noticias le llamó la atención que del total de disposiciones ordenadas durante el 2018 más del 22% deberá ser cobrado con auxilio de la justicia. En 2019 ese número bajó al 16% y en 2020 subió a casi el 17%.

En el marco de esta investigación, el coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3, Andrés Zulberti, el 10 de enero solicitó a Defensa del Consumidor que explique "cómo toma conocimiento de la falta de pago de las multas" a lo que le respondieron:

Este informe se realizó sobre una paciente y laboriosa investigación que realizó Zulberti sobre datos públicos proporcionados por el Poder Judicial de la CABA.

Al total de causas a las que permite acceder el fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo les aplicó diversos filtros para localizar aquellas que correspondían a acciones iniciadas por Defensa del Consumidor contra administradores de consorcios por falta de pago de las multas dispuestas.

En cada caso se verificó que el demandado fuera administrador de consorcios y se consultó el expediente de la causa para constatar el número y año de la disposición sancionatoria que se reclamaba.

De esa forma se armó una base de datos en la que constaba el número de causa, su fecha de iniciación, nombre y apellido del administrador, su número de RPA, monto reclamado en pesos y –finalmente- número y año de la disposición.

Zulberti proporcionó esta información a la redacción de Pequeñas Noticias quien la cruzó con sus propias bases de datos: las disposiciones ordenadas desde 2018 según lo fue informando año tras año, las disposiciones publicadas en el Boletín Oficial desde 2014 y el promedio de la cotización del dólar oficial mes a mes desde 2012.

Actualmente, el Registro Público de Administradores (RPA) porteño está coordinado por Diego Sarrabayrouse, depende de Defensa y Protección del Consumidor cuya directora general es Vilma Bouza y su superior directo es desde el 1º de agosto de 2021 Julia Domeniconi, secretaria de Atención y Gestión Ciudadana y es dependiente funcional de Eduardo Macchiavelli, secretario de la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial (UPFDT)