Como adelantáramos en forma exclusiva en nuestro último boletín, está a aprobarse el proyecto de ley "Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal". Este, luego de recibir despacho Nº 1935 de la Comisión de Legislación General y bajar al Recinto para su aprobación, recibió observaciones de los diputados Abel Latendorf (Piquete Socialista), Marta Oyanarte (Bases y Punto de Partida), Miguel Doy (Forja 2001) y Alicia Pierini (Bloque Justicialista). Siendo así el proyecto debió volver a la Comisión para ser tratado por sus asesores. El pasado martes 3 debatieron largamente, entre otros puntos, sobre el traslado del costo del seguro de responsabilidad civil que por errores u omisiones deberá contratar el administrador. Este debate se origina en la observación del legislador Miguel Doy sobre que estos valores no deberían ser trasladados al consorcista. Este legislador, por otra parte, también solicitó que se defina claramente cuál es el destino de los fondos recaudados por el Registro en conceptos de multas. Sobre este punto el debate giró en torno a dos posiciones claramente marcadas, mientras algunas opiniones eran propicias a la reinversión de esos montos en el mismo Registro otras preferían que se destine a Rentas o Fondos de Cooperativas.

Tanto Alicia Pierini como Abel Latendorf coincidieron en destacar que en el proyecto no hay mención alguna a la capacitación como condición para registrarse como profesional de la administración. En el momento de tratar este tema se acordó que la observación no está alineada con el espíritu del proyecto.

Entre otras observaciones del recinto solicitaron que se incluya en el registro a los administradores de countries, cementerios privados y complejos habitaciones que, como todo el mundo sospecha, no existen en la ciudad de buenos Aires. Sin embargo estarían contemplados, a nivel nacional, por el proyecto de reforma del Código Civil, que tiene media sanción de Diputados, como "nuevas figuras de dominio".

Como tema central se debatió sobre la inclusión o exclusión de aquellos aspirantes que hubieran sido condenados por delitos dolosos. Punto que ya no aparece en el artículo 5 del proyecto de ley reformado que trata sobre quienes no pueden acceder al registro.

Todos los asesores convinieron en que el registro a crearse no podrá brindar información a los propietarios sobre los antecedentes penales de sus empadronados por cuestiones básicas sobre el derecho a la privacidad. Algunos sostuvieron que es suficiente que en el certificado que expida el Registro al administrador figuren sus antecedentes penales. Un pedido muy interesante que se realizó, aunque rechazado, fue incluir la exigencia de presentar dicho certificado ante los organismos de la ciudad para cualquier trámite a realizar en nombre del consorcio. Se argumentó que cualquier consorcio que quiera contratar un administrador debe solicitar la constancia de registro ante la Ciudad aunque no sería obligatoria y queda a libre criterio del requirente.

Sobre este tema quedan aspectos que generan muchas dudas sobre la efectividad del control que intenta establecer este Registro. Entre otras posibilidades un administrador que trabaja una cartera de consorcios determinada podría ingresar, en determinado momento, por delitos cometidos al padrón de Reincidencia y Estadística Criminal y, si bien se le dificultaría notablemente la posibilidad de ser contratado por nuevos consorcios, los actuales no se enterarían de la nueva situación procesal del administrador.

Otro tema poco claro es la falta de voluntad de exigir el certificado que emitiría el Registro a los administradores en todos los trámites que éste deba hacer ante cualquier organismo de la Ciudad. Esto le dejaría todo el peso del control del cumplimiento de la ley al propietario que sería el que terminaría regulando la actividad. Por otra parte daría lugar a la creación de un importante mercado negro de administradores "no registrados" que podría trabajar apoyados en una importante quita en sus honorarios. Lamentablemente este mercado negro estaría compuesto de aquellos que no pueden ofrecer un mínimo de garantías.

El diputado Abel Latendorf, en su momento, cuestionó este proyecto aseverando que producirá una concentración de empresas administradoras de consorcios. Aparentemente plantea que sólo las grandes empresas podrán cumplir con los requisitos que les impondría la ciudad quedando las más pequeñas en situación desventajosa para poder ejercer la profesión. Esta situación añadiría argumentos a la sensación de que se estaría abonando el terreno para la conformación de un importante mercado negro.

De ser así y quedar menos administradoras con capacidad operativa es de suponer que la competitividad en este mercado decrecería y esta nueva situación se reflejaría directamente en los precios que los propietarios deberán pagar en concepto de honorarios.

Al día siguiente de la reunión de asesores se debió haber tratado el proyecto corregido por los diputados de la Comisión que se suspendió por falta de quórum para el miércoles 11 de este mes. Ante nuestra consulta la Directora de la Comisión de asesores de Legislación General y del Trabajo, Dra. Marcela Lozardo, asesora de el diputado Alberto Fernández (Bloque Justicialista), nos comentó que por existir cláusulas punitorias en el proyecto este, luego de ser tratado por diputados, deberá pasar a la Comisión de Justicia para su tratamiento y luego de su despacho bajará al recinto para su aprobación. Estimó que todo el proceso demandará no más de un mes si no surgen asuntos de mayor prioridad en la legislatura.