Registro de Administradores

Duelo de titanes

En la Legislatura Porteña, durante el tratamiento y posterior aprobación del Proyecto de Ley de un Registro para los Administradores de Consorcios, en una jornada que tuvo ribetes de película de suspenso, en un clima incierto en cuanto a su desenlace, cada una de las fuerzas en pugna desplegó lo mejor de sus recursos intelectuales y oratorios en una titánica lucha en la que se jugaba el destino de casi dos millones de propietarios y más de seis mil administradores. 

La tarde comenzó tranquila con Alberto Fernández del bloque Justicialista, uno de los autores de la ley, que comenzó instando a sus pares a votar favorablemente su proyecto de acuerdo a sus considerandos que expuso detalladamente. En un resumen, de los más importante de su alocución, expresó que esto es sólo un registro que "pone información al servicio del consumidor" para terminar con que "la Cámara del Crimen deje de decir que no corresponde poner la pena de inhabilitación para un administrador de consorcios porque finalmente quien se desempeña en este rol, no requiere ninguna licencia ni ninguna autorización pública"

La diputada Sandra Dosch (Frente Grande) en tono firme leyó un documento que expresaba los mismos argumentos que debatió junto a su asesor, el Dr. Martín González, en la Unión de Administradores de Inmuebles (UADI), en la famosa Noche de Brujas del viernes 13/9/2002 (Boletín Nº 130 - 23/9/2002) y en la entrevista concedida en su momento a Pequeñas Noticias (Boletín Nº 129 - 16/9/2002).

El ataque

La tarde se comenzó a calentar con el esperado discurso de Crespo Campo (UCEDE) que salió a jugar con los botines de punta diciendo, en nombre de los consorcistas, que ahora "vamos a ser defendidos por la Legislatura porque... nosotros los consorcistas somos estúpidos o idiotas...". Más adelante amplió este primer concepto explicando que esta es una propuesta de "...un Estado que se mete nuevamente, como tantas veces lo está haciendo esta Legislatura, en las libres decisiones y los libres contratos que tienen que haber entre los particulares." Sorpresivamente justificó, si se puede decir así, a Fernández por la presentación del proyecto por ser del Bloque Justicialista pero no así a Sandra Dosch a la que le enrostró que este proyecto es "...netamente un balazo al corazón del Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra al cuál yo defenderé desde la oposición... entiendo Sra. Presidenta (Cecilia Felgueras) que Ud. e Ibarra no merecen este proyecto..."

La parte más dura de su apelación fue la acusación que hizo contra el diputado Fernández de que según él entendía, si la ley se aprobara, "...por 30 días corridos las aseguradoras tendrán la autorización para utilizar los elementos de esta ley para que durante otros 90 días haya una exclusividad para una compañía de seguros para tomar los 90.000 consorcios que tiene la Capital Federal" aclarando que estos datos le surgieron de la Superintendencia de Seguros en la persona de su responsable, Sr. Aguirre, que le aseguró que apoyan estos dicho el artículo 23 de la Ley 20.091. Por otra parte una fuente reservada que no quiso explicitar en el recinto le habría confiado que la beneficiaria de este supuesto negociado sería una compañía aseguradora cuyo nombre comienza con la letra "M".

En este sentido, uno de los puntos más dramáticos de la jornada comenzó cuando explicó que existía un antecedente a este tipo de maniobras poco claras y lo detalló diciendo que "cuando los consorcios debieron contratar las ART, para acogerse a los planes de pagos de deuda de la cuotas sindicales... me dicen mis fuentes que el estudio de abogados que tenía el SUTERH recomendó contratar a una ART porque si no no se podía poder acceder al plan de cuotas...". 

La jefa del Bloque Justicialista, Diputada Colombo, sale al cruce de las acusaciones de Crespo Campo contra su compañero de bancada que los justicialistas no acostumbran a "valernos de cualquier arma para conseguir el objetivo para impedir que determinada ley se apruebe" cosechando tras esta palabras el aplauso de parte de la concurrencia.

El diputado Carlos Campolongo, de Justicia Social, comenzó a marcar una tendencia negativa cuando vehementemente expresó que "...yo como legislador no voy a convalidar un negocio forzado de las compañías de seguros; un negocio que ronda, según estimaciones, en 108 millones de pesos anuales..." según anticipamos en el Boletín de Pequeñas Noticias Nº 135 (28/10/02). 

Hasta aquí el minucioso ataque de Crespo Campo y la encendida declaración de Campolongo contra el Registro habían cambiado el humor a más de un legislador que probablemente no quisiese verse involucrado en una ley que estuviera teñida de un hálito de sospecha de corrupción desde la misma Legislatura, pero una llamada al móvil del legislador comenzó un cambió, que si bien no se notó inmediatamente, con el transcurrir del tiempo fue decisivo. "...esta fuente que yo tenía, que me dijo eso, no era cierta. Lo que me dice mi amigo Víctor Santamaría es que el sindicato tiene el 5% de la AFJP Previsol y la AFJP Previsol tiene el 90% de la ART Previsol y solamente el 5% de los consorcios de la Capital Federal están inscriptos en esta ART...". Esta retractación probablemente comenzó a crear un problema de credibilidad con respecto a todo el negocio del seguro, tal cual el lo había expuesto, dado que el origen de su información era de tipo reservado, una era inexacta y en ningún momento aclaró que eran diferentes fuentes. 

Cuando le tocó hablar a la diputada Alicia Pierini las cosas se pusieron muy duras para los creadores de la Ley. Su negativa personal a apoyarla ya había sido suficientemente anticipada pero lo que nadie se esperó es que hiciera una moción que comenzó a sumar adeptos dentro del cuerpo Legislativo que rápidamente llegó a la cantidad, según ella, de 19 legisladores. "...le voy a hacer entrega, Sra. Presidenta, de una petición... para convocar a Audiencia Pública Temática..." dijo agregando los nombres de una serie de legisladores a los que se fueron, en el mismo lugar, sumando otros por medio de su firma a una planilla que tenía en su banca. 

Esta propuesta creó un nuevo mapa de la zona en conflicto. Sandra Dosch encaró al diputado Bravo (UCR) con la mirada que figuraba en la lista de la Pierini como preguntándole qué estaba haciendo. Esto no es casual: si la UCR restaba y el PJ estaba dividido, los número no daban. El eje pasaría de ahí en adelante, según la cuenta primigenia, por la decisión de Santiago de Estrada, el hombre de más prestigio del PJ y su par en la UCR el diputado Jorge Enriquez. 

Lo más importante de la respuesta de la diputada Delia Bisutti fue dirigida contra Crespo Campo y Campolongo que le propuso a los legisladores que "si hay algún diputado que tiene alguna versión cierta que esto sea así (el negocio de los seguros) yo le pido que lo diga con claridad y lo denuncie...". Agregando a continuación "...si lo hubiera sería la primera en ponerme al frente para que esto no fuero a ocurrir..." en un intento de fortalecer la idea de que la acusación hecha no era seria.

A continuación expusieron el diputado Atilio Alimena (Partido Demócrata) que, prácticamente, con los mismos argumentos de Crespo Campo pidió que el proyecto vuelva a comisión. El diputado Jorge Mercado (Partido Generacional Porteño) que propuso una votación nominal o sea la lectura a través de secretaría de los nombres de los diputados y su voluntad de voto, Pablo Manuel Caullier (Bases y Puntos de Partida) que junto a la diputada Alicia Talotti (BJ), Miguel Doy (Forja 2001) y Abel Latendorf (Piquete Socialista) adhirieron a la propuesta de la diputada Pierini en la propuesta de Audiencia Temática.

Con el discurso del diputado Jorge Ricardo Enriquez (UCR), comienza a perfilarse un desenlace diferente al que se estaban imaginando los creadores de la Ley. Si bien tuvo objeciones puntuales en donde pidió que se revean los artículos 8º y 10º del proyecto, expresó su voluntad de votar favorablemente la Ley en su forma general. Su voto, por ser el de una voz muy respetada entre sus pares de bloque, sumaría la cantidad necesaria para comenzar a definir un probable éxito de los impulsores del proyecto. Ahora todas las miradas se dirigieron a Santiago de Estrada que tenía en sus manos la posibilidad de darle el OK a uno de los padres del proyecto o a la única que había anticipado en forma intransigente su voto negativo. Su respuesta más interesante fue cuando dijo: "..acá no le estamos impidiendo a alguien a contratar a quien quiera... podría un consorcista... contratar a alguien que está inhabilitado para ejercer el comercio..."

La diputada Marta Angélica Oyhanarte (Bases y Puntos de Partida), desde la oposición al Proyecto de Ley, se hizo pleno cargo de la argumentación de Asociación Civil de Defensa al Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal (ADEPROH) y leyó parte de un boletín para copropietarios que esta institución distribuye entre sus afiliados. En el marco de su argumentación le preguntó al cuerpo legislativo a través de su presidente si no sería "...más razonable que el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y los legisladores impulsaran la auto-administración e implementaran programas de capacitación para co-propietarios." Continuó preguntando si "...no sería más lógico hacer un padrón de malos administradores que tenga carácter preventivo? ¿No sería más conveniente dictar una ley que obligue a cada administrador a tener un máximo de 20 consorcios para lograr administraciones personalizadas y consensuadas y de esta manera sacar del circuito a las sociedades anónimas y a las sociedades de responsabilidad limitada que sólo ven en los consorcios intereses económicos...?"

La contra-ofensiva

Hasta aquí toda la munición que se podía tirar se había utilizado. Era el momento clave. Los ánimos estaban bajos y los dedos de la mano no alcanzaban para contar lo que se suponía un fracaso para la Dosch, Fernández y la Bisutti. En este momento el monopolio que podía parecer que detentaba la única asociación nombrada como defensora de los derechos de los propietarios, se comienza a romper cuando el diputado Marcelo E Vesentini (Frente Grande) en un encendido discurso se ubica en la vereda de enfrente y, también defendiendo los derechos de los usuarios y consumidores, dijo que "...cuando tomemos la decisión, cuando levantamos la mano lo hacemos a nuestro buen saber y entender, en función de nuestras propias convicciones y no porque alguna ONG nos viene y nos dice determinada cosa..."  en alusión a la diputada Oyhanarte que en parte de su alocución leyó una porción del boletín que le facilitaron.

El, en defensa de los consumidores, comienza a instalar la idea de que la relación entre administrados y administradores no es una relación entre iguales y se requiere de una ley que defienda a la parte más debil: "...porque si la parte más débil no es protegida por la normativa, no hay mercado, hay sometimiento de una parte a la otra..." y continúa defendiendo, en esa línea, la aprobación de la ley diciendo que esta ley no defiende a aquellos que están organizados en cámaras que los defienden, que tienen la información, sino a aquellos que están atomizados, sin la información adecuada, que no discuten y no tienen estrategias en común siendo el primero de los oradores que cosecha aplausos de parte del público y algunos legisladores.

La diputada Sandra Dosch (Frente Grande), autora del proyecto, en su alocución instala la importancia de la Fundación Liga del Consorcista como institución defensora de los derechos de los propietarios al leer una carta de adhesión a este proyecto donde el Dr. Loisi expresó que "...los únicos recursos que tiene un consorcista para controlar a su administrador son apelar a la asamblea de propietarios o encarar un juicio contra la administración. Ambas vías, que son las únicas, resultan en la mayoría de las veces inaplicables...". A continuación hábilmente lee también cartas de administradores independientes que respaldan la creación de la ley recogiendo, por segunda vez en la tarde, nutridos aplausos.

La diputada Vilma Ana Ripoll (Izquierda Unida) anunció el apoyo de su bloque e introdujo al tema dos actores que hasta ese momento no habían sido mencionados: los encargados de edificios y los proveedores. Con respecto a los primeros subrayó la necesidad de que existan garantías para los trabajadores de que los importes que componen sus aportes y contribuciones sobre los salarios estén garantizados y por esa sola razón aprobaría el despacho del proyecto de ley.   Con respecto a los proveedores requirió que "...a los listados le agregaran los centros de administración a través de sistemas como Sistemas Administrativos que tienen  manejo de 1743 consorcios o como SIPAC Computación que tienen manejo de 976 consorcios, es decir, que como todas las cosas que suceden en este país se centralizan y se monopolizan...". Este dato le llamó poderosamente la atención a esta redacción dado que sobre la hipotética base de 90.000 consorcios en la Capital Federal no existiría fundamento para hablar de monopolio aunque las dos empresas juntas sumaran todos sus consorcios sólo sumarían un 3,02% del mercado.

Cuando Pequeñas Noticias vio al diputado Enriquez sentarse junto al diputado Santiago M De Estrada (BJ) imaginó que toda la tensión de esa tarde se dilucidaría en unas pocas y medidas palabras intercambiadas por estos dos hombres que tienen un sólido peso en el seno de su gente. La conversación fue cordial y no muy extensa pero el destino del proyecto ya debió estar echado mientras en los corredores algunos diputados hacían frenéticas cuentas para adivinar si ese día tendrían suerte.

Cuando tomó la palabra el diputado De Estrada, lo primero que aclaró es que se respetaría la opinión de cada diputado de su bloque, con lo que respaldó a la diputada Pierini en su disenso y evitó una fractura en el seno de su bloque. Cuando expresó "estamos de acuerdo con la ley en general..." acompañó al resto a votarla favorablemente.

Fernández cerrando la lista de oradores reitera, antes de la votación, que está dispuesto a negociar en particular el artículo del proyecto que trata sobre el seguro y si hiciera falta algún otro más. 

Cuando se votó, 31 legisladores votaron a favor, 7 en contra y 3 se abstuvieron

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