El nuevo mapa político

La guerra fría

La flamante Ley de Registro Público de Administradores destruyó viejos mitos y desnudó el nuevo mapa político de la comunidad consorcial. 

Mientras se disipa el humo de los cañones, se levanta la niebla que cubrió el campo de batalla en la Legislatura Porteña y los combatientes se reponen de sus heridas, con más calma, se puede comenzar a analizar cuáles fueron los mitos sobre los que históricamente se basaron todos los análisis sobre este sector, dónde se produjo la fractura, cuáles son las nuevas fuerzas en juego y quién es el verdadero ganador de este mercado cautivo. 

Los viejos mitos

Siempre se supuso que el conflicto real y de fondo en la vida consorcial era sólo entre administradores y propietarios. 

En principio los propietarios creían que los administradores tenían el poder total y absoluto y ellos que estaban totalmente indefensos e impotentes para proteger sus derechos. Cuando se hablaba de los administradores se lo hacía diciendo "ellos" como si fueran una fuerza sólida y homogénea. "Ellos" estaban agrupados en cámaras, asociaciones y uniones y, ayudados por un ejercito de profesionales, perpetuaban su incólume poder.

Por su parte el mito instalado entre los administradores era que los propietarios, para luchar contra sus supuestos opresores, les hacían "piquetes", agitaban a los vecinos, pedían auditorías  y se auto-convocaban en asambleas imprevistas con la aviesa intención final de removerlos.

Exponente de estas dos posiciones extremas y encontradas eran la Fundación Reunión de Administradores (FRA), presidida por el Sr. Jorge Hernández, y la Asociación Civil de Defensa al Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal (ADEPROH), con la Sra. Marta Oliva como su representante máxima. Esta dos instituciones cruzaron espadas verbales por cuestiones de fondo y a veces personales en más de una ocasión,  inclusive, a través de nuestro medio.

Si bien estos eran los dos extremos, más cercano a los medios, del lado de los administradores, existían la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal (AIERTH), la Unión de Administradores de Inmuebles (UADI) y otros cámaras menores. Estas no tenía una participación tan combativa, eran mucho más conservadoras, no buscaban protagonismo mediático y, en general, trataban de eludir los debates abiertos.

Del lado de los propietarios existía una poco conocida organización que asesoraba a los consorcistas con problemas legales. Si bien tenía un grado alto de exposición mediática, su discurso era  equilibrado y contemporizador. Tanto Página 12 como Clarín y La Nación gustaban de levantar la opinión del Dr. Osvaldo Loisi de Liga del Consorcista cuando trataron temas que tocaba asuntos relacionados con la administración de consorcios.

Así pensamos todos que era durante los últimos años.

Sin embargo algunas escaramuzas relacionadas con cuestiones conceptuales de fondo, que se desarrollaron en el seno del Subcomité de la Administración del la Propiedad Horizontal de IRAM, hicieron pensar que tal vez esto no fuera tan así. El tratamiento de la Ley de Registro de Administradores desnudó la fuerza real que se escondía detrás de cada uno de los actores en conflicto.

La nueva fuerza y la fractura interna

La idea de que los propietarios estaban todos unidos bajo una sola bandera, con una sola idea, en una sola acción resultó falsa. El apoyo de la Liga del Consorcista a la Ley del Registro de Administradores y la oposición tenaz de ADEPROH marcó una fractura fuerte en el seno de los propietarios. Estas dos fuerzas, importantes y conceptualmente diferentes, representaban un potencial mercado político de dos millones de votantes y quedó en manos de los legisladores, como el fiel de una balanza, el decidir de qué lado estaba la capitalización de esa fuerza. 

Aquí se puede entender la lid desde el punto de vista ideológico o institucional. ADEPROH llevaba todas las de ganar. Era la organización más antigua, más combativa, más temida  y más conocida. Liga del Consorcista, si bien tenía buena prensa (que a ADEPROH no le faltaba) no era tan conocida y su nombre no se escuchaba tan a menudo en los corrillos consorciales. Desde las ideas rectoras la institución que dirige Marta Oliva promueve la autogestión de los consorcios en la idea de que nadie mejor que los propios interesado para llevar con transparencia la cosa común. Mientras que el Dr. Loisi, sin pretender cambiar los sistemas existentes, rogaba por un mejoramiento firme, gradual y constante.

Los momentos más dramáticos que sucedieron en la Legislatura para estos dos protagonistas, fueron probablemente cuando aquellos que leyeron el mapa político de la Ciudad de Buenos Aires intentando interpretar la voluntad de los votantes, desequilibraron estas fuerzas. Sólo la diputada Oyhanarte (Bases y Puntos de Partida) que representa apenas dos votos en su bloque, levantó la bandera de ADEPROH. Mientras que la de Loisi la levantaron tanto el Bloque Justicialista, como la UCR, el Frente Grande, el ARI,  los partidos socialista y gran parte de la izquierda que así, en definitiva, dividió las voluntades entre virtuales progresistas y conservadores. 

Los legisladores se saben ganar el sueldo y el que no sabe leer y sumar a la larga se tiene que ir. La sumatoria de los 31 legisladores multiplicado por sus aproximadamente 33 mil votantes que serían propietarios favoreció, a la hora de decidir, a la Liga del Consorcista del Dr. Loisi.

La capitalización de un mercado cautivo

Este cuentito es, en realidad, cosa del pasado. Con un poco de imaginación podremos aventurar que la Dirección General de Usuarios y Consumidores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que será el encargado de la reglamentación y cumplimiento efectivo del texto de la Ley, monopolizará naturalmente todos los reclamos de los propietarios. No queremos entrar en discusión aquí sobre la posible parcialidad o no de este organismo a la hora de llevar el control del flamante registro. Sólo queremos llamar la atención sobre el ingreso de una nueva fuerza en defensa de los propietarios. Imaginamos que naturalmente un consorcista ante la necesidad real o no de ayuda buscará en el Estado, que ha creado un ámbito gratuito y abierto, la solución a sus inquietudes. Esto probablemente reste fuerza a aquellos que en este momento, desde sus ideas y posiciones, cumplen con estas funciones. Por otra parte los legisladores al obligar al administrador a acreditar su registración sabían lo que hacían. Le están obligando al administrador a informar que existe un nuevo espacio donde pueden dirimir los conflictos consorciales. Ninguna asociación o liga o fundación dispone de los fondos necesarios para semejante campaña de difusión. 

Es de esperar que sabiendo que este órgano maneja un mercado potencial y cautivo de 2 millones de votantes no sea utilizado con fines políticos o electoralistas si bien el ejecutivo, en sus necesidades inmediatas, podrá capitalizar el esfuerzo realizado.

La guerra fría

Ante la aparición de un enemigo externo que llama al combate hay que mostrar (sin quedar ninguna otra alternativa) las armas. De los siete legisladores que salieron a pelear (Los siete samurais) el más valioso desde el punto de vista retórico era, sin lugar a dudas, el liberal Crespo Campos (UCEDE). Si bien su fuerza política se reduce a un sólo voto puso en jaque con sus dudas, acusaciones e inteligente retórica el éxito de todo el proyecto. Arrastró a Carlos Campolongo (Justicia Social) a su terreno de sospechas y puso así en peligro a todo el proyecto influenciando a los votos de la izquierda y posiblemente fracturando al mismísimo bloque Justicialista (16 votos). Quizá la coalición tenía un par de armas secretas que no habían figurado en ninguna oposición escrita pero que a último momento podía llegar a torcer la votación misma porque su fuerza numérica representaba una cantidad muy importante de votos. Las presiones que se movieron fueron muy grandes y el par de promesas dadas no fueron tan fáciles de cumplir. De todos modos frente a la fuerza que se alineaba detrás de liga del consorcista, sólo unos pocas bancadas unipersonales pudieron dar combate.

En una segunda lectura llamó la atención que el administrador Jorge Hernández, que fue quién más luchó por el interés común de los administradores, a la hora de las definiciones, no fue acompañado. Teniendo en cuenta que, tanto los dirigentes de la Cámara como la UADI y CADAPH, adhirieron con sus firmas a la oposición del proyecto, a la hora de sumar voluntades y hacer presión en la Legislatura en  pos de un triunfo de sus intereses no estuvieron presentes. Así y todo, sin el apoyo visible de sus aliados, el presidente de Fundación ganó un par de batallas. Consiguió que se retirara del proyecto el tema del seguro y se modificaran algunos otros. Quedando en el aire la duda de qué hubiera pasado si todos los actores del sector se hubieran interesado por las angustias y preocupaciones de aquellos a quienes representan, haciéndose presente su presión en el Recinto como una fuerza homogénea.

Si bien las asociaciones que nuclean a los administradores estaban en contra del registro, en los diferentes medios y en la boca de la mismísima Sandra Dosch se escucharon voces de entre ellos que estaban apoyando el proyecto. En este sentido fue la opinión de buena parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y otros administradores independientes. 

En resumen se puede apreciar en este sector una división no sólo vertical entre las diferentes asociaciones sino también horizontal entre sus propios integrantes que se enfrentan con diferentes soluciones a los problemas que los aquejan.

Los próximos tiempos

Tal vez esta crisis abra el camino a nuevos horizontes a aquellos que sepan verlo. Un legislador, en parte de su alocución, le dijo a todos los actores, tanto propietarios como administradores, que no todo estaba perdido: Les dejaban en sus manos, entre otras cosas, la capacitación. ¿Qué hubiera pasado si el Estado, a través de la Legislatura, la hubiera monopolizado?

Como última reflexión es totalmente incomprensible que a estas asambleas legislativas que trataron la problemática de 6 mil administradores, casi 2 millones de propietarios y decenas de miles de encargados asistieran solo un puñado de luchadores que se interesaron por los destinos de los intereses que representaban.

Los demás, leyendo los diarios, harán lo que los argentinos hacemos desde que tenemos memoria: quejarnos amargamente

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