Ley de Accesibilidad

Acceso sin barreras

La sanción de la Ley 962, que modifica el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires para tener en cuenta el acceso físico a lugares públicos y privados por parte de personas con movilidad reducida, generó dudas e incertidumbres a sus beneficiarios sobre la factibilidad de su implementación y angustia a los castigados bolsillos de los consorcistas.

Haciendo historia

El proyecto de modificación del Código de la Edificación que, según el Presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires Dr. Rubén Campos, comenzó allá por los años 1993 y 1994 y que, desde el año 1995, viene siendo tratada en los distintos fueros parlamentarios de esta ciudad, tanto en el ex Concejo Deliberante como en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, fue presentado por los diputados Cristian Caram (UCR.), Raúl Puy (socialista) y Ricardo Busacca (Popular Cristiano). Habiéndose dejado afuera, según el Sr. Raúl Guinzburg, que es miembro de la REDI (Red en Defensa de los Derechos de Personas con Discapacidad) e integrante del Consejo Consultivo Honorario del CGP 7 (Centro de Gestión y Participación de la Ciudad de Buenos Aires) en el área de salud, a Fundación Rumbos y Redi-Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad quienes pusieron el máximo esfuerzo en impulsar la Ley. En una entrevista con Pequeñas Noticias profundizó esta idea expresando que: “Fundación Rumbos es la promotora de esta ley, ellos hicieron el proyecto y todas las organizaciones hicimos un borrador y se llevó a la Legislatura, para que se contemplara la accesibilidad en los edificios públicos y privados.”. También aclaró que la ideóloga del proyecto fue la arquitecta Silvia Coriat que es responsable de accesibilidad de Fundación Rumbos e integrante de la Comisión  de Discapacidad de la REDI-Red por los derechos de las personas con Discapacidad.

Sobre este tema también consultamos a la arquitecta Estela Díaz Williams  que colabora como voluntaria en la Fundación VITRA (Fundación para Vivienda, trabajo y Capacitación del Lisiado) que nos contó que: “hasta ahora dentro del Código (de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires), lo que más facilitaba la accesibilidad era todo lo que tiene que ver con los medios de salida exigidos por bomberos, pero no era por una cuestión de accesibilidad a personas con movilidad reducida sino por una cuestión de riesgo ante una emergencia. En estos casos estaban medianamente normatizados los anchos de los pasillos o las salidas pero no como libre acceso sino por seguridad”.

Hasta este momento sólo existía, desde el año 1981, una Ley Nacional de Discapacidad que con el Nº 24.341 preveía condiciones de accesibilidad para personas con capacidades diferentes. La arquitecta Williams puntualizó que: "con la ley nacional cuando la gente tiene algún problema de accesibilidad tiene que recurrir a un juicio para que se cumpla. En cambio al estar incluido dentro del Código (de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires) es directamente una norma que hay que cumplirla desde la presentación de los planos de un edificio.”. Ampliando, a continuación, que para la nueva ley que modifica el Código de Edificación: “ lo más importante son los lugares de circulación que tienen que poseer las medidas donde una persona que tiene la necesidad de usar silla de ruedas, bastones, muletas o con dificultades para caminar tenga los pasamanos adecuados, la rampa preparada, el ancho del pasillo o la puerta del ascensor con las medidas apropiadas para poder entrar en el edificio.”

La oposición

Si bien nadie tiene dudas sobre la importancia de esta ley, en la mayor parte de los consorcios, en el corto o largo plazo, tal cual surja de la reglamentación, se deberán realizar algunas obras que afectarán los ya castigados bolsillos de los propietarios. Probablemente algunas obras serán más sencillas y económicas que otras. Pero, en algunos casos, los vecinos tendrán que colaborar activamente para realizar aquellas modificaciones indispensables que exijan un mayor compromiso económico. En este sentido el Sr. Raúl Guinzburg, que sufre de una discapacidad motriz, se quejó diciendo que: "hay resistencia de algunos consorcistas... ”

Es entendible que en una economía recesiva, en un país que atraviesa una profunda crisis, haya ciertas resistencia ha realizar determinados gastos por más importantes que sean pero según nos contaba la arquitecta Williams "hay algunos (consorcistas) que dicen que una rampa es antiestética o que le arruina el palier o que baja la categoría del edificio”. Ella recomienda no olvidarse que tiene que haber como un pensar que no somos todos iguales, que debe haber un respeto al diferente, que por ahí no todos tienen las mismas capacidades, pero que seguramente la mayoría de nosotros, cuando llegue a viejo, va a tener estos problemas.

El papel del administrador en este nuevo emprendimiento será de una relevancia trascendental. Aquellos previsores que ya cuenten con fondos de reservas tendrán, tal vez, menos inconvenientes. Otros podrán explicar a los propietarios los alcances de la nueva ley, las reformas a realizar e implementar una estrategia para hacer las modificaciones de forma tal que no desequilibre el bolsillo de sus administrados. Por supuesto, todo esto luego de la reglamentación y de que se sepa que se preverá para aquellos edificios existentes que no estén en un todo alineado con el espíritu de la nueva ley.

La arquitecta Williams, con respecto a la oposición que enfrenta la nueva ley, comentó que: “los estudios de arquitectura si viene un inversionista y le dicen yo con esta plata quiero hacer tantos metros cuadrados por ahí tendrán que hacer menos unidades de vivienda porque hay que darle más superficie a los espacios comunes".

Según el matutino Clarín los principales detractores a la nueva Ley de Accesibilidad son la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) y el Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPIC). 

En declaraciones a ese medio la prosecretaria Cristina Fernández, de SCA, argumentó que: "este aumento del espacio común, al reducir el metraje destinado a la venta, va a tener como consecuencia que se deje de construir porque no va a ser rentable". Por otra parte el representante de (CPIC), Sr Héctor Scokin, consejero titular, fue más lejos y declaró al mismo medio que "si los beneficiarios no llegan a ser el 2% de la población, puede no ser lógico que las exigencias se apliquen al 100% de la construcción" 

Lo ya construido

Sobre lo ya construido y el impacto económico por el que atravesarán los edificios de la Ciudad de Buenos Aires el Sr. Guinzburg aclaró que: "va a ser una adaptabilidad, no una accesibilidad. Es decir se adapta en lo que ya está hecho, no va a ser una accesibilidad física completa, va a ser parcial”. Por su parte la arquitecta Williams agregó su opinión diciendo que: "es lo mejor que se pudo conseguir... después (va a ver que) ver cómo se va a preparar (la) gente que sepa asesorar sobre esto y que la reglamentación  prevea alguna manera de control y seguimiento” .

Sobre el tema de control y seguimiento el Sr. Guinzburg no fue muy optimista: “Todas las leyes de la Ciudad de Buenos Aires son relativas, no se cumplen. Es decir si la ley nacional de discapacidad 22.341 donde habla de accesibilidad (es) del año 81 y estamos en el 2002 y no se ha cumplido, pienso que ésta, en su totalidad, no se va a cumplir porque no hay órganos de aplicación ni órganos de fiscalización. Si hubiera control, por lo menos paso a paso, se podría llegar a concretar una serie de cosas, pero si no existe control no se puede hacer mucho.”

Los espacios públicos

Cuando desde Pequeñas Noticias le preguntamos al Sr. Guinzburg sobre la accesibilidad del edificio del Centro de Gestión Participativo (CGP) donde colabora en el área de salud nos comentó que “en los edificios públicos tenemos un 99,99 por ciento de infranqueabilidad. En el CGP una persona discapacitada con bastones o muletas no puede subir los diez escalones. Yo no puedo subir esa escalera, no tengo la fuerza suficiente para elevarme, entonces entrar en el CGP 7 es imposible. He hecho relevamientos en otros CGPs y son completamente inaccesibles.”

Otra de las personas consultadas fue el Sr. Pedro J. Lizarralde que es viajante de comercio y que desde hace mucho tiempo recorre con su esposa los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires. A raíz de una operación de cadera se moviliza ayudado por bastones canadienses. Cuando le preguntamos sobre los inconvenientes a los que se tenía que enfrentar en su labor diaria nos comentó que en los edificios públicos de General Las Heras, donde él reside, se puede entrar porque no son edificios de varias plantas y los escalones para entrar son cómodos y todo se desarrolla en planta baja. Sólo la Municipalidad tiene uno o dos pisos a los cuales se puede llegar sólo por una escalera común por la cual cualquier persona con dificultades motrices no puede acceder.

También nos contó que no puede subir a un escalón más alto que el cordón de una vereda y que hay lugares que no lo tienen en cuenta, de ahí la importancia de las rampas de acceso en las esquinas. Si bien reconoció que el Banco Provincia de su pueblo no ofrece dificultades de acceso, estuvo en otros que no tienen absolutamente nada previsto para esos casos.

Los supermercado son los que más facilidades ofrecen a los discapacitados motrices. En algunos hay disponibles sillas eléctricas para desplazarse y casi todos cuentan con espacio especial para estacionar. Nos contó que sólo en una estación de servicio los baños cuentan con inodoros altos para personas que, por razones físicas, deben mantenerse sentados en un ángulo de no más de 90º y que la mayor parte de los hoteles del interior no tienen absolutamente nada previsto para pasajeros con movilidad reducida.

El 5 de diciembre del 2002, en el debate previo a la aprobación de la nueva Ley de Accesibilidad el diputado Atilio Domingo Alimena (Partido Demócrata), que también es arquitecto, expresó sus dudas sobre la capacidad de la Ciudad de llevar a buen puerto un proyecto de esta envergadura: "Como bien sabemos, ni en los espacios públicos, ni en los edificios públicos de la Ciudad de Buenos Aires se cumple esto (leyes anteriores de accesibilidad); ni siquiera en este edificio inteligente se han sabido colocar posibilidades de acceso, porque muchas veces no funcionan, tal como nos ha pasado los otros días cuando tuvimos un seminario sobre artritis reumatoidea, en donde se nos complicó la entrada de la gente que tenía algún tipo de impedimento físico, porque lo que estaba instalado no funcionaba o funcionaba a medias.

Espero que con la intención de la aprobación de esta ley también se tenga en cuenta la aprobación del proyecto que oportunamente he presentado, para que en el Presupuesto del 2003 podamos tener incluidas partidas para su ejecución, por lo menos, en la mayor cantidad de edificios públicos o espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires para, de esta manera, no quedarnos en el discurso o en la discusión y dar una respuesta verdadera, y no en carácter de esperanza para resolver los problemas de todos aquellos que tienen algún tipo de impedimento."

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