Ley 257

70 flores y ningún balcón

El arquitecto Norberto D'Andrea, máximo responsable de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (DGFOC), desmintió categóricamente, en una entrevista exclusiva con Pequeñas Noticias, que exista una "lluvia de Balcones". El único que se cayó es el de la calle Borges entre la Av. Santa Fé y Güemes.

El Arquitecto D'Andrea en un extenso reportaje explicó a Pequeñas Noticias que lo que se mostró en televisión, en realidad, se refería a unas placas que volteó la Guardia de Auxilio del Gobierno de la Ciudad para evitar que hubiera inconvenientes. En su momento ese predio había sido comprado por el Gobierno de la Ciudad a la Asociación Mutual Israelita (AMIA) y durante este mes de febrero estaba prevista una licitación, que ya estaba siendo tratada por la Procuración, para una refacción integral de toda la escuela ubicada en ese predio. Las cámaras del noticiero de Santo Biasatti mostraron a la Guardia de Auxilio volteando en forma preventiva esas placas y llamaron a esa operación "lluvia de balcones". 

El único balcón

"El único balcón que se cayó en este momento" es el de la calle Borges, nos comentó el arquitecto D'Andrea, y está "entre Santa Fe y Güemes" completó. Se trataría de un balcón en un primer piso de 16 metros de largo, la fecha exacta de su desmoronamiento fue el 12 de enero y no produjo ningún accidente fatal. Sin embargo acotó que, de todos modos, no entraría dentro de lo previsto por la Ley 257 de mantenimiento de fachadas y balcones por tratarse de un edificio con final de obra de fecha 25 de agosto de 1971 o sea sin nada que ver con esta ley por ser un edificio relativamente nuevo si se lo califica por su edad. La Ley 257 establece que: "deben de cumplir aquellas construcciones que tienen primero más de 71 años y después en el año 2002 las que tienen entre 50 y 71 años" nos aclaró el director de la DGFOC. Con respecto al resto de las responsabilidades que le pudieran caber dentro de su área nos explicó que: "cuando nosotros verificamos los planos, ese balcón no estaba dibujado en la parte de arquitectura. 

Sí estaba en la vista y en el corte, pero no en la planta y en los planos de estructura. Tampoco estaba dibujado y no estaba el cálculo. Nosotros iniciamos un sumario administrativo para aquellos (empleados) que estuvieron (en la antigua Municipalidad) hace 31 años y le dieron el final de obra. Esto hacia adentro y hacia afuera el Gobierno de la Ciudad no puede iniciar ninguna acción porque pasaron los 10 años. Lo tendrán que iniciar los propietarios con el profesional que saben quién es y que tiene nombre y apellido...  yo creo que ahí existen problemas de diseño estructural, de hipótesis de cálculo y que tendrán que ver con la mala praxis relacionado con la dirección de obra y la empresa constructora... Eso lo determinará la justicia."

Se me cae el balcón...

El arquitecto D'Andrea es muy claro a la hora de delimitar responsabilidades y nos dió un ejemplo terminante: "la responsabilidad no es ni de la Ciudad ni de la Ley, la responsabilidad es del propietario. Un ejemplo: yo compro un coche, no le cambio nunca las pastillas de freno y choco a los dos años. La culpa no es de la fábrica que fabricó el coche, es mía. Esto es exactamente lo mismo y lo habrán visto en la prensa. Desde el primer día que lo dije hasta hoy, (inclusive se puede apreciar) cómo cambiaron las editoriales de los diarios después que se informaron jurídicamente."

En cuanto a la forma de prevenir inconvenientes con los balcones, cornisas y elementos ornamentales, potencialmente peligrosos desde el punto de vista legal D'Andrea, explicó que: "el propietario lo que tiene que hacer es verificar su balcón. Lo puede hacer con un profesional independiente y el Gobierno de la Ciudad no cobra absolutamente nada, ni un peso. Acá viene el profesional a entregar el certificado y nada más" aclarando luego que: "la vivienda mantiene su valor porque cumple con las condiciones de seguridad y además si tiene el certificado, y se cumplió con la ley, si hay un accidente, con el seguro de responsabilidad está cubierto, cosa que si hoy no se tiene, no está cubierto porque aunque pague, ese seguro no lo van a cubrir."

Según D'Andrea la Ciudad de Buenos Aires no tiene ninguna responsabilidad de mantener los balcones de los edificios particulares. Son los mismos propietarios quienes lo deben hacer y son ellos mismos quienes deberán rendir cuentas a la justicia penal y civil en caso de daños que afecten la vida o los bienes de terceros damnificados: "el Gobierno de la Ciudad no tiene que hacer ninguna tarea. Si alguien tiene un problema con un balcón llama al 103 o llama a los teléfonos de las secretarías nuestras y nosotros mandamos a un profesional a verificar ese balcón que tiene un problema y le decimos: Señor... mire... usted tiene que arreglar esto , aquello y lo otro...  como nos a pasado en Lacroze y Zapiola hace una semana y media. Ese día el propietario nos decía: ¡¡¡Se me cae el balcón, se está cayendo el revoque...!!! Fuimos a ver y el señor tenía un balcón con ojiva cerrado con agujeros, tenía tapados los desagües y el agua drenaba por abajo. Entonces se le cayeron 30 cm de revoque de la parte de abajo porque eran balcones con perfil y bovedilla. Obviamente ese balcón, con la desidia del propietario, iba a llegar a provocar un accidente porque una vez que empezó el proceso de corrosión es irreversible si no se detiene a través de alguna cobertura epóxida que impida que entre el aire."

El proyecto de los legisladores

Dos legisladores porteños, Miguel Doy de Forja 2000 y Roy Cortina del Partido Socialista, presentaron dos interesantes proyectos en la Legislatura Porteña.          

Roy Cortina propuso, ya en el año 2001, un proyecto de ley de 7 artículos para la creación de un "Fondo de Emergencia para la Reparación de Balcones". Es interesante destacar que entre los argumentos de sus fundamentos sostiene que: "los inmuebles en los que se detectaron los inconvenientes más serios son aquellos habitados por personas que, en la mayoría de los casos, viven en condiciones de pobreza, muchas son inquilinos o meros ocupantes y no cuentan con los medios económicos para poder costear los gastos demandados por la reparación de los balcones, ni para adecuarlos a las normas de seguridad vigentes.

 Por eso, a fin de resguardar la seguridad de los habitantes de esos inmuebles, como la de quienes transitan por la calle de la Ciudad, no es suficiente que las autoridades exijan el cumplimiento de las normas de seguridad, sino que además se torna necesario ayudar económicamente a aquellos que no tengan medios para financiar las reparaciones necesarias."

Cortina propone, para determinar el monto del fondo de emergencia, que el Gobierno de la Ciudad haga un relevamiento de aquellos inmuebles cuyos balcones no cumplan con las normas de seguridad vigentes y corran peligro de derrumbarse y afectarles un monto a determinar en forma de crédito "blando" (sin interés) para financiar las obras de reparación necesarias.

Por su parte Miguel Doy propuso, en diciembre del 2002, crear un "Fondo Estímulo para el mantenimiento, conservación y saneamiento edilicio de la Ciudad de Buenos Aires."  Serían beneficiarios de este programa, los edificios bajo el régimen de propiedad horizontal (ley 13512),  que tengan una antigüedad mayor de 30 años y que una asamblea haya autorizado la reparación de carácter extraordinario que se solicita. El subsidio comprendería el costo del 50% de las expensas extraordinarias para refacciones en el frente del edificio, la medianera, los contrafrentes y los ascensores.

El diputado de Forja 2001, por su parte, pone el acento en la generación de nuevos puestos de trabajo con el otorgamiento de este subsidio: "Programar una ayuda directa a los consorcios que decidan afrontar estas obras de mantenimiento y conservación generaría una inmediata movilización de dichas empresas de mantenimiento integral de edificios, con ocupación de mano de obra no especializada, compra de materiales de construcción, pintura, servicios profesionales de arquitectos e ingenieros, etc.

Esta nueva demanda de contratación de empresas de mantenimiento integral de edificios también provocará que deban aportar mayores impuestos de ingresos brutos a la Ciudad, además de las correspondientes cargas sociales del personal contratado para tal fin.

Se lograría en lo inmediato mostrar una verdadera reactivación de sectores de la construcción que por su importancia movilizaría a otras pequeñas empresas, además de modificar el entorno urbano y mostrar una tendencia hacia la recomposición edilicia de la Ciudad."

Sin embargo estos dos proyectos sólo vendrían a superponerse con la mismísima Ley 257 sancionada en noviembre de 1999 por la misma Legislatura que en su artículo 10º dice que: "el Poder Ejecutivo deberá adoptar a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires u otros medios a su alcance, las medidas necesaria para instrumentar créditos destinados a los propietarios que deban realizar obras de conservación exigidas por la aplicación de la presente ley."

Llama la atención que se deban sancionar leyes para que se cumplan leyes anteriores que no se llevaron a cabo en su momento. Tal vez la Legislatura podría proponer una Ley que obligue a cumplir al ejecutivo con la Leyes vigentes y así ahorrar el trabajo de estudiar a cada una en detalle.

El arquitecto D'Andrea cuando le preguntamos sobre las sanciones a quienes no cumplen con lo dispuesto por la Ley 257 nos comentó algo que ilustra la voluntad del Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires en efectuar verdaderos controles en temas de la seguridad pública: “Lo que la ley tiene no es lo que nosotros mandamos. Nosotros mandamos un proyecto que tenía sanciones para aquellos que no cumplían. La Legislatura lo eliminó. Nosotros lo que hacemos es tratar de recordar y advertir porque este es nuestro objetivo para velar por la seguridad pública y de esa manera lo que estamos tratando es, ante esta situación, buscar un acuerdo con todos los actores sociales para las carencias que existen y éstos tengan la respuesta adecuada. Porque el Gobierno no tiene la responsabilidad pero sale a buscar una alternativa.”

Con los ojos al cielo

Algunos diputados porteños, desde el año 2001, vienen presentando intimaciones al Poder Ejecutivo a través de la Legislatura a reparar fachadas, cornisas y balcones. Cabe destacar las 17 presentaciones de la diputada Elisa Haydée Cuitiño (UCR) donde solicita que el Poder Ejecutivo, a través de sus organismos competentes, proceda a intimar a sus propietarios a reparar cornisas y balcones que presupongan un riego para los vecinos y transeúntes bajo apercibimiento de realizarlo la Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con cargo al propietario. Según fuentes del despacho de la legisladora, sus asesores recibieron durante los meses de marzo a julio del 2001 orden de recorrer la zona del barrio de Monserrat, a la cual pertenece la diputada, y denunciar los casos de deficiencias en la conservación de fachadas y balcones. No encontramos, inexplicablemente, más trabajo sobre este tema luego de julio del 2001.

Pequeñas Noticias salió a relevar fotográficamente algunos de los casos denunciados por la diputada de la UCR y en las fotos de la infografía del recuadro se puede apreciar que nada se hizo desde entonces a pesar de que uno de sus "proyectos de declaración" tuvo sanción el 5 de julio del 2001. En amarillo se destaca la ubicación de la Legislatura misma y en rojo los puntos a que hace referencia cada intimación. De todas las fotos sacadas se publican en esta oportunidad sólo las de los edificios de Av. de Mayo 1410, 1385 y 1248/40. 

También los legisladores Ricardo Busacca (Partido Popular Cristiano), Guillermo Oliveri y Silvia Gottero (Bloque Justicialista) solicitaron al Poder Ejecutivo que realice inspecciones, apuntalamientos y reparaciones en lugares puntuales de la Ciudad. Por su parte José Palmiotti (UCR) durante el año 2001 exigió, a través de la Legislatura, que el Gobierno informe los motivos por los que no se han puesto en práctica los mecanismos de verificación y controles ya previstos

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