Registro de administradores

El evento del año

El pasado miércoles 30 de abril en un colmado 5º piso del CGP Nº 7 frente a lo más ilustre de la comunidad consorcial la diputada Sandra Dosch, el Arq. Miguel Fortuna y sus principales asesores dieron la mayoría de las precisiones sobre los puntos más polémicos de la reglamentación de la Ley 941 que inexplicablemente todavía no fue firmada por el Jefe de Gobierno Porteño, Dr. Aníbal Ibarra.

Ese miércoles 30 comenzó lluvioso y triste en la Ciudad de Buenos Aires. Aunque el acto en el Centro de Gestión y Participación (CGP)  Nº 7, situado en la Av. Rivadavia al 7202, estaba organizado para las 19 hs, a los invitados se les recomendó que se acercaran unos minutos antes porque, si bien su 5º piso es espacioso y amplio, se preveía una gran cantidad de público dada la importancia misma del acontecimiento.

No era para menos, el Arq. Miguel Fortuna, máximo responsable de la Dirección General de Defensa y Protección de Consumidor, daría las primeras precisiones sobre el contenido de la reglamentación de la ley que creó un Registro Público de Administradores en la Ciudad de Buenos Aires (Ley 941) y la diputada Sandra Dosch, co-autora de la ley, explicaría el espíritu de los legisladores a la hora de sancionarla.

A pesar del mal tiempo los invitados comenzaron a llegar a las 18:30 y los dos pequeños ascensores para tres personas no descansaron acercando a los participantes hasta pasadas las 19:30 en que Ariel Rosales, director de redacción de Pequeñas Noticias, se acercó al micrófono y le pidió al público unos minutos de paciencia a causa del atraso que experimentó el Arq. Fortuna que debió lidiar con el espeso tránsito propio de la víspera de un feriado (1º de mayo).

A las 19:40 hs., frente a una sala completa y expectante y ya con la precencia del asesor jurídico del Arq. Fortuna, Dr. Norberto Dorensztein, el Sr. Luis Bilancieri, director del CGP, con unas breves palabras dió la bienvenida a los presentes y agradeció a los disertantes cediendo la palabra de apertura al director de Pequeñas Noticias Claudio García de Rivas y a su director de redacción Ariel Rosales.

La palabra de la Dra. Sandra Dosch

A continuación la diputada del Frente Grande, acompañada de su jefe de asesores Dr. Martín Gonzalez, explicó los motivos por los que sintió que la Ciudad de Buenos Aires debía tener intervención activa en la relación que existe entre administradores y administrados:

"Yo voy a plantear algunos lineamientos sobre algunos de los puntos que me parecen centrales de esta ley, que nos costó sancionar. Es una ley que estuvo en tratamiento en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires alrededor de dos años y medio pasando además por la comisión de legislación general y por la comisión de justicia.

En primer lugar quiero decirles que la creación de un registro que brinde información sobre quienes se dedican a administrar consorcios de propietarios permite controlar el cumplimiento de la normativa aplicable constituyendo al mismo tiempo un obstáculo para las actuaciones irregulares en las administraciones. Estamos convencidos que con la implementación de este sistema registral de acceso público y gratuito se promueve la trasparencia de gestión y el ejercicio de los derechos de información y defensa de usuarios y consumidores. Teniendo en cuenta que se ha tomado conciencia en la necesidad por parte del estado de intervenir en determinadas relaciones contractuales a los fines de restablecer o reequilibrar en sus justos términos las situaciones en que quedan las partes cuando se delegan atribuciones y otorgan poderes brindando de esta manera herramientas comunes a las partes para garantizar que no se frustren las expectativas.

Si bien son los copropietarios los que en definitiva determinan el rumbo a seguir respecto de la totalidad de las cuestiones que se suscitan en un edificio tal es el espíritu de la ley 13512, digo esto porque el registro es una herramienta... que se pone a disposición de los vecinos consorcistas de la Ciudad... y no implica una obligación para los copropietarios.

Nos parece que desde el Gobierno de la Ciudad, desde el estado de la Ciudad de Buenos Aires, resulta necesario brindarle a los consorcistas los elementos y las herramientas suficientes para permitirles tomar decisiones más acertadas respecto de la persona en quien confiaran la totalidad de las cuestiones patrimoniales del edificio.

De esta manera se reconoce la tarea de las buenas administraciones y se sanciona aquellas que revisten de in-conductas que ponen en riesgo el patrimonio de sus administrados.

En cuanto a la formación y a la capacitación estamos al tanto de que los cursos existentes hasta el momento carecen de las condiciones necesarias como para hacerlos obligatorios, por eso no incluimos un artículo específico que hablara sobre la capacitación de los administradores consideramos que sería importante incluir como antecedente curricular la capacitación y formación recibida que seguramente en conjunto con la información brindada en este registro hará que los consorcistas puedan decidir con seguridad sobre quién recae la responsabilidad de administrar el edificio."

La palabra del Arq. Miguel Fortuna

Asumiendo una posición frontal el responsable de la Dirección General de Defensa y Protección de Consumidor aclaró que sus palabras serían políticas porque su cargo era, de por sí, político:

“ Esta ley no se pensó en contra de nadie sino a favor de algo. El espíritu principal de esta ley es transparentar lo que hay y depurar lo bueno de lo malo. Nosotros en realidad cuando estamos en el rol del estado lo que estamos tratando es de proteger los intereses de los ciudadanos. Nosotros no le vamos a modificar la vida del ciudadano y su voluntad de decidirse por un administrador rentado, si quiere tener un administrador propio, eso no va a ser facultad nuestra.

Acá hay una oportunidad nueva, el que la quiere tomar la toma y el que no seguirá como esta hasta ahora. Esto no es una caza de brujas, no es una cosa persecutoria, ni es en contra de alguien en especial.

Nosotros a lo que apuntamos es a mejorarle la calidad de vida de los ciudadanos, a protegerles sus derechos y a que tengan información adecuada para que saquen sus propias conclusiones. Brindarles todas las herramientas para que puedan consultar el registro. 

Acá hay varios actores: los administradores, los consorcistas (que para mí son consumidores) y los proveedores de servicios que van a hacer los trabajos de mantenimiento. Y lo que tratamos de buscar es un equilibrio en el funcionamiento de eso, con reglas claras y trasparentes.

Hemos hablado con todas las cámaras que se nos han acercado, no le hemos negado la oportunidad de hablar. Nosotros nunca vamos a hacer algo que transgreda la 13512 y el decreto reglamentario no puede transgredir la 941."

La palabra del Sr. Luis Bilancieri

Para cerrar el acto el director del CGP Nº 7, co-organizador del evento junto a Pequeñas Noticias, expresó a la audiencia que este acto era sólo el puntapié inicial de una actividad que se repetirá periódicamente. Su expectativa es poder acercar al vecino consorcista la palabra de diversos funcionarios del más alto nivel para escuchar sus dudas, inquietudes y acercar las soluciones posibles de articular desde el Poder Ejecutivo y Legislativo convirtiéndose así en el primer Centro de Gestión dentro de los 16 que ya existen que incluye la problemática de la propiedad horizontal como servicio a la comunidad. 

Anunció que a partir del próximo miércoles 7 de mayo de este año funcionará en esa dependencia del gobierno porteño que está en Rivadavia 7202 en el 3º piso de 19:30 a 20:30 hs. una Comisión de Consorcios que coordinará Pequeñas Noticias y el mismo CGP donde los vecinos consorcistas (administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores) podrán estudiar soluciones, propuestas y proyectos para una mejor calidad de vida consorcial. 

También se buscará la forma solidaria de solucionar dudas, consultas o quejas de los diferentes sectores a los que se podrá conectar con otras áreas del mismo gobierno como Mediación Comunitaria, Lealtad Comercial, Tribunales Arbitrales y el mismo Registro de Administradores que está previsto que funcione en forma descentralizada

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