Un largo camino al colegio

El 12 de agosto del pasado 2003, mientras en la Ciudad de Buenos Aires hacía sólo un día que había comenzado la inscripción de los administradores con CUIT terminados en 0, 1 y 2 en el flamante Registro Público de Administradores que funciona bajo la órbita de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de esta ciudad, en la provincia de Buenos Aires el senador justicialista Dr. Raúl Lamacchia presentaba en la Honorable Cámara de Senadores un proyecto de Ley que pretende establecer el marco normativo y jurídico para el ejercicio de la profesión de administrador de propiedad horizontal. Este ambicioso proyecto de 32 artículos divididos en siete capítulos incluye la creación de un Colegio Público de Administradores que tendría su asiento en la ciudad de La Plata.

Consideraciones generales

Este proyecto de ley en su artículo 4º considera que está habilitado para ejercer la profesión de administrador de consorcios toda aquella persona física o jurídica que haga de ello una profesión habitual, que reúna los requisitos contemplados por el proyecto de ley y presume que esa profesión es onerosa.

En su artículo 5º establece que todo consorcio de más de 10 unidades o más de 600 m² de superficie deberá ser administrado por un profesional que esté matriculado en el futuro colegio previsto por este proyecto.

¿Quién podrá ser administrador?

Entre otros requisitos podrá ejercer las actividad y matricularse todo aquel que siendo mayor de edad haya aprobado la carrera de Técnico Universitario o similar en Administración de Propiedades, esté inscripto en cualquier Colegio Departamental de Administradores de la Provincia (a crearse) y disponga para el desempeño de su actividad de una oficina o local habilitado.

Por otra parte para matricularse en el Colegio Departamental deberá certificar la libre inhibición para disponer de sus bienes expedido por el Registro de la Propiedad, constituir una fianza real o un seguro de caución de 10 mil pesos (renovable cada año) a la orden del referido colegio, no hallarse inhabilitado debido a no poder ejercer el comercio, tener condena firme en sede penal o figurar como excluido de la matrícula por sanciones disciplinarias, entre otros requisitos.

Entre las 19 funciones, deberes y derechos que establece el 9º artículo del proyecto de ley para los administradores se lee la obligación de convocar como mínimo una vez por año una asamblea de copropietarios con el fin de rendir cuentas documentada de su gestión y solicitar su aprobación (inc. e); acatar la normativa vigente dispuesta por las normas del Instituto Argentino de Normalización (IRAM) (inc. j); percibir honorarios por la gestión realizada (inc. p) y ser único depositario y custodio de dinero, títulos de propiedad y demás documentos del consorcio debiendo arbitrar los medios para la total seguridad de los mismos.

El Colegio Público de Administradores de la Provincia de Buenos Aires estará integrado por los presidentes de los Colegios Departamentales que constituirán un Consejo Superior que tendrá a su cargo las 12 responsabilidades explícitas entre las que se encuentran la de representar a los Colegios Departamentales que lo integran en sus relaciones con los poderes del Estado (inc. a); dictar normas y editar un manual de ejercicio profesional para uso de los administradores con las principales disposiciones legales concernientes a la administración de consorcios y los principios de ética profesional. Otra de las responsabilidades que recaerá en el futuro colegio es la de establecer el programa básico, materias y duración de la carrera de administrador a crearse.

Cada Colegio Departamental contará con su propio Tribunal de Disciplina cuya misión será la de vigilar el buen y honesto desempeño de los mandatos conferidos a sus matriculados pudiendo aplicar sanciones disciplinarias sin perjuicio de las eventuales responsabilidades de tipo administrativo, civil o penal que le quepa a todo colegiado por el mal desempeño de su mandato. Dentro de las sanciones que podrá aplicar el futuro Tribunal de Disciplina se encuentran las de apercibir por escrito, multas económicas, suspensión del ejercicio de la profesión, cancelación del registro por un plazo determinado y hasta la exclusión misma de la posibilidad de poder administrar consorcios en forma profesional en la Provincia de Buenos Aires.

Según el artículo 17º las denuncias por mal desempeño de su actividad contra los matriculados se podrán realizar en el Colegio Departamental que corresponda al domicilio del administrador (inc. q). Estos colegios se podrán crear en ciudades con una cantidad de administradores no menor a 100 profesionales en ejercicio de la actividad y entre sus numerosas atribuciones se encontrarán las de sugerir honorarios profesionales (inc. l), evacuar consultas y asesorías (inc. n) y crear Tribunales Arbitrales para la solución de conflictos (inc. r).

Entre los fundamentos de este completo proyecto de ley el Dr. Lamacchia sostiene que "generará bases jurídicas que entre otras importantes cosas jerarquizará y dará un apoyo institucional a la profesión, al tiempo que el profesional matriculado se regirá por medio de esta ley para actuar en su relación con los consorcistas."

Este proyecto de Ley, que es básicamente el mismo que ya había presentado en septiembre del 2001, ya pasó por la Comisión de Asuntos Constitucionales donde sufrió algunas modificaciones consensuadas con los letrados representantes de las cámaras de administradores de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, entre otras, con las que se elaboró el proyecto.

En una entrevista exclusiva con Pequeñas Noticias el Dr. Raúl Lamacchia expresó que "en este momento está para salir, me dijeron que en forma favorable, de esta comisión de Asuntos Constitucionales para que pueda ser tratado en el recinto. Posiblemente haya alguna otra comisión que tenga que expedirse también... Pero ya con un despacho favorable se habilita para poder tratarlo sobre tablas..."

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