Té para tres

El Adm. Jorge Ferrera, que hace un año y medio (el 6 de marzo de 2003) en la confitería "del Virrey" fundó junto a un grupo de jóvenes administradores disidentes una inter-cámara que llamaron Administradores Independientes de Propiedad Horizontal (AIPH), recordó cuáles eran los sueños que persiguieron en aquellos tiempos. "En realidad cuando se fijaron los objetivos de AIPH siempre fuimos críticos con las posiciones y con las viejas políticas que vinieron desarrollando las cúpulas directivas de las entidades de administradores: la no consulta a los propietarios y la no consulta a los afiliados con relación a determinadas decisiones que han ido tomando", explicó a Pequeñas Noticias, café de por medio, en su oficina de la Av. Cabildo. A continuación agregó que la creación de esa nueva asociación fue tomando cuerpo a partir de la oposición de los dirigentes de todas las entidades que defienden los intereses de los administradores, a la sanción de la Ley 941 en un documento llamado "de los 11 puntos" y que en ese sentido el objetivo que siempre tuvieron desde AIPH fue abrir una nueva etapa y abandonar las viejas prácticas políticas de las dirigencias tradicionales.

Ante la pregunta de Pequeñas Noticias sobre los motivos de su alejamiento de la organización original a la que contribuyó fundándola opinó: "más allá de la buena relación con mis amigos de AIPH, creo que se han apartado de lo que fue el objetivo principal que era tener una posición más abierta para escuchar a la gente y a los administradores de consorcios."

Sobre la ruptura con sus compañeros aclaró que "el detonante fue la decisión de armar la Fundación, es decir, yo no estaba de acuerdo en que esto tomara cuerpo de manera que la gente pudiera emparentar a AIPH con una cámara más. Mi idea era que esto fuera un espacio abierto donde pudieran converger distintas opiniones de diferentes administradores. Cuando se planteó en el seno de AIPH la conformación de una Fundación yo no estuve de acuerdo y dí un paso al costado."

Con respecto al tema puntual de la fianza que tendrían que constituir los administradores como garantía de su actividad profesional que propone el proyecto AIPH-Santilli, el Adm. Ferrera explicó que en su opinión "es sumamente perjudicial para los administradores que son honestos y que están capacitados profesionalmente como para desarrollar su actividad". El cree que termina abriendo una división entre las administraciones que ya están funcionando y tienen una muy buena posición económica de aquellos que recién se inician y todavía no disponen de un capital importante de trabajo. Según Ferrera hay gente que propone que la fianza no debiera ser necesariamente hipotecaria o dineraria sino que podría ser un seguro que cubriera lo que eventualmente sería la mala praxis de un administrador. El cree que esto es discutible pero que habría que buscar otras alternativas para que el consorcio esté cubierto frente a eventuales actitudes delictivas por parte del administrador.

Una de las soluciones que propuso Jorge Ferrera está tomada de algunos colegios públicos españoles que constituyen una garantía contra un posible mal desempeño del administrador. O sea que si un profesional colegiado comete un error involuntario o un delito contra el consorcio, el colegio al que pertenece se hace cargo de los daños que hubiera ocasionado. Sin embargo aclaró que "en definitiva tenemos que tener en cuenta que el colegio no termine siendo para el consorcista un incremento más en el monto de las expensas que hay que pagar. Evidentemente si uno tiene que agregar cargos de matrícula, de fianza, etc... todo eso va a terminar repercutiendo en que muchos administradores lo van a tener que trasladar al monto de las expensas."

Para el Adm. Ferrera, según los tiempos políticos que corren y las condiciones dadas, no cabe ninguna solución posible que no incluya a tres actores fundamentales: los propietarios, los administradores y, en esta etapa, los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires para un proyecto local y de la Nación, para uno general.

Ampliando esta idea explicó que "yo entiendo que son tres integrantes imprescindibles que tienen que sentarse a conversar sobre los temas que les preocupan: ya sea la modificación de la Ley 13.512, la modificación de la 941, la creación de un eventual ente tripartito donde participen administrados, administradores y funcionarios locales o nacionales, diversas normativas relacionadas con los consorcios, etc... Me parece que es imprescindible que las tres partes puedan consensuar los proyectos comunes que estén relacionados con las temáticas a resolver en la propiedad horizontal."

Por otra parte, agregó que "hoy en día, la figura del administrador surge del mandato definido por el Código Civil. Esa es la figura jurídica pero yo creo, y en algún punto ya hay gente que lo ha planteado, que evidentemente existe una relación donde el consorcio es una especie de cliente del administrador. Me parece que en ese sentido uno no puede administrar dinero y decisiones de los consorcistas sin que sean ellos los que opinen y den su punto de vista respecto a las resoluciones, las firmas de convenios con FATERyH, posiciones frente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, temáticas que están relacionadas con normas IRAM, etc... Me parece que en ese sentido las cámaras han actuado no solamente en forma inconsulta sino que han actuado arbitrariamente decidiendo por los consorcistas. Me parece que esto es un error garrafal porque de alguna manera los consorcistas son clientes del administrador."

He hablado con varios legisladores y están sumamente interesados en poder trabajar al lado del vecino escuchando a los administradores para conocer cuál es el mejor método en beneficio de todas las partes. En ese sentido el proyecto que salga de esta mesa de consenso no necesariamente tiene que ser un colegio público. Puede ser una entidad tripartita dentro del Ejecutivo Porteño o Nacional en el que participen administradores y propietarios con el estado, garantizando el justo equilibrio entre las partes.