Revisión completa de todas las normas

No cabe duda que la falta de representación genuina de consorcistas en ésta y otras discusiones sobre temas relativos a la PH adolecen de la falta de contraparte -principio de bilateralidad que hace a toda relación en las que están sometidos más un sector- para su debido contralor y el necesario aporte de ideas de quienes son los destinatarios principales del régimen de PH, los propietarios y consorcistas.

De por sí los representantes del pueblo reunidos en las cámaras legislativas pertenecen a distintos sectores y profesiones o actividades. Eso es obvio, que la técnica legislativa la aportan los especialistas (asesores, consultores o lo mismos legisladores cuando lo son) quienes son los encargados de dar forma adecuada a las normas y buscar que las mismas expresen la voluntad del legislador. La tarea legislativa no es privativa de abogados y juristas, aunque no puede prescindirse de ellos si se quiere hacerlo con propiedad y seriedad.

La búsqueda de normalizar o estandarizar normas de calidad es una pretensión loable y también uno de los postulados fundacionales de UCRA. Si se realiza en el marco de una reconocida institución especializada como lo es el IRAM, se deberían tomar todas las precauciones y adoptar los mecanismos transparentes para que sean cumplidos los reglamentos y las operatorias que permitan hacer efectivo la representación genuina de los consorcistas. Toda negación o falta de la justa y ecuánime representación redunda en un envilecimiento de los objetivos perseguidos.

La responsabilidad del legislador

La discusión en sí, en un régimen democrático, no se puede ni debe limitar. Que discutan quienes quieran, lo que quieran. Otro tema es el de la validez del resultado de esas discusiones.

Las condiciones de validez que impone IRAM para las normas que se redactan en su recinto y para sus integrantes, corren por su exclusiva cuenta y credibilidad.

Otro tema diferente es si esa "validez" la quieren hacer extensiva a todos aquellos que no han participado en la formación de la norma. Este sistema, de extracción indudablemente fascista (aunque no se tenga plena conciencia de ello), es por elementales razones, inaceptable.

Por supuesto que siempre queda a sus redactores el atajo de acudir a algún legislador y proponer una ley que convalide el procedimiento. En este caso, será responsabilidad del legislador, antes de tratar de imponerlas a toda la sociedad, verificar la participación que han tenido en su formación los distintos sectores, así como el contralor de su juridicidad.

Aquí se mezclan dos conceptos diferentes: el derecho a legislar y la obligación de redactar las leyes correctamente.

Los únicos que tienen derecho a "legislar" son aquellos ciudadanos, sean quienes fueren, tanto ilustrados como iletrados a los cuales la sociedad los inviste de la responsabilidad de representarlos para ese especialísimo cometido de legislar. En eso se basa el sistema republicano, en la representación legítima, que se extiende a todos los órdenes y no sólo al del gobierno, por cuanto constituye además una norma básica de moralidad.

En cuanto a la redacción de las leyes, constituye una tarea que exige, naturalmente ciertos conocimientos técnicos. En el caso de normas de edificación, por ejemplo, se exige el concurso de arquitectos o ingenieros, así como el tratamiento de aquellas que atañen a la Propiedad Horizontal exige la intervención de abogados.

En este último caso, por afectar derechos y obligaciones, quienes legislan deben conocer las leyes generales a fin de evitar contradicciones normativas, errores garrafales, o verdaderos dislates.

En cuanto a la responsabilidad jurídica, es decir, ante la ley, ninguna, pues IRAM es una institución privada. A lo sumo, puede perder credibilidad ante el público. Esto se lo dije yo mismo hace un tiempo y personalmente a los máximos directivos de IRAM. Pero creo que no me han entendido, pues quien dirige ese Subcomité, de incumbencia evidentemente legal, es una licenciada en Química. También a ella, persona sumamente agradable, le pregunté si estaría de acuerdo en que las normas aplicables al ejercicio de la Química fueran redactadas por quienes carecen de formación en dicha ciencia.

No obtuve respuesta ninguna.

En cambio, sí le cabría una enorme responsabilidad al legislador que propusiera hacer obligatorias para toda la comunidad normas que, afectando derechos y obligaciones de los ciudadanos fueron engendradas sin contralor ni asistencia legal.