Nota de Tapa

Registro Público de Administradores

El Arq. Miguel Fortuna, Director General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, postergó hasta el primer cuatrimestre del 2006 la obligación de los administradores de consorcios de presentar sus declaraciones juradas En estos días se estaría intimando a 1200 administradores que el año pasado no cumplieron con esta obligación correspondiente al 2003.

[BPN-26/7/05] Ante una pregunta sobre el funcionamiento del Registro Público de Administradores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RPA) de la Sra. Marisa, lectora del Boletín de Pequeñas Noticias, este medio conversó largamente con su nuevo Coordinador Administrativo, el Sr. Aníbal Daniel Díaz. Él confirmó que las Declaraciones Juradas (DDJJ) correspondientes a los años 2004 y 2005 se presentarían en abril de 2006. Esta decisión se la comunicó el Arq. Miguel Fortuna a los dirigentes de las principales entidades que nuclean a administradores en una reunión que se habría realizado en la sede de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los primeros días de junio de este año.

PN: ¿Cómo van a hacer el año que viene cuando tengan que revisar dos años seguidos?

Sr. Aníbal Daniel Díaz: Para poder procesar dos años vamos a idear un sistema que me permita que a más tardar en 7 ó 10 días el administrador se vaya con su certificado. Eso está en plena elaboración. Lo que hicimos nosotros fue juntarnos con las cámaras e informarles que teníamos esta idea [NR: La de prorrogar la presentación de las DDJJ del 2004] y no hubo reparos (...) Todavía no nos hemos puesto a trabajar en la organización de este sistema para el año que viene. Yo todavía estoy resolviendo la falta de presentaciones de declaraciones juradas del año pasado que son estas imputaciones que nosotros comenzaremos a enviar a los administradores.

Según el Sr. Díaz, cuando asumió su cargo en mayo propuso una serie de modificaciones que estimó necesarias para un mejor funcionamiento del registro. Se decidió postergar para el primer cuatrimestre del 2006 las declaraciones juradas correspondientes al 2004 y al 2005 para tratar de "cerrar un bache" de tiempo que quedaba entre el año presentado y el año de la autorización que lo habilitaría para trabajar.

En este sentido, Díaz destacó: "yo no puedo otorgar una matrícula para el 2006 trabajando sobre la base de una declaración jurada del 2004. Me queda un bache. Si yo este año repetía los plazos de presentación tenía que pedir la declaración jurada del 2004 sin poder pedir la del 2005 por no haberse cerrado todavía el ejercicio".

Es así que el nuevo coordinador administrativo del RPA propuso que se presenten las DDJJ del 2004 y 2005 dentro del primer cuatrimestre del 2006.

Según el entrevistado, el objeto central del encuentro que sostuvo el Arq. Fortuna con las entidades convocadas a principios de junio fue sobre esa reestructuración del RPA y presentarles a sus nuevos coordinadores: la Dra. Susana Wischer en el área Jurídica y al mismo Sr. Díaz en el área administrativa. Ese día estuvieron también presentes el Dr. Daniel Elizondo por la Asociación AIPH (Administradores Independientes de Propiedad Horizontal), el Dr. Juan Acosta y Lara de la Asociación Inmobiliaria Edificios de Renta y Horizontal (AIERH), el Adm. Néstor Pirosanto, presidente de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI); el Adm. Ricardo Cáttedra por el Colegio Profesional de Administradores de Propiedad Horizontal de la República Argentina (COPAPHRA); la Adm. María Teresa Vanzini por la Mesa de Enlace de la Comunidad Consorcial (MECC) y el Adm. Jorge Hernández presidente de Fundación Reunión de Administradores (FRA).

La Leg. Susana Etchegoyen (Bloque 19 y 20), presidenta de la Comisión Defensa de Consumidores y Usuarios en la Legislatura Porteña, expresó, en relación al Registro de Administradores de la Ciudad de Buenos Aires, que nadie sabe muy bien para qué sirve. Según explicó la Dirección de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -con la que aclaró que tiene una muy buena relación- ha hecho un esfuerzo por tratar de controlar la problemática de los malos administradores. "El problema es que las facultades que tiene son muy limitadas porque cuando uno quiere accionar sobre conductas delictivas de un registrado le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros para legislar: no tenemos competencia", subrayó y agregó: "a mí me parece que un proyecto de ley de administración tiene que estar pensado por los consorcistas y no por los administradores".

Habría 1200 infracciones

El nuevo coordinador advirtió también que en un futuro inmediato va a enviar una serie de notificaciones a unos 1200 administradores que el año pasado no presentaron su declaración jurada. Éstos, a continuación, van a tener que la posibilidad de hacer su descargo y a partir de éste el RPA evaluará, de estar infringiendo la Ley 941, su posible sanción .

En este orden de cosas aclaró que ya comenzó una campaña de difusión en los medios nacionales, con mesas en las calles y envío de e-mails a los administradores. "Hace tres meses hubo cambios en el registro y estamos con la idea de modificar un poco la imagen que se tiene de él en la calle, muchos cuestionan para qué está -algunos por falta de información- y qué poder de control pudo haber tenido el registro hasta este momento. Estamos trabajando sobre esto", aclaró.

Alineado con este espíritu también se está estudiando la descentralización de la inscripción de los administradores de consorcios en los Centros de Gestión y Participación que corresponden a los diferentes barrios.

Asesoramiento

Todos a la cámara

Pequeñas Noticias quiso saber cómo se maneja desde la Cámara de Propiedad Horizontal el tema de los asesoramientos que exceden las atribuciones conferidas a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor y que son derivadas por esta.

Así fue que un propietario, por cuenta de la redacción de este medio, realizó a esta entidad un pedido de asesoramiento aclarando que había sido derivado por Defensa y Protección al Consumidor sobre una supuesta irregularidad que habría cometido un administrador para con su consorcio. El empleado que lo atendió informó que esta consulta debía ser evacuada por un letrado, que había en los turnos una demora de dos días y que su costo era de 40 pesos.

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Todos a la cámara

Ante la pregunta de este medio sobre la orientación que reciben los consorcistas cuyos problemas no están contemplados por la Ley 941 el Sr. Díaz aclaró, en un primer momento, que son derivados para su asesoramiento a la CAPHyAI aunque ante la repregunta expresó que también lo hacen a Fundación Liga del Consorcista de Propiedad Horizontal (LCPH), a la Unión de Consorcistas de la República Argentina (UCRA) y a la Comisión Argentina de Consorcios, Copropietarios y Consorcistas (CACCyC). Consultado el Dr. Osvaldo Loisi de la LCPH aseguró desconocer este hecho, el Dr. Samuel Knopoff de CACCyC lo negó terminantemente mientras que el Dr. Resqui Pizarro, vicepresidente de UCRA, señaló que están recibiendo propietarios con consultas que exceden las atribuciones del registro y que generalmente se evacuan en las reuniones públicas que la entidad realiza, sin costo alguno para el consultante.

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