Dr. Samuel Knopoff: Tal como está no le brinda ninguna solución al consorcista pues es complicado hacer las denuncias, tarda mucho tiempo en decidir, no se conocen en forma pública los administradores sancionado. Solo cumple fines mediáticos. Requiere una reforma seria y urgente.

Adm. Jorge Hernández: Para nada bueno, solo ha contribuido a prostituir el mercado de propiedad horizontal y a quebrar la paz social en la comunidad consorcial.

Dr. Osvaldo Loisi: Creo que así como ha quedado redactado el texto de la ley, francamente no veo grandes beneficios para los propietarios. Sin embargo, el solo hecho de haberse establecido para los administradores un Registro obligatorio a cargo del Estado, otorga al sistema de la Propiedad Horizontal cierta formalidad que antes no tenía. Al fin y al cabo, todo aquel que maneja fondos ajenos, debe estar supervisado en alguna medida por el Poder Público.

Sra. Alicia Giménez: Tal como está implementado el Registro, no es de ninguna utilidad para los consorcistas. La cantidad de denuncias sobre los distintos problemas que sufren los mismos con relación a sus administraciones registradas a la fecha y el "colapso del sistema", debió haber alertado a las autoridades sobre la insuficiencia de la ley y la imperiosa necesidad de una reforma. El RPA tampoco está en condiciones de dar respuesta a las consultas sobre los antecedentes de los administradores registrados.

Dr. Ricardo Geler: Repetimos, si no se cumplen las obligaciones impuestas se desdibuja su eficacia.

Lic. Evangelina Perri: Sirve en forma limitada, el consorcista puede denunciar al administrador por hechos puntuales (Ley 941: Art. 10 y cláusula transitoria Nº 2) y porque se lo permite la ley pero está condicionado. Al no admitir la reserva de identidad del denunciante éstas quedan limitadas por el rol que juega el administrador en el consorcio. Resulta difícil, según la infracción cometida, presentar todas las pruebas que son necesarias para demostrarla al no contar el registro con un cuerpo de Inspectores que pueda corroborar lo dicho por el consorcista. Demanda mucho tiempo seguir el trámite y si el interesado no se preocupa puede ser que el mismo se paralice.

El procedimiento administrativo que se sigue es complejo: en caso que el interesado (Administrador) no quiera recibir la cédula de notificación de la infracción cometida, puede hacerlo, porque el domicilio al que se envía dicha cedula, (domicilio real de la administración) se lo considera como domicilio denunciado. En ese caso la cédula retorna al Registro, se debe confeccionar una nueva y remitirla por otros medios. Es dificultoso conseguir que la denuncia llegue a feliz término.

Adm. Jorge Hernández: Le aplicaría el artículo 6º.

Sra. Alicia Giménez: Como expresé, la Ley 941 debe ser ampliamente modificada y además, se debe adecuar al Ente de aplicación para que la misma pueda ser de efectivo cumplimiento, con personal suficiente y altamente idóneo.

Lo ocurrido con la actuación de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor hasta la fecha, es un triste ejemplo del desinterés por parte de las autoridades para solucionar los acuciantes problemas de los habitantes de unidades funcionales de edificios afectados a la Ley 13512.

UCRA ha presentado un proyecto de modificación de la Ley 941 ante la Comisión de Defensa del Consumidor de la Legislatura porteña, que contempla una amplia reestructuración de la misma.

Dr. Ricardo Geler: Primero debe cumplirse con lo normado. Si ni esto se consigue, de qué sirve introducir modificaciones.

Lic. Evangelina Perri: Aconsejaría una auditoría de gestión para mejorar el funcionamiento interno del Registro. Contratar o nombrar o formar personal especializado en la temática. Tener la cantidad de personal necesaria. Contar con un cuerpo de Inspectores, que se reemplace la Ley 757 de Procedimiento Administrativo para la defensa de los derechos de consumidor y del usuario, por otra Ley de procedimiento administrativo acorde con la Ley 941, agregar a la página Web en legislación vigente la Ley 941, tener en la página Web del Registro la lista de todos los Administradores con el nombre de los consorcios que administran, publicar en la página Web la lista de los administradores sancionados con los motivos de las sanciones y poner a disposición de los consorcistas la declaración jurada de su consorcio presentada por su Administrador.

Toda la documentación del consorcio debe estar a disposición de los consorcistas del mismo y brindar mayor asesoramiento telefónico y personal a los consorcistas con respecto a la Ley, infracciones, incluyendo información sobre las Empresas o Personas que están registradas o matriculadas. (según datos que obran en el Portal de la Ciudad).

Por otra parte propongo modificar la misma Ley 941 incluyendo todas las obligaciones que genera la tarea del administrador de acuerdo a la Ley 13.512, el Código Civil en lo concerniente al mandato, la Ley 24.240 en caso de infracciones inherentes a la misma y el Código Penal en caso de comisión de delitos. Que incluya aceptar denuncias de los consorcistas cuando el Administrador no cumple con su Reglamento de Copropiedad.