El incendio

[BPN-10/04/07] La nueva Federación de Asociaciones de Consorcios (FEDECO), la Asociación de Consorcistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ACCABA), la Asociación Propietarios de Bienes Raíces (APBR), la Asociación Propietarios de Inmuebles (API), la Comisión Argentina Consorcios, Copropietarios y Consorcistas (CACCyC), la Liga del Consorcista de Propiedad Horizontal (LCPH), la Red de Consorcistas Damnificados (RCD) y Reafirmación de los Derechos del Consorcistas - Unión de Consorcista de la República Argentina Línea Fundadora (ReDeCo UCRA LF) firmaron una carta conjunta para solicitarle al ministro de Trabajo, Dr. Carlos Tomada, la suspensión de las actuales negociaciones colectivas de trabajo del personal de encargados de edificios renta y horizontal.

El viernes 30 de marzo, ocho asociaciones de propietarios se reunieron en el salón Jaureche de la Legislatura porteña, en lo que denominaron Mesa de Trabajo y de Consenso, con el objetivo de buscar puntos de acuerdo y expresar en forma unánime la postura del sector. Después de casi dos horas de debate y en las que cada una de las entidades manifestó su posición, consensuaron en exigirle al ministerio que se abstenga de "homologar todo posible acuerdo concertado entre ese gremio de trabajadores y las entidades que agrupan a los administradores, reconocidas por ese ministerio, aún cuando carecen del mandato expreso de los consorcios".

Si bien el Dr. Eduardo Awad manifestó su voluntad de participar -aunque no pudo hacerse presente por cuestiones de agenda- la Federación Argentina de Consorcistas (FAC) declinó la invitación.

Durante la reunión se pudieron conocer tres posiciones ideológicamente bien marcadas pero en todo momento los presentes se concentraron sobre los puntos en los que hubo acuerdo y aquellas ideas en las que coincidían.

En un extremo del arco, la Dra. Loisi consideró que habría que modificar el sistema y la manera en que se otorgan aumentos a los encargados. Recordemos que el presidente de la LCPH, Dr. Osvaldo Loisi, en muchas oportunidades sostuvo que el salario de los encargados no debería ser actualizado vía Convenios Colectivos de Trabajo sino que debería ser regulado por el Poder Ejecutivo, tal cual se viene haciendo con otros gremios, como por ejemplo, el de las empleadas domésticas.

En el otro extremo, el coordinador de ReDeCo apoyó la existencia de los CCT aunque, para él, la representación del sector patronal debería ser el resultado de una masiva convocatoria en "una elección abierta, amplia y democrática de todas las asociaciones para que se decida quiénes –de los propietarios- van a ser los representantes en las negociaciones con el gremio de los encargados".

El resto de las entidades, en una postura conciliadora, trabajaron para acercar ambos extremos y lograr un documento consensuado. El presidente de CACCyC resumió el resultado del debate expresando: "por el momento, vamos a caminar con las instituciones constituidas. Queremos ir a una negociación colectiva llevando la voz de los sin voz".

En esa carta, pidieron que la abstención se extienda hasta tanto se determine oficialmente "un sistema de corrección salarial, que evite la permanente zozobra sufrida por millones de consorcistas en todo el país, que no gozan de idénticos beneficios de incrementos salariales anuales (muchísimos de ellos jubilados y pensionados) y que, sin embargo, se ven obligados a sufragar con sus expensas aquellos aumentos que, para colmo, se originan en negociaciones llevadas a cabo a puertas cerradas".

Al mismo tiempo, explicaron que su posición no es de confrontación, sino de apoyo a las medidas que procuran "una mayor equidad y una mejor distribución de la riqueza, porque la gran mayoría de los consorcistas, también somos trabajadores, activos o pasivos, aunque no estamos agrupados gremialmente por la naturaleza jurídica propia de los consorcios".

Según estas asociaciones, el pedido que formulan no es arbitrario y expresaron sus ideas en cinco puntos. En principio, resaltaron que los consorcios de propiedad horizontal no son empresas, sociedades comerciales, ni grupo alguno de personas en procura de un fin lucrativo.

Por ende, consideraron que no existe en esos consorcios "productividad rentable alguna, base de toda negociación colectiva, la que sirvió en su origen para armonizar el capital y el trabajo, logrando así la paz social, hoy en peligro en nuestro caso, al afectarse derechos constitucionales de protección a la familia y a la propiedad de varios millones de personas".

Asimismo, en esa carta manifestaron que por la Ley de Propiedad Horizontal, el consorcista no puede liberarse del pago de expensas abandonando su propiedad como en cualquier condominio, ni le es posible hacerlo al consorcio declarándose insolvente como cualquier empresa, provocando así la disolución de la persona jurídica: "la propiedad horizontal está sometida a una indivisión forzosa que impide su desaparición".

Teniendo en cuenta los puntos anteriormente mencionados, argumentaron que se encuentran "ante una paritaria muy especial y alejada del espíritu de la creación de estas negociaciones colectivas, en defensa de los trabajadores frente al poder económico concentrado de los dueños de los edificios de renta. Hoy, los copropietarios somos el eslabón más débil del sistema y queremos que se reconozcan nuestros legítimos derechos".