Esta vez llegó para quedarse

[BPN-05/06/07] El 17 de mayo de 2007, en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se aprobó la Ley 2340 que creó el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios con el voto unánime de los 31 legisladores presentes.

La creación de este colegio había sido vetada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, a fines del 2006 y esta nueva ley fue el resultado del trabajo consensuado de una porción de la Legislatura con el ejecutivo porteño.

A través de la firma del decreto Nº 2.334, -haciendo uso de las facultades previstas en el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad- el Poder Ejecutivo dio marcha atrás al proyecto de ley sancionado el 23 de noviembre de 2006.

Entre sus considerandos, Telerman argumentó que la norma legal sancionada "no garantiza una libre y eficaz concurrencia en la actividad del corretaje inmobiliario que redunde en un beneficio para los consumidores". Ante esta medida, algunos legisladores decidieron aceptar el veto y se pusieron a trabajar en forma conjunta con el poder Ejecutivo local para poder votar nuevamente la creación de un colegio con algunas modificaciones al proyecto de ley original.

En una entrevista exclusiva concedida a Pequeñas Noticias, el legislador por el partido Juntos por Buenos Aires, Dr. Jorge Enríquez, -autor de la ley- consideró que a su juicio, "el Ejecutivo vetó la ley equivocadamente. Nosotros aceptamos el veto e hicimos una ley correctiva [...] quisimos buscar una norma de consenso".

"Creo que la ley que se aprobó es adecuada. Siempre hemos tenido en cuenta la defensa del consumidor y no de una corporación", destacó. Según él, el poder Ejecutivo finalmente "va aceptar esta ley porque las modificaciones que se hicieron las hemos trabajado en conjunto".

El Dr. Enríquez señaló que hay una resistencia a este tipo de normas: "yo no creo en el pensamiento de izquierda y de derecha sino en el pensamiento de republicanos y totalitarios. Para ir a la clasificación común, vulgar, los diputados de izquierda no la querían porque decían que sería en defensa de una corporación y por el otro lado, la gente de derecha liberal decía que esa actividad no tenía que estar regulada".

Al mismo tiempo, explicó que esta vocación de que la ley no saliera también se debía en este caso en particular a una puja que existe entre martilleros y corredores inmobiliarios: "esto ya fue superado porque evidentemente son dos campos distintos".

El Leg. Enríquez subrayó que lo que él se propuso con esta ley fue que los consumidores se sientan tranquilos cuando van a hacer una operación de corretaje inmobiliario: "que esté garantizada su operación [...] que sepan que la persona que los está atendiendo y asesorando tiene los conocimientos tanto moral como técnicos para que no se incurra en ningún tipo de acto que pueda generarles un perjuicio".

Por otra parte, advirtió que este colegio va a abarcar a unos 5 mil agentes inmobiliarios y que es necesario que ellos mismos sean los que regulen el control de la matrícula y el ejercicio de poder disciplinario y de policía: "no es que ellos van a actuar por mandato divino sino por mandato de sus pares, se organizarán democráticamente y con representación de las minorías tanto en el consejo directivo, en el tribunal de disciplina como en la asamblea de delegados".

El Dr. Enríquez resaltó que vela por el interés general y no quiere conculcar el interés particular: "hay 5 mil inmobiliarios en la ciudad y un porcentaje de ellos quizás son personas que no están en condiciones de ejercer el corretaje por falta de idoneidad, ética o porque han sido sujetos de una acción penal".