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[BPN-08/10/08] El jefe de inspectores de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Eduardo Ramos, adelantó que en poco tiempo inspectores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzarán a realizar inspecciones en edificios de propiedad horizontal para evaluar el cumplimiento de la Ley 941 que creó un Registro Público de Administradores (RPA). "En el corto plazo, se realizarán inspecciones en los edificios. En principio, no va a ser una actividad punitiva. La Dirección no sale en busca de penar a nadie, el objetivo es que el registro tenga una actividad real y que produzca tranquilidad tanto en el vecino como en el administrador", subrayó.

Así lo manifestó el 22 de septiembre en el marco del primer seminario que organizó la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) y en el que disertó junto al coordinador administrativo del RPA, Dr. Oscar Michelotti, sobre la Ley 941: "Alcances y obligaciones ineludibles - Registro de administradores y declaración jurada anual".

Por su parte, el coordinador del RPA aclaró por qué las inspecciones todavía no empezaron: la Procuración de la ciudad "ya emitió un dictamen pero ahora está por hacer otro para que tengamos la facultad de aplicar la ordenanza 40.463 que es la que regula el control de los matafuegos y de la Ley 941".

Durante el encuentro, Ramos explicó que los inspectores se presentarán en los consorcios con una credencial y solicitarán el ingreso al edificio para verificar si en los espacios comunes se está cumpliendo con la Ley 941.

"Una vez que el inspector realice la evaluación, elaborará un informe que se elevará al superior inmediato y éste se comunicará con el área de administración de consorcio (RPA) que es la que tiene la competencia real para hacer el control de los edificios", resaltó.

En caso de incumplimiento, sostuvo que las autoridades del registro serán las encargadas de decidir cuál es el plazo que se les da para ponerse al día o si reviste característica para aplicarles una sanción o un apercibimiento.

Actualmente, Defensa del Consumidor cuenta con un cuerpo de 63 inspectores que tienen como función controlar, en principio, tres leyes nacionales como son la Ley 24.240 (de Defensa del Consumidor), la Ley 22.802 (de Lealtad Comercial) y la Ley 19.511 (de metodología legal). En este sentido, advirtieron que para los controles en los consorcios (Ley 941) se crearía un cuerpo de inspectores especializado.

Ramos consideró que uno de los inconvenientes es que los consorcistas no están acostumbrados a recibir inspectores en los edificios. "Vamos a tener que apelar primero a la buena voluntad de ustedes (haciendo referencia a los administradores) y después a un mecanismo que nos permita sentar presencia en los consorcios", señaló.

Explicó que antes de realizar la inspección, los inspectores dejarán una cédula con una notificación para tratar de fijar fecha y hora en la que se hará el control. "Lo cierto es que no tiene por qué ser una inspección sorpresiva como en un comercio. El fijar fecha y hora no implica que se pueda eludir la norma", destacó.

Por otra parte, aclaró que el Gobierno de la Ciudad trata de "garantizarle al vecino que tenga los servicios en condiciones. Además, le está garantizando al administrador -que en el caso de un siniestro- tenga respaldo jurídico para poder delimitar sus responsabilidades".