¿Qué es lo que has hecho?

El legislador explicó, en diálogo con Pequeñas Noticias, que la presentación de los dos proyectos surgió como consecuencia de "dos reuniones que tuvimos con administradores" y personas relacionadas con la propiedad horizontal en el marco del Observatorio de la Ley 941.

De acuerdo a Abrevaya, las sucesivas disposiciones emanadas desde Defensa al Consumidor representan una doble o triple exigencia y que lo que se intentaría desde ese organismo es que el consorcio "se quede a cargo de todo y el Estado no". Al respecto, declaró que "el Estado tiende a creer que si pone libros rubricados, profesionales y escribanos que dicen que la firma es cierta, se exime [de responsabilidades] pero no hay manera de que lo haga".

Las disposiciones que Abrevaya piden que sean derogadas generan, según sus dichos, "una cantidad innecesaria de costos […] que no pagan los administradores sino el consorcio". Y agregó que el objetivo es "decirle a Defensa al Consumidor que unifique lo que pide".

Según declaró, no es correcto afirmar que las disposiciones surgieron de la nueva Ley 941 ya que "lo que hizo la ley fue ponerle una sanción al no cumplimiento de normas de las cuales tiene obligación el consorcio y el único que las puede cumplir es su representante legal".

Ante la hipótesis de que -de acuerdo a diversos trascendidos- se intentaría instalar la idea de que el Registro Público de Administradores no es viable o no funciona con el objetivo de que se llegue a la conclusión de que los administradores deben colegiarse, Abrevaya aseguró que "es la sospecha que tengo, pero no cuento con pruebas".

Agregó además que "lo que llama la atención y le ha pasado a muchos consorcistas, es que durante mucho tiempo mandamos gente que nos escribía o nos llamaba para que presentaran denuncias ante el RPA que depende del Dr. Juan Manuel Gallo (director de Defensa al Consumidor) pero les decían que las tratarían en seis meses".

Este medio también le preguntó por qué presentó los proyectos ahora y no antes y el legislador declaró que "tuve mucho tiempo cierta flexibilidad con ellos [por Gallo y Saldivia] tratando de que encaminen bien la ley".

Mediante un correo electrónico dirigido a los consorcistas, el legislador dio a conocer los proyectos presentados. "Con estas medidas, el Gobierno de Macri pretende tercerizar el control de leyes transfiriendo el costo hacia los consorcios de propiedad horizontal", declaró Abrevaya en la misiva en referencia a las disposiciones número 411 de "Certificación de Edificio Seguro", número 3.882 de "Libro de Control Sanitario y Agua Potable" y a las disposiciones Nº 6.013 y 1.423 sobre "Seguro de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva".

De acuerdo al legislador, las normas arriba mencionadas "cargan con excesivos costos a los consorcios de propiedad horizontal de la ciudad" y agregó que "estas medidas deben reverse".

Por otra parte, explicó que el objetivo del segundo proyecto presentado es "pedir respuestas al Gobierno de la ciudad respecto al deplorable funcionamiento del Registro Público de Administradores, siendo el mismo la autoridad de aplicación de la Ley de Administradores de Consorcios".