Nueva denuncia penal contra Gallo

[BPN-26/06/13] El Dr. Juan Manuel Gallo, director general de Defensa y Protección del Consumidor, y el ex comisario Carlos Francisco Sidrás, responsable del Área Fuego, fueron denunciados penalmente por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La querella fue presentada el pasado 12 de junio por el Dr. Enrique Piragini, titular de la ONG "ARIEL somos todos".

Según surge de la denuncia, el Dr. Piragini consideró que Sidrás, quien fue designado por el Dr. Gallo al frente del Área Fuego, "decide, sin un marco legal existente y por la fuerza, quiénes trabajan y quiénes no como revendedores de matafuegos de esta Ciudad de Buenos Aires, amenazando y extorsionando a las empresas proveedoras registradas, exigiendo que no los atiendan ni les provean los materiales por cuya intermediación obtienen una ganancia lícita, debidamente facturada y contabilizada".

La denuncia –bajo número de expediente 5.544/13- fue presentada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, más comúnmente conocida como Comodoro Py, y cayó en el Juzgado Nro. 9 a cargo del Dr. Luis Osvaldo Rodríguez.

El titular de la ONG consideró que "el arbitrario y abusivo manejo del poder por parte de los denunciados, al amparo de disposiciones legales aplicadas antojadiza y amañadamente, genera inseguridad y vulnera los derechos de muchísimos trabajadores y familias que vienen desarrollando su tarea de largo tiempo a la fecha, corriendo serio riesgo de quedar desamparados y sin ingresos".

Entre sus fundamentos Piragini puntualizó que "mediante una interpretación antojadiza, parcial y arbitraria de fragmentos de diversos dispositivos legales (entre otros el Art. 5º de la Ley de Defensa del Consumidor, la derogada Ordenanza Nº 40.473 y el Art. 3º de la Ley GCBA 2.231) se obliga a empresas recargadoras de matafuegos a facturar las recargas directamente a los clientes de los revendedores lo cual conculca derechos adquiridos y perjudica el derecho a trabajar y ejercer industria lícita garantizados por la Constitución Nacional y en la Carta Magna local, lo cual implica un atropello inadmisible por parte de funcionarios públicos que por vías de hecho aniquilan una actividad diariamente reconocida por el público consumidor, destinada a generar innegables beneficios tanto para administradores como para consorcios, permitiendo que distintas empresas de recarga de matafuegos –debidamente inscriptas- vean crecer sus ventas".

En este mismo orden de cosas, el denunciante reveló que "al ratificar esta presentación acompañaré documentación relacionada con los hechos motivo de denuncia, especialmente circulares enviadas a las empresas registradas desde el Área Fuego [...] difundiendo órdenes intimidatorias basadas en la manipulación de algunos artículos de leyes vigentes interpretadas a su gusto y conveniencia".

El Dr. Piragini se refirió en la denuncia a los reclamos que efectuó la Cámara de Distribuidores y Revendedores de Matafuegos y Afines de la República Argentina (CaDiReMaRA) ante las autoridades de la Ciudad, pero que sin embargo "continúa la discriminación y desvío de poder de los aquí denunciados, con exigencias indebidas e ilegítimas".

En una entrevista concedida a Pequeñas Noticias, el titular de "ARIEL somos todos" reflexionó que "lo que pasa es que si cualquier reclamo va a parar a Defensa y Protección del Consumidor es automáticamente neutralizado por su director, por lo cual, en sede administrativa, naufragan".

Durante la entrevista con este medio, el Dr. Piragini explicó sus motivos: "yo represento a una organización no gubernamental y trabajamos reclamando seguridad. Eso implica exigir funcionarios idóneos y que las leyes que son las reglas de juego para la convivencia de la sociedad sean respetadas. Pero cuando hay funcionarios que utilizan ese lugar no como una carga pública que significa responsabilidad y tener atribuciones para el beneficio de la comunidad, es cuando nos encontramos con esta clase de sujetos como Gallo, y quien fuera designado por él, el ex comisario inspector Sidrás".

Por último, agregó: "lo que se trata es que alguien, un funcionario o un juez, investigue lo que está pasando porque acá hay un claro abuso de autoridad. Lo que se llama en derecho administrativo desvío de poder, porque el funcionario que tiene el poder tiene la atribución de aplicar sanciones y exigir el cumplimiento de la ley, pero también tiene que hacerlo con la prudencia, idoneidad, capacidad y sentido común".

El Dr. Piragini nació en 1950 en el barrio de Caballito y estudió abogacía en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En el año 2003, su hijastro, Ariel Sciulli, fue agredido a la salida de un boliche de la zona de Palermo. A partir de ese hecho fundó la ONG "ARIEL somos todos" (Argentina Recupera Idoneidad en Libertad, entidad inscripta en CENOC bajo el Nº 10.841, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) que trabaja reclamando seguridad.