Los fantásticos 27

[BPN-21/07/16] Veintisiete legisladores que votaron la sanción de la Ley Muñoz ahora la derogaron. El pasado jueves 7 de julio, 55 legisladores porteños votaron la derogación de la Ley 5.464 que creó un Consejo de la Propiedad Horizontal en esta ciudad. De ese total, 27 de ellos habían votado su sanción hace un poco más de siete meses: el 3 de diciembre del año pasado.

De esos 27, quince pertenecen al PRO, tres al Frente para la Victoria y dos a la Coalición Cívica. También votaron por la sanción y luego por la derogación: Graciela Ocaña de Confianza Pública, Javier Alberto Gentilini del Frente Renovador, José Cruz Campagnoli  de Nuevo Encuentro, Patricio del Corro del Partido de los Trabajadores Socialistas, Claudio Palmeyro de la Sindical Peronista, Adrián Camps del Partido Socialista Auténtico y Hernán Abel Rossi de SUMA.

De este grupo, sólo cinco participaron activamente del debate que se produjo en el recinto legislativo a la hora de derogar la ley. Pequeñas Noticias acerca a sus lectores lo más destacado de sus argumentos.

El legislador del Frente Renovador comenzó ofreciendo una tibia autocrítica luego de adelantar que votaría por la derogación: "quizás se votó sin la debida atención en la sesión de fin del año pasado", expresó.

A continuación, intentó aclarar que el valor de la "matrícula" anual que le hubiera cobrado el Consejo de la Propiedad Horizontal a los administradores no se hubiera trasladado a las expensas: "a partir de la difusión no competente -diría yo- de esta normativa, comenzó a editorializarse que ella iba a ser la causa del incremento mayúsculo de las expensas, más allá de cómo se vienen incrementando en los últimos años. ¿Por qué razón?, porque se supone que la cuota de asociación a este registro, a este consejo -que para mí viene a ser una continuidad sustancial del registro creado por la Ley 941-, se iba a trasladar directamente al consorcista. Y esto es probable, porque algunos administradores se las iban a ingeniar para trasladar a los consorcistas el costo de su asociación al consejo cuando no se debería, porque la norma no lo obliga. La norma no obligaba al consorcio a pagar la cuota de asociación. La norma obligaba al administrador a pagarlo para que él fuera parte del consejo o estuviese debidamente inscripto. ¡Cuidado con esto!".

Señaló que el incremento de expensas es una consecuencia de los incrementos en el salario de los encargados: "creo que el mayor impacto que registran hoy las expensas o el incremento en los últimos años obviamente tiene que ver con el costo del salario y los aportes del personal encargado de los edificios. Todos sabemos que el rango de incidencia de ese costo dentro de los rubros del consorcio es muy importante, ya que dependiendo del edificio, de sus características y su categoría, va del 15 al 50 por ciento".

Sugirió también que tanto la Ley 941 (Registro Público de Administradores porteño) como la 5.464 surgen como intentos incompletos de un colegio de administradores: "Como no hay colegiatura que regule esta actividad, se intentan generar organismos que, de alguna manera, lo hagan, pero la regulación siempre se queda corta. El Registro Público de Administradores, creado por la Ley 941, operaba solamente como mero registro y no era autoridad de aplicación en la materia para resolver conflictos derivados de los consorcios que no se podían resolver internamente".

Como dato curioso, Gentilini propuso reformar la derogada Ley 13.512 para que revea la mayoría especial que se necesita para remover a un administrador: "Hace falta una autoridad de aplicación en la materia. Para que tengamos una autoridad de aplicación hace falta modificar la Ley Nacional 13.512. En ese sentido, llamo a todos los bloques de esta Legislatura que tengan diputados en el Congreso Nacional a que traten de convencer a sus diputados para que procedan rápidamente a la modificación de la Ley 13.512, para que le dé mayor poder a los consorcistas y los deje de sujetar a mayorías especiales que hoy son la mayor trinchera de administradores aviesos y retorcidos que usan eso justamente para eternizarse en el cargo".

Es de recordar que desde el 1º de agosto de 2015, la Ley 13.512 fue subsumida y modificada por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

Ante la insinuación de Gustavo Vera (Bien Común) de que al votar la Ley Muñoz se habría cometido un "delito doloso" porque "esta ley implica más expensas, más burocracia y ninguna garantía de efectividad", García reaccionó y expresó: "no sé si quedarme con lo que dijo en primera instancia respecto de la actitud cuasi dolosa de los cincuenta y pico de diputados que votamos esa ley, aun cuando todos los bloques han aclarado cuál fue su posición al momento de votarla en primera instancia y dieron argumentos sobrados del cambio de ese voto".

Es de subrayar que en la última sesión legislativa de 2015 la ley se había votado sobre tablas y no hubo debate. En ese momento, sólo Arce y Vera expresaron su abstención.

Ocaña propuso que en la Ciudad se debe trabajar para lograr en las discusiones paritarias "una verdadera representación" de los consorcistas y resumió los problemas de los consorcios en dos puntos: "una dirigencia sindical/empresaria, y por otra parte, los agujeros legales".

En este sentido agregó: "creo que falta una representación real de los consorcistas en las discusiones de los convenios colectivos porque a veces no sabemos quiénes están representándonos en ellas. Hay que trabajar desde la Ciudad para lograr esa verdadera representación. No deben ser representaciones amañadas que, en definitiva, siempre terminan representando al mismo sector: el sindical empresarial".

Entre otros temas, Fuks desmintió que existiera un acuerdo entre el PRO y el Frente para la Victoria para votar la ley que creó la Agencia de Bienes y la del Consejo de la Propiedad Horizontal^[1]. "El tercer punto sobre el que quiero llamar la atención es la idea ominosa y espuria que se quiere arrojar sobre pactos que no existen sobre este tema. Yo voté a conciencia", subrayó el legislador del Frente para la Victoria.

Finalmente acusó a "consorcistas" de utilizar mecanismos extorsivos y –aunque no lo dijo expresamente- es de suponer que se refirió a aquellos que lucharon por derogar la Ley Muñoz, algunos de los cuales se encontraban presentes en el recinto. "En muchos casos, claramente existe la participación de consorcistas con mecanismos extorsivos, que no pueden ser cristalinizados porque no hay una estructura que permita hacerlo", expresó Fucks.

A continuación solicitó que se incorpore al tratamiento de la derogación el proyecto de ley de Silvia Gottero (FpV) que estaba registrado bajo el número de expediente 1.422 y así se hizo.

Por último, Carmen Polledo (PRO), en su carácter de presidenta de la sesión, solicitó al Secretario Parlamentario que se lea el texto que se pasó a votar: "Despacho 191, texto consensuado. Artículo 1°.- Derógase la Ley 5.464. Artículo 2°.- De forma".

Votaron afirmativamente, en forma unánime, los 55 legisladores presentes: Abboud, Acevedo, Andrade, Arce, Arenaza, Bauab, Calciano, Calderon, Campagnoli, Camps, Conde, Cortina, de la Torre, de las Casas, del Corro, del Sol, Depierro, Estebarena, Ferraro, Fidel, Forchieri, Fuks, García de Aurteneche, García de García Vilas, García, Gentilini, Gottero, Guouman, Heredia, Muiños, Niño, Ocaña, Oliveto Lago, Palmeyro, Penacca, Penayo, Persini, Petrini, Polledo, Presti, Quattromano, Quintana, Ramal, Raposo Varela, Roldán Méndez, Rossi, Rueda, Sahonero, Tiesso, Tomada, Vera, Vilardo, Villalba, Vischi y Yuan

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[1] Letra P del 9/06/2016: "Cómo fue la extensa negociación por la Agencia de Bienes".