Las seis entidades de administradores en pie de guerra

[BPN-25/04/18] A mediados de abril, por primera vez en la historia de la comunidad consorcial, las seis entidades de administradores –salvando sus importantes diferencias- se unieron para iniciar una campaña de difusión conjunta que bajo el lema "El gobierno vulnera la propiedad privada" desmiente que el Ejecutivo porteño pueda bajar las expensas un 20% y denuncia que la promesa de que el proyecto Consorcio Participativo ayude a bajar las expensas "es un señuelo para imponer una inédita ofensiva contra la propiedad privada".

La mecánica de la ofensiva fue muy simple: se le solicitó a los administradores que distribuya a todos los copropietarios, vía expensas, un volante A4, impreso a color de los dos lados que proporcionaron por correo electrónico a sus afiliados y por las redes sociales a los administradores no federados. Esta modalidad multiplicó el poder de fuego de cada mandatario por la cantidad de edificios que administra lo que brindó a las entidades no sólo una difusión territorial más amplia, sino también una más profunda.

Si bien el 23 de noviembre de 2007 ya se habían unido cinco entidades de administradores (El Grupo de los 5) en la Federación Argentina de Municipios para bregar por una colegiatura para el sector y para aunar criterios en una serie de puntos vinculados a la profesión ^[1], en esta oportunidad se sumó la no hace mucho creada APARA (Asociación de Profesionales Administradores de la República Argentina).

Las entidades fueron: AIERH (Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal), AIPH (Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal AIPH), la ya mencionada APARA, CAPHyAI (Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias), FRA (Fundación Reunión de Administradores) y UADI (Unión Administradores de Inmuebles).

El mensaje que cada una de las entidades de administradores difundió entre sus asociados comenzó explicando que "la profesión de administrador exige cada día todo de nosotros, y -haciendo un poco de historia- recordó: "durante los últimos años y mediante una sucesión de disposiciones, resoluciones y leyes se impusieron exigencias desproporcionadas y crecientes, cambios en las reglas, incremento constante de la burocracia, mayores costos, multas arbitrarias, normas contradictorias, sistemas que no funcionan, manifestaciones públicas prejuiciosas y mucho más".

Señaló que "los errores de los funcionarios no solo nos afectan a nosotros. Empeoran la vida en edificios y aumentan las expensas", y agregó: "Con el promocionado plan para bajar las expensas un 20% se están incubando conflictos y con el proyecto de 'Consorcio Participativo' se quiere estatizar virtualmente nuestra actividad".

Por último propuso "a los administradores distribuir el documento adjunto a todos los propietarios con las expensas de abril de 2018".

En el frente del volante las entidades de administradores, bajo el título "La promesa de bajar un 20% las expensas", explicaron: "El GCBA lanzó una campaña publicitaria anunciando una baja de un 20% en las expensas eliminando ‘obligaciones inútiles’. Eso no va a suceder. Las medidas anunciadas son de incidencia mínima o bien son impracticables o serán revisadas porque quitan seguridad. Se está generando una expectativa que solo puede llevar a la frustración y al conflicto entre propietarios y administradores".

A continuación desarrollaron una tabla en la que contrastaron lo que prometió el Gobierno porteño en sus anuncios oficiales y lo que las entidades firmantes consideraron que es lo que va a pasar en realidad: un 0% de ahorro.

Por otra parte, es de tener en cuenta que para bajar un 20% las expensas –tal cual prometió el Gobierno de la CABA- hay que realizar ahorros por un 40% porque la mitad de lo que gasta un consorcio –en un promedio muy general- son salarios, aportes y contribuciones.

El dorso del volante estuvo dedicado al Proyecto Consorcio Participativo: "Se quiere obligar a los consorcios, por ley, a utilizar una plataforma estatal única de gestión. Sin embargo los servicios que prometen ya existen. Actualmente son de libre elección, variadas características y avanzada tecnología. El Gobierno busca estatizar la documentación privada de los edificios, sus sistemas de comunicación y de toma de decisiones. Quiere concentrar sus sistemas contables y los informes que emiten. Busca acumular el dinero de sus expensas en el Banco Ciudad. Con el eslogan de la transparencia y la comunicación el Gobierno pretende construir y al mismo tiempo operar una base de datos inmensa, nunca antes en manos estatales. Y buscará con ella ampliar la base tributaria y canalizar publicidad oficial".

Explicó algunas de las consecuencias de que se apruebe: "El proyecto exigirá aumentar el ABL para solventar los 400 millones de pesos anuales que costará la nueva estructura de empleados públicos y el desarrollo y mantenimiento de la plataforma. El GCBA está a punto de violar leyes nacionales como la de Protección de Datos Personales, el Código Civil y Comercial, la Ley de Defensa de la Competencia y la misma Constitución Nacional. En diciembre el proyecto fue postergado por desconfianza de los propios legisladores del oficialismo. Aun así el Gobierno viene anunciando que volverá a presentarlo".

Por último resumió: "Esperamos que la opinión pública lo rechace definitivamente" 

---