El Proyecto Carrillo se convirtió en la Ley 5.983

[BPN-12/07/18] El pasado jueves 28 de junio, la Legislatura porteña aprobó en general el proyecto de ley Consorcio Participativo con 44 votos y 14 abstenciones. En particular -el artículo 14º que trata específicamente sobre la Aplicación Oficial Consorcio Participativo- se aprobó con 38 votos positivos y 20 abstenciones. No hubo votos en contra. De los legisladores de Vamos Juntos que convirtieron el proyecto en ley, 12 habían votado a favor de la sanción de la Ley Muñoz (Ley 5464 ^[1]) el 3 de diciembre de 2015 y cinco a favor de la Ley Zago (Ley 4.803 ^[2]) el 28 de diciembre de 2013.

Aunque para aprobar la Ley 5.983 el oficialismo contó con 33 votos de la coalición "Vamos Juntos", más que suficientes para aprobar el proyecto, es de destacar que también votaron a favor el Bloque Peronista afín a Víctor Santa María (4 votos), el bloque Evolución de Martín Lusteau (5 votos), Sergio Abrevaya (GEN) y Marcelo Hugo Depierro (Mejor Ciudad, ex Graciela Ocaña).

Se abstuvo el Partido Socialista (2 votos), el PTS Frente de Izquierda (2 votos), el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (1 voto), la Unión Ciudadana que representa en la ciudad al Frente para la Victoria (7 votos) y Autodeterminación y Libertad de Luis Zamora (2 votos).

Llamó la atención que los desacuerdos se hicieron saber con abstenciones y no hubo votos en contra. Faltaron a la sesión de ese día dos legisladores: Leandro Santoro de Unidad Ciudadana y Diego Mariano García De García Vilas de Vamos Juntos.

La docena que había votado a favor de la Ley Muñoz en 2015 fueron: María Rosa Muiños (Frente para la Victoria), María Inés Gorbea (UNEN), José Luis Acevedo (PRO), Christian Bauab (PRO), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Agustín Forchieri (PRO), Cristina García de Aurteneche (PRO), Daniel Presti (PRO), Francisco Quintana (PRO), Victoria Inés Roldán Méndez (PRO), Lía Rueda (PRO) y Paula Beatriz Villalba (PRO). Los partidos mencionados eran a los que pertenecían en aquel momento.

Los cinco que permitieron que se apruobara la Ley Zago en 2013 fueron todos del PRO: José Luis Acevedo, Christian Bauab, Daniel Presti, Francisco Quintana y Lía Rueda.

Abrió el debate legislativo del proyecto Consorcio Participativo Daniel Eduardo Del Sol (Vamos Juntos) y continuó Sergio Abrevaya que en ese momento sorpresivamente adelantó su "voto favorable en todo el texto". A continuación adelantó su abstención Hernán Arce (Partido Socialista) y por su parte, Marcelo Hugo Depierro (Mejor Ciudad / Evolución) pidió que se votara la ley en general y en particular el capítulo dedicado a Consorcio Participativo anticipando su voto negativo a la plataforma web estatal y obligatoria. Por último, el autor del despacho de minoría, Santiago Roberto (Bloque Peronista), adelantó su apoyo a la iniciativa y cerró el debate Del Sol.

En ediciones sucesivas Pequeñas Noticias publicará lo más importante de los argumentos de todos los participantes del debate.

Este voto es de particular importancia porque Santa María, como titular del gremio de los encargados de edificios, tiene un interés concreto en el sector de la propiedad horizontal y fueron varios sus intervenciones para regular aspectos de la vida de los consorcistas y la actividad de los administradores. Algunas de sus intervenciones las realizó junto a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, jefe y vicejefe de Gobierno respectivamente.

El 26 de agosto de 2016, Víctor Santa María, titular del SUTERH (Sindicato Único de Trabajadores Edificios de Renta y Horizontal) y presidente del Partido Justicialista porteño, dio a conocer vía Twitter la conformación del Bloque Peronista por la Justicia Social que funcionaría como interbloque con el del Frente para la Victoria. Entre sus integrantes estaba María Rosa Muiños, Silvia Gottero y Claudio Heredia. Carlos Tomada siguió liderando el Frente para la Victoria que en la Legislatura porteña se llama Unidad Ciudadana ^[3].

De cara a las elecciones de fines de 2017, el peronismo porteño, con ciertas dificultades, se alineó detrás de Daniel Filmus, aunque rápidamente se escindió. Según Clarín: "El ala kirchnerista se agrupó en un bloque con ese mismo nombre [Unidad Ciudadana], mientras que los demás engrosaron la bancada ‘Peronista’", y agregó: "Cuatro del ala más kirchnerista, encabezada por Recalde, juraron para el bloque del FPV -que ahora se llama Unidad Ciudadana y sumará ocho miembros-; mientras que los dos restantes se sumaron al Bloque Peronista, que comanda María Rosa Muiños y que quedará con cuatro legisladores".

Los cuatro legisladores que responden al presidente del Partido Justicialista porteño fueron los que votaron afirmativamente para aprobar lo que ahora es la Ley Carrillo mientras que los siete que actualmente pertenecen a Unidad Ciudadana se abstuvieron <ver nota>.

Una semana exacta después, tres entidades señaladas como afines al SUTERH (AIERH, UADI y SEARA) y APARA ^[5] convocaron a los administradores para escuchar a Facundo Carrillo y Vilma Bouza sobre la ley Consorcio Participativo. Bajo el título "Atención – Urgente, ya es ley Consorcio Participativo", invitaron: "Facundo Carrillo y Vilma Bouza toman la palabra el día jueves 5 de julio -17 hs.- en Av. Santa Fe 1452". Asistentes a la charla comentaron a este medio que algunos administradores le expresaron severas críticas a los funcionarios lo que produjo aplausos del público presente 

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[1] El 20 de noviembre de 2015, Fernando Muñoz (Frente para la Victoria) ingresó a la Legislatura porteña un proyecto de ley -bajo el número de expediente 2455-D-2015- para transferirle el control del RPA de la CABA a un Consejo de la Propiedad Horizontal. Trece días después, el 3 de diciembre, la Legislatura aprobó sobre tablas y sin debate parlamentario esa ley que hoy lleva el número 5.464. La conducción del nuevo Consejo estaba compuesta por 11 miembros de los cuales una importante mayoría eran del SUTERH, de las entidades de administradores que firman los Convenios Colectivos de Trabajo y de un pequeño sindicato que agrupa empleados de administraciones de consorcios (SEARA). Poco tiempo después Muñoz fue nombrado por la Defensoría del Pueblo porteño Defensor de los Inquilinos. Finalmente, luego de siete meses, esa ley fue derogada.

[2] Oscar Zago, hacia el fin de su mandato como legislador del PRO, se hizo conocido en la comunidad consorcial por ser el autor de un proyecto de ley que obliga a los administradores de propiedad horizontal a "exhortar" al personal de cada uno de los consorcios que administra a concurrir anualmente a una capacitación "sobre higiene, seguridad y medidas de prevención contra incendios" y a los consorcistas a pagar ese costo vía expensas. Si bien su proyecto no establece explícitamente la entidad que debe dictarlo, los requisitos exigidos para impartirlo apuntan como único posible al SERACARH, un servicio conformado por FATERyH -representando a los trabajadores- y por tres entidades de administradores –en nombre de los empleadores- que participan de los Convenios Colectivos de Trabajo: AIERH, UADI y CAPHyAI. Once días después fue nombrado Defensor Adjunto del Pueblo porteño.