Se suman más actores contra Consorcio Participativo

[BPN-25/10/18] El pasado 7 de septiembre, una empresa que provee servicios para la propiedad horizontal presentó una Acción Declarativa de Inconstitucionalidad (ADI) contra la plataforma web, oficial y obligatoria conocida como Consorcio Participativo. Acompañó la demanda presentada en el Tribunal Superior de Justicia de la CABA otro actor del que por el momento no se tienen datos.

Es de recordar que el Gobierno porteño está a las puertas de reemplazar la amplia oferta de sistemas informáticos que utilizan administradores y consorcios para liquidar sus expensas por una única aplicación web estatal obligatoria. La Cámara Argentina de Sistemas Informáticas de la Propiedad Horizontal (CASIPH) alertaron en múltiples instancias a funcionarios, legisladores y a la opinión pública que esta medida cerrará decenas de PyME’s tecnológicas y dejará sin trabajo a centenares de trabajadores altamente especializados.

Sobre el texto de la demanda no trascendieron datos, lo que sí se pudo constatar es que impugnó el artículo 23º y concordantes de la Ley 941 (Registro Público de Administradores porteño) modificado por la Ley 5983. No se sabe si accionó contra otros artículos ni sus argumentos.

La acción que inició Plataforma de Pagos SA cuyo titular es Luis Games, es la primera que realiza una de las empresas directamente perjudicadas por la Ley 5.983 creada por Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana e impulsada en la Legislatura por Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño.

La demanda ingresó a la Justicia con el número de expediente 15.919 bajo la carátula "Plataforma de Pagos SA y otro c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad".

Exactamente una semana más tarde, el 19 de octubre, otra entidad de consorcistas, la Red de Consorcistas Damnificados (RCD), adhirió a la demanda de Plataforma de Pagos. RCD denunció que el Gobierno de la CABA, mediante Consorcio Participativo, pretende instaurar una "escucha legal" sobre todos los hogares, oficinas y locales de la Ciudad y señaló que mediante esta aplicación obligatoria pretende administrar los consorcio en lugar de cumplir con el rol de policía que se le exige <ver nota>.

Esta nueva demanda se suma a una que había realizado el 17 de agosto la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI). Ésta presentó un amparo en la Justicia porteña para que los administradores de consorcios no puedan ser sancionados si no abren una cuenta corriente a los consorcios o no los da de alta en la plataforma Consorcio Participativo si una asamblea así se los ordena ^[1].

Si bien el 5 de septiembre, el juez Francisco Ferrer denegó la medida cautelar solicitada por la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal contra los incisos h) y n) de la Ley 941 ^[2] el 13 de noviembre la entidad apeló el fallo del juez ^[3].

Poco después, el 1º de octubre, 109 administradores se presentaron en el Juzgado Contencioso y Administrativo Nº 23 para adherir a la acción que inició la CAPHyAI ^[4] 

---

[1] BPN Nº 639 del 10/09/18: "El amparo que la CAPHyAI presentó contra la Ley Carrillo".

[2] BPN Nº 639 del 10/09/18: "Ferrer denegó la cautelar contra Consorcio Participativo".

[3] BPN Nº 641 del 11/10/18: "La CAPHyAI ya apeló el fallo de Ferrer".