El RPA filtró centenares de correos privados de administradores

[BPN-14/02/19] Mientras en la CABA el debate por la ley que creó la "Aplicación Oficial Consorcio Participativo" sube de tono, el Registro Público de Administradores porteño filtró los correos electrónicos privados de centenares de administradores cuyas matrículas están vencidas por no haber presentado las Declaraciones Juradas (DDJJ) en término. Entre los intimados la redacción del medio reconoció el correo del presidente de una entidad de administradores y la vocal suplente de otra.

De las denuncias recibidas por la redacción de Pequeñas Noticias se pudo apreciar que las intimaciones por correo electrónico para regularizar su situación se mandaron -de una forma muy precaria- en "paquetes" de unas 330 direcciones con "copia abierta" en lugar de con "copia oculta". De esta forma cada administrador pudo acceder a los correos de más de 300 colegas que tampoco cumplieron, violando la privacidad de esos datos que el RPA recibió en custodia para realizar su labor.

Es de resaltar que en los últimos meses administradores, consorcistas y proveedores presentaron o adhirieron a diversas acciones judiciales contra la Aplicación Oficial Consorcio Participativo que pretende concentrar los datos privados, comerciales y laborales de todos los consorcios, los propietarios y los inquilinos, mediante una aplicación obligatoria creada por el Estado.

El 13 de septiembre de 2017, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, presentó públicamente un proyecto que constó de dos puntos: se propuso desarrollar un sistema informático gratuito, de uso obligatorio para los administradores que concentrará toda la actividad profesional, comercial, societaria y comunicacional de los consorcios y en lugar segundo ofrecer productos y servicios bancarios a través del Banco Ciudad y quiso disponer que sea la única entidad financiera habilitada para tal fin. El autor del proyecto fue Facundo Carrillo, por aquel entonces subsecretario de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía ^[1]. 

Un mes después, Sergio Abrevaya (GEN), aseguró a Pequeñas Noticias que la Ciudad de Buenos Aires no tiene la facultad de obligar a los administradores a utilizar un aplicativo oficial para realizar las liquidaciones de expensas mensuales. Aclaró también que el "truco de utilizar la Ley 941 para obligar a los consorcios a hacer algo imponiéndole esa obligación a los administradores tiene un límite". Puntualizó que "si el consorcio en una asamblea vota que quiere usar un aplicativo diferente al oficial lo puede hacer porque el Ejecutivo de la ciudad no tiene la facultad para imponerlo" ^[2]. Abrevaya finalmente votó a favor de la ley.

El jueves 7 de diciembre a las 14:37 hs., la Legislatura porteña se abstuvo de tratar el proyecto de ley Consorcio Participativo ^[3].

Ese mismo mes, el 28 de diciembre, el Consejo Consultivo de la Comuna 3 rechazó por unanimidad el proyecto de ley "Consorcio Participativo". En esa oportunidad una vecina consideró que el proyecto de Carrillo era una "incongruencia" y opinó: "esto es una manera de meternos la mano en el bolsillo a los ciudadanos que vivimos en la ciudad de Buenos Aires". No consideró mal que se trate de controlar a los administradores pero consideró que en la Ciudad debería funcionar el Registro Público de Administradores y -en caso de no funcionar- debería ser auditado ^[4].

A mediados de abril de 2018, por primera vez en la historia de la comunidad consorcial, las seis entidades de administradores –salvando importantes diferencias- se unieron para iniciar una campaña de difusión conjunta que bajo el lema "El gobierno vulnera la propiedad privada" desmintió que el Ejecutivo porteño pueda bajar las expensas un 20% y denunció que la promesa de que el proyecto Consorcio Participativo ayude a bajar las expensas "es un señuelo para imponer una inédita ofensiva contra la propiedad privada" ^[5]. Con el tiempo se constató que las expensas no sólo no bajaron un 20% sino que -según sus propias mediciones- subieron un 43% de la mano de la inflación, las tarifas y los incrementos laborales del sector.

El 14 de junio, el Consejo Consultivo Honorario y un grupo de vecinos de la Comuna 14 presentaron sendas notas en la Legislatura porteña solicitándole a Diego Santilli, en su carácter de vicepresidente del cuerpo, que rechace todo lo relacionado con la Aplicación Oficial Consorcio Participativo del proyecto de modificación de la Ley 941 ^[6].

El 23 de junio el coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 12, Osvaldo Musante, informó que el día anterior el Consejo Consultivo de la Comuna 12 remitió una nota a su Junta Comunal expresándole su rechazo al proyecto de ley Consorcio Participativo ^[7].

El jueves 28 de junio, la Legislatura porteña aprobó en general el proyecto de ley Consorcio Participativo con 44 votos y 14 abstenciones. En particular -el artículo 14º que trata específicamente sobre la Aplicación Oficial Consorcio Participativo- se aprobó con 38 votos positivos y 20 abstenciones. No hubo votos en contra. De los legisladores de Vamos Juntos que convirtieron el proyecto en ley, 12 habían votado a favor de la sanción de la Ley Muñoz (Ley 5464 [1]) el 3 de diciembre de 2015 y cinco a favor de la Ley Zago (Ley 4.803) el 28 de diciembre de 2013 ^[8].

El 17 de agosto de 2018, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) presentó una acción de amparo y una medida cautelar ante la Justicia porteña con el objetivo de que los administradores no puedan ser sancionados por incumplir con la apertura de una cuenta corriente a los consorcios o por no dar de alta al consorcio que administra en la plataforma web de la Aplicación Oficial Consorcio Participativo cuando en una asamblea sí se le ordene ^[9]. El 5 de septiembre, la medida cautelar fue denegada pero la CAPHyAI apeló ^[10]. Actualmente la causa sigue su curso.

El 7 de septiembre de 2018, dos proveedores de servicios informáticos para la propiedad horizontal presentaron una Acción Declarativa de Inconstitucionalidad (ADI) contra la plataforma web, oficial y obligatoria conocida como Consorcio Participativo ^[11].

El 1º de octubre de 2018, la Asociación Civil Administradores Independientes de Propiedad Horizontal (AIPH) adhirió a la acción iniciada por CAPHyAI. En su demanda argumentaron lo que consideraron es el real objetivo de la nueva ley: los datos laborales, comerciales y financieros de los consorcios, consorcistas e inquilinos. "Lamentablemente el poder de policía local pretende meterse en lo que son actividades y funciones de control de gestión propias del sistema de dominio horizontal a cargo de la asamblea y el consejo de propietarios, puesto que de lo que se trata en definitiva es de lograr acceder a la información de sus integrantes y no simplemente regular la actividad de los administradores", expresaron ^[12].

Ese mismo 1º de octubre, 109 administradores se presentaron en el Juzgado Contencioso y Administrativo Nº 23 a cargo del juez Francisco Ferrer para adherir a la acción que inició la CAPHyAI. Los mandatarios anticiparon que iniciaran amparos individuales ante los primeros sumarios administrativos que reciba del Registro Público de Administradores por incumplimiento de los dos incisos aludidos ^[13].

El pasado 12 de octubre, la Asociación Propietarios de Inmuebles en Propiedad Horizontal (APIPH) se presentó en la justicia para adherir al planteo de inconstitucionalidad efectuado por Plataforma de Pagos SA contra la plataforma web oficial y obligatoria conocida como Consorcio Participativo ^[14]. El 19 de octubre realizó su propia adhesión la asociación civil Red de Consorcistas Damnificados (RCD) ^[15]. Tiempo después, el presidente de APIPH retiró su adhesión sin explicar públicamente las razones