Un plan de ahorro previo para pagar indemnizaciones laborales

[BPN-15/10/21] El pasado 2 de septiembre Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri, senadores nacionales de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto de ley para que las indemnizaciones por extinción del vínculo laboral sean pagadas por un Fondo Nacional de Cese Laboral (FNCL) cuyo capital se constituirá con la contribución de los empleadores de un porcentaje de los salarios de sus trabajadores.

Los empleadores deberán –de ser aprobado el proyecto- ingresar mensualmente al FNCL no más del 12% de la "remuneración mensual bruta" de cada asalariado durante su primer año de trabajo y no más del 8% por los subsiguientes [artículo 5º]. Los números finos de estos porcentajes serán reglamentados por la autoridad de aplicación [artículo 7º].

El objetivo del proyecto es que se garantice al trabajador "las sumas de dinero que deberán percibir en ocasión del cese de su relación laboral, reemplazando a la parte empleadora en su obligación" [artículo 3º].

El proyecto ingresó al Senado Nacional bajo el número S-1960/2021 y consta de 35 artículos de los cuales uno es de forma [vínculo]. Desde el 6 de septiembre se encuentra en las comisiones de "Trabajo y Previsión Social" y de "Presupuesto y Hacienda".

Es de destacar que –tal cual está redactado el proyecto- el empleado recibirá del FNCL la indemnización prevista en la iniciativa aun cuando –según las leyes actuales- no le correspondiera: despido por justa causa, renuncia o jubilación. La iniciativa sólo establece que "cuando cese la relación laboral, el Fondo Nacional de Cese Laboral le abonará al trabajador o trabajadora una suma equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses" [artículo 16º].

Por otra parte, normalmente un empleador debería reservar para afrontar la indemnización por despido sin justa causa cerca de un 8,33% mensual por lo que la retención de un 12% por el primer año y un 8% por los restantes no hace diferencia a su favor.

Para calcular la indemnización, el artículo 245º de la Ley de Contrato de Trabajo establece el pago de un mes de sueldo por cada año trabajado "tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor". La iniciativa por su parte propone abonarle al trabajador su indemnización según el último sueldo recibido lo que le generaría un perjuicio económico.

No está previsto tampoco ni el pago de integración ni el preaviso que –en este último caso- es un mes para quienes tienen menos de cinco años de antigüedad y de dos para quienes tienen más de cinco ^[1]. En el caso de los encargados de edificios el daño sería mayor porque son acreedores a tres meses de preaviso luego de 60 días trabajados ^[2].

El proyecto de Lousteau no contempla acuerdos especiales como las indemnizaciones de periodistas o agentes de comercio que son más altas.

El Fondo Nacional de Cese Laboral se crearía en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social o "la que en un futuro la reemplace" y estaría compuesto de no menos de un 8% de todas las remuneraciones mensuales bruta que se abonan en todo el país, una suma de dinero en efectivo que se engrosaría permanentemente, sin un propósito fijo y cuya magnitud es muy difícil de calcular.

Si bien el proyecto ordena que "los fondos líquidos disponibles dentro del Fondo Nacional de Cese Laboral deberán ser invertidos en cualquier instrumento de bajo riesgo que garantice la liquidez y procuren preservar el capital invertido" el destino que corrieron otras "cajas" como la previsional hace dudar que ese objetivo se pueda lograr.

Según El Destape, el abogado León Piasek explicó que ya hubo fondos de seguros de indemnizaciones y de accidentes laborales que se utilizaban cuando las empresas quebraban o no podían pagar las indemnizaciones. "Era muy difícil cobrarle al Estado, era un proceso largo y tedioso que ponía en riesgo los ingresos de los trabajadores y agregó que el cambio que establece el proyecto es violatorio del artículo 14º bis de la Constitución Nacional ^[3].

Lousteau a la hora de defender su proyecto explicó: "Con este proyecto de ley pretendemos aliviar la situación de los empleadores y empleadoras -sin descuidar a los trabajadores y trabajadoras, que percibirán la indemnización correspondiente-, especialmente de las PYMES, las cuales principalmente en estos últimos años, se vieron inmensamente perjudicadas por la pandemia que nos azota en su situación financiera y en muchos casos, debieron cerrar sus puertas, dando lugar a los altos números de desempleo existentes. Creemos que la solución es dar previsión adicional al momento de crear fuentes de trabajo en el país, ya que los niveles de incertidumbre económica frenan cualquier tipo de inversión genuina, en virtud del miedo que existe ante un desenlace inesperado que acarree el cierre del emprendimiento y los desembolsos adicionales asociados a ello"