"El gremio pretende que se paguen aumentos sin homologar"

[BPN-15/12/24] El pasado 10 de diciembre la Dra. Victoria Loisi miembro de la Fundación Liga del Consorcista, denunció que el gremio de los encargados de edificios pretende que se paguen los aumentos salariales pactados con las tres entidades de administradores que representan a los consorcios en paritarias (la CAPHyAI, el AIERH y la UADI ^[1]) sin estar ni homologados ni publicados por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

En una entrevista concedida a Clarín la abogada afirmó: "La novedad es que el gremio pretende que se paguen los aumentos sin estar homologados ni publicados por la Secretaría de Trabajo", y agregó: "Es una permanente zozobra para los propietarios e inquilinos, ya que no solamente los aumentos se han tornado mensuales, sin tener en consideración la inflación, sino que dependemos virtualmente de los que ‘anuncia’ el gremio sin aval legal".

Finalmente explicó: "Si no se homologa, el gremio pretende que los aumentos se paguen igual, ‘a cuenta’, lo cual es ilegal".

En los últimos acuerdos paritarios, sus signatarios –tanto los que representan a los consorcios como al gremio- reiteradamente expresaron:

Como detalle de color, en cada acuerdo se copia y pega este párrafo cambiando el mes al que hace referencia aunque hay veces que se olvidan y dejan el mes del acuerdo anterior. Sin embargo, lo importante es que si el acuerdo no se homologa no es de cumplimiento obligatorio en su totalidad incluido el párrafo subrayado por la redacción de este medio.

Es de recordar que el concepto de negociaciones paritarias tiene su base en tres patas con intereses diferentes y perfectamente definidos.

Por un lado, los trabajadores y los empleadores enfrentados porque –simplificando- uno quiere cobrar más y el otro pagar menos. Por último, -como el fiel de la balanza- el Estado que garantiza la legalidad de lo negociado y lo convierte en ley obligatoria para el universo de empleadores y trabajadores representado por esos miembros paritarios. Se reitera que sólo el Estado puede convertirlo en una ley obligatoria.

Si el Estado no garantiza que lo acordado es legal (mediante la homologación) nada de lo acordado es obligatorio, incluidos aquellos párrafos que se redactaron para el caso de no ser homologados