‘La reforma laboral no afectará a los encargados de edificios’

[BPN-15/03/26] El pasado 25 de febrero, el juez nacional del Trabajo, Alejandro Aníbal Segura, afirmó que la recientemente aprobada Ley de Modernización Laboral no afectará a los encargados de edificios y descartó que puedan ponerse en marcha paritarias individuales por consorcio.

Segura explicó que el sector se rige por el Estatuto del Encargado (Ley 12.981) y que la nueva reforma no derogó ni modificó las condiciones específicas de la actividad, aunque admitió que algunos aspectos podrían requerir juicios de compatibilidad. Con una mirada técnica, el magistrado sostuvo que la norma no constituye una reforma, sino una "ley de regresión" que colisiona con el espíritu progresivo de la Constitución Nacional, y advirtió sobre los riesgos que el "banco de horas" representa para la vida del trabajador.

Estas declaraciones fueron realizadas en una entrevista para el programa de streaming "Segunda convocatoria", donde fue invitado por los abogados Jorge Resqui Pizarro, Gustavo Alejandro Griffith y Juan Martín Luciani Otaño.

Alejandro Aníbal Segura cuenta con una extensa trayectoria: se desempeñó como juez subrogante en los juzgados nacionales de Primera Instancia del Trabajo N° 2 y N° 41, y fue vocal de la Cámara Federal de San Justo. Además, es docente universitario, autor de obras jurídicas y fue asesor legal del SUTERH durante 18 años.

Durante el intercambio, Gustavo Alejandro Griffith recordó el pasado de Segura como jefe del área de legales del sindicato. El magistrado aclaró que se desvinculó de dicha entidad hace 20 años y procedió a analizar el nuevo marco normativo.

"No se trata de una ley de modernización ni de reforma, sino de una norma de regresión laboral que viola ostensiblemente la Constitución Nacional", señaló Segura. El juez detalló haber identificado 35 aspectos peyorativos para el sector trabajador solo en lo referido al contrato individual, además de puntos negativos en materia de derecho colectivo, procesal y respecto al rol del Ministerio de Trabajo.

Segura fundamentó su postura citando el artículo 14 bis de la Constitución: "El uso del tiempo futuro, 'gozará', indica un programa progresivo. No puede existir una ley que disminuya la protección, porque entonces el artículo debería leerse en pasado". Asimismo, criticó que la ley excluya a los trabajadores de aplicaciones y a los no registrados, quitando a los independientes la posibilidad de articular el fraude laboral.

Respecto a la actividad específica, el juez explicó que la Constitución Nacional delega en el poder central la facultad de dictar códigos de fondo. Al no haberse redactado un Código del Trabajo, rige la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) junto a estatutos especiales.

"Cuando la LCT se encuentra con estatutos como el del encargado (Ley 12.981), no puede derogarlos automáticamente; debe realizarse un juicio de compatibilidad. Por eso, esta ley de modernización no toca el estatuto especial", afirmó.

Segura definió la jornada como la institución emblemática del movimiento obrero. Respecto al "régimen de banco de horas", lo calificó como una maniobra para utilizar el excedente de tiempo de trabajo sin pagar compensación alguna.

Remarcó además la naturaleza "no empresaria" del trabajo en edificios: "A diferencia de una fábrica, el consorcio no puede derivar el costo laboral al precio de un producto. El empleador es un consorcio de propietarios y las medidas actuales golpean a la clase media a través de tarifas, alquileres y expensas".

En cuanto al derecho colectivo, Segura vaticinó que no habrá grandes dificultades pues la negociación seguirá siendo por actividad. "No habrá convenios por provincias ni negociaciones consorcio por consorcio. Se mantiene la negociación colectiva como el piso de irrenunciabilidad; nadie puede negociar por debajo del CCT", enfatizó.