Una predisposición ministerial

He accedido a una resolución dictada por el Director Nacional de Relaciones del Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación, que fuera precedida por un dictamen de su Asesoría Técnico Legal.

Y las particularidades de este acto administrativo, que conforma una unidad entre el dictamen que le sirve de fundamento y la parte resolutiva, merece algunas reflexiones, las cuales circunscribiré al punto de vista jurídico, dejando de lado las de orden político que inevitablemente me vería obligado a efectuar al tener que poner de manifiesto la evidente falta de imparcialidad que parece marcar el desempeño de este Ministerio, esto es, su ostensible postura pro sindical.

El acto administrativo en cuestión, que puede ser calificado como "de mero trámite", fue emitido con fecha 30/3/05 en el expediente Nº 1.102.048/04, promovido por la "Unión de Consorcistas de la República Argentina (U.C.R.A.)" con el objeto de que el Ministerio procure los medios necesarios para que esta entidad pueda participar en representación del sector empleador en la próxima reanudación de las comisiones paritarias del polémico Convenio Colectivo de Trabajo Nº 378/04.

Dicho sea de paso: es justamente este aspecto, el de la representación del sector empleador, el que mayores cuestionamientos ha costado al Convenio, al ponerse en tela de juicio, a mi entender con toda razón y fundamento, la representación que se les atribuyó a Cámaras y Asociaciones de Administradores como si éstas fuesen a quienes les correspondía llevar la voz y la voluntad real de los consorcistas. Hay aquí una clara falta de representación directa, de atención a los verdaderos intereses de quienes son quienes terminan obligados por el Convenio y quienes, a fin de cuentas, deben terminar soportando económicamente las consecuencias de decisiones a los que fueron totalmente ajenos.

Dejo el tratamiento profundo de esta cuestión para los abogados especialistas en derecho colectivo del trabajo, pero me permito dejar sentada mi posición al respecto: en el Convenio Colectivo Nº 378/04, sin perjuicio de lo sucedido en los anteriores, se ha vulnerado el equilibrio negociador de las partes por grave defecto en la representación del sector patronal.

Dicho esto, entraremos en el acto administrativo en sí.

Sabido es que los fundamentos del acto, en este caso el dictamen jurídico previo, forman parte inseparable del mismo. Sus defectos pueden llegar a invalidar el acto, en su parte más importante, la parte resolutiva. Ésta dispone simplemente "hacer saber" a "U.C.R.A." las objeciones que los pretendidos representantes del sector patronal formulan contra su incorporación a este elenco negociador. Esto, técnicamente, significa "correr traslado" de dichas objeciones a la entidad peticionante a los efectos de que manifieste lo que estime corresponder.

¿Cuál es el fundamento de esta medida? El que el dictamen expresa recomendándole al Director Nacional que haga saber de estas objeciones "en resguardo del debido proceso" o, para decirlo de otra manera, para asegurar el adecuado ejercicio del derecho de defensa de "U.C.R.A.".

Esto no me merecería ninguna objeción, puesto que no es sino lo que corresponde y obedece a una cuestión de mero trámite correctamente resuelta.

Pero unos párrafos más arriba, el dictamen contiene un grueso defecto. Incurre en una suerte de prejuzgamiento, de adelanto de opinión sin esperar la contestación de "U.C.R.A.", afirmando prácticamente que más allá de lo que pueda decir esta entidad la Asesoría Técnico Legal ya tiene opinión formada.

Lo hace cuando afirma que "no se merituaría le legitimidad que la entidad… pretende esgrimir … (porque)… su pretensión no resulta actual, sino que es potencial y futura…".

Esto, en buen romance, significa que diga lo que diga "U.C.R.A." esa Asesoría va aconsejar desestimar su petición de incorporarse a las negociaciones; y esto no se arregla aconsejando dar traslado "en resguardo del debido proceso".

Este vicio afecta el acto administrativo.

Y seguramente puede constituir una herramienta a utilizar por los peticionantes a la hora de impugnar el procedimiento seguido por el Ministerio ya sea en sede administrativa o, en su caso, en la posterior instancia judicial.