El acto en cuestión se integra con su previo dictamen de asesoramiento legal, como es de rigor; dicho dictamen desarrolla los fundamentos por los cuales resulta necesario que el funcionario público interviniente resuelva como lo hace. Es decir que, este tipo de actos administrativos, contiene estos dos elementos que deben complementarse y resultar jurídicamente idóneos: el dictamen y la parte resolutiva.

En uno de los últimos boletines de “Pequeñas Noticias” tuve oportunidad de opinar sobre un trámite anterior a éste. En dicha oportunidad, consideré que el órgano asesor había incurrido en una suerte de prejuzgamiento, adelantando una postura claramente adversa a la petición de la “U.C.R.A.” en consonancia con la no menos clara posición pro sindical que ha adoptado este Gobierno a través del Ministerio de Trabajo.

En dicha oportunidad, estos funcionarios públicos argumentaron preservar el “adecuado ejercicio del derecho de defensa”, resguardar “el debido proceso”, dándole a “U.C.R.A.” la oportunidad procesal de responder a las objeciones que los pretendidos representantes del supuesto sector patronal del Convenio Colectivo formularon respecto de su incorporación a este elenco negociador, para tratar con el Sindicato.

Ahora, al “otorgar vista” a dichos sectores respecto de la presentación efectuada por “U.C.R.A.”, pone en funcionamiento el mismo principio, es decir, pretende asegurar a los mismos el pleno ejercicio del derecho de defensa.

Y así vemos cómo con este acatamiento aparentemente formal a las sanas normas del procedimiento administrativo, la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo continúa elongando el procedimiento, estirándolo en el tiempo y retardando una resolución definitiva.

Y digo esto porque si bien el derecho de defensa es un principio del procedimiento que debe ser resguardado, no es menos cierto que hay otro principio al que el administrado peticionante (“U.C.R.A”) tiene derecho: el de recibir en el menor tiempo posible una resolución fundada que ponga fin al procedimiento en forma justa.

El comportamiento de esta Dirección Nacional, que se puede apreciar a través de estos actos administrativos, no permite augurar ni una resolución justa ni un trato equitativo para con la entidad peticionante.