Crecieron los juicios en un 70 %

[BPN-14/03/07] Los datos son más que elocuentes. Según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), las demandas judiciales por accidentes y enfermedades de trabajo crecieron en un 70% durante el 2006. Entre enero y octubre de ese año, se iniciaron 9.422 casos, un 80 por ciento más que en el mismo período del 2005 y el triple respecto del 2004.

El Ing. Alfredo López Cattáneo, especialista en seguridad, higiene y medicina laboral, manifestó su preocupación sobre estas cifras y advirtió que es necesario que la sociedad tome conciencia de la importancia de aplicar medidas de prevención para evitar accidentes y siniestros.

Si se tiene en cuenta que en los primeros diez meses del año se hicieron más de 12 mil demandas judiciales, todo parece indicar que en el 2007 se superará ampliamente las casi 7 mil del 2005. La variación interanual entre octubre de 2006 y 2005 ascendió al 98 por ciento, una de las más altas de la serie. Según informó, la proyección más conservadora para el año 2007 es de 18.800 nuevos juicios.

Por otra parte, si los pronósticos se cumplen respecto de la cuantía total de las indemnizaciones, el monto involucrado podría superar los $1.300 millones de pesos, ya que muchos estudios jurídicos estiman que cada juicio por accidente o enfermedades laborales les cuesta a las empresas unos 70 mil pesos promedio.

El Ing. López Cattáneo explicó que en el caso de las empresas, el costo que le puede significar un juicio laboral es variable según su tamaño: "mientras que para una empresa importante los juicios por estos motivos pueden llegar a representar el 0.1% de su masa salarial, para una PyME (los consorcios se encuentran en esta categoría) este valor puede ser infinitamente mayor y por ende, llevarla a la quiebra o a su desaparición".

El especialista en seguridad, higiene y medicina laboral consideró que el mayor problema de los consorcios es que algunos administradores no toman conciencia de la importancia de la prevención: "muchas administraciones no son concientes de los riegos que se corren, toda medida de prevención la ven como un gasto y piensan que si se la proponen al consorcio lo van a sacar corriendo". Ya en julio del 2006, en una entrevista concedida a Pequeñas Noticias, había alertada acerca del crecimiento de la litigiosidad que se venía produciendo en la Argentina en materia de juicios por accidentes de trabajo.

En este sentido, aconsejó que algunas de las alternativas que se pueden tener en cuenta frente a estos problemas son: trabajar en la prevención de accidentes de trabajo identificando y corrigiendo aquellas condiciones peligrosas existentes en el consorcio que pudieran dar origen a la ocurrencia de un accidente, efectuar los exámenes médicos preocupacionales y periódicos al personal, capacitar al encargado en temas de prevención de riesgos laborales, entregar al personal elementos de protección bajo constancia de recepción debidamente firmada por el encargado, controlar al menos una vez al año las condiciones de seguridad del edificio a través de un profesional debidamente matriculado en higiene y seguridad en el trabajo y requerir asesoramiento especializado en caso que se reciba una demanda judicial como consecuencia de un accidente de trabajo.

El Ing. López Cattáneo explicó que los juicios comenzaron a crecer de manera notable a fines del año 2004 cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley sobre Riesgos del Trabajo y en particular, el Art. 39 que impedía al trabajador que reclamara por la acción civil.

Según él, si se analizan estos nuevos juicios por jurisdicción puede observarse que, durante los primeros diez meses del año, la provincia de Buenos Aires encabezó -con un 28 por ciento- el listado con más reclamos judiciales, seguida por Córdoba -con 21%- Capital Federal -con 18%- y Santa Fe -con 16 por ciento pero siendo la provincia que presenta el mayor aumento de litigios de este año-.

Casi el 43% de los pleitos (un promedio de 4 de cada 10 juicios) están referidos a indemnizaciones por la vía civil -comúnmente se lo denomina la "reparación integral por el daño"-, mientras que los demás reclamos se reparten en temas vinculados con el alcance de la Ley de Riesgos del Trabajo, tales como prestaciones, porcentajes de incapacidad y amparos.