El caso de Luisa Zapata

[BPN-08/09/10] Luisa Zapata, encargada desde hace 25 años de un consorcio en la ciudad de La Plata, denunció que ella y su hijo Emilio Jara, también encargado, fueron despedidos el 9 de abril pasado por ejercer su legítimo derecho a la actividad sindical al presentarse como candidatos por la lista Naranja de la Agrupación 1º de Mayo.

"La Naranja" es contraria a la lista oficial del Sindicato Único de Trabajadores de Edificio Renta y Horizontal de La Plata (SUTERyH).

Luisa es encargada permanente con vivienda en tanto, Emilio se desarrolla como encargado de galería con vivienda.

"Nosotros no nos consideramos despedidos porque de hacerlo estaríamos traicionando a los compañeros que nos votaron, además nunca se realizó una asamblea con los propietarios", declaró la encargada.

Zapata aseguró que hace más de un mes la administradora de ese consorcio le cortó los servicios de luz y gas y que por su parte el SUTERyH la desafectó a ella y a su hijo de la obra social. "Pero lo peor es que por ejercer los derechos en el ámbito del trabajo sos perseguido", subrayó la encargada.

Luisa aseguró que, desde que asumió la nueva administradora la "hostiga constantemente y viola todos los artículos de la tutela sindical". La encargada fue denunciada además por "amenazas" y se le inició un juicio de desalojo.

El Dr. Oscar Espinosa, asesor legal especialista en temas laborales de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), explicó que "estamos pidiendo que se remita el expediente de desalojo al expediente donde ellos [por los encargados] están presentados como actores para la reinstalación [en su puesto de trabajo] y que quede sujeto el desalojo a las resultas de ésta". Y agregó también que solicitan "que se les paguen todos los salarios caídos [desde el momento del despido] y una indemnización por daños y perjuicios".

Durante la entrevista que le realizó Pequeñas Noticias a Luisa Zapata y Emilio Jara estuvieron presentes -aparte del Dr. Espinosa- los encargados Jorge Miño, Horacio Vivas, Jorge Olivera y Jorge Leira, miembros de la Agrupación 20 de diciembre y Luis Miguel Tassara, perteneciente a la Agrupación 1º de Mayo de La Plata.

Luisa espera que su caso siente un precedente "para que un administrador no pueda echar a un trabajador como se le antoje".

Luisa Zapata se presentó como candidata a congresal por la lista Naranja y su hijo Emilio se postuló como vocal por la misma lista. El 7 de agosto de 2009 se realizaron elecciones dentro del sindicato y La Naranja no resultó favorecida.

Zapata manifestó que la nueva administradora asumió su cargo un mes después e inmediatamente "empezó la persecución".

La encargada denunció que la nueva administradora "nos modificó las condiciones de trabajo y a mi hijo y a mí nos aplicaron medidas disciplinarias que nunca habíamos tenido". Agregó que también "nos agredió físicamente tanto a mí como a mi hijo lo que motivó que tuviéramos que hacer la denuncia".

De acuerdo a la Ley de Asociaciones Sindicales Nº 23.551 cualquier trabajador que ejerza de hecho una actividad sindical gozará de una "tutela sindical" que es la protección que se otorga al delegado para el desarrollo de sus funciones. El empleador no podrá suspender o despedir al empleado ni modificar sus condiciones de trabajo mientras goce de ese beneficio.

Según manifestó el Dr. Espinosa "tanto las listas que pierden como a las que ganan gozan durante 6 meses de los derechos que les otorga esa tutela, por lo tanto la señora Zapata y su hijo estaban incluídos".

Zapata denunció que tanto ella como su hijo fueron desafectados de la obra social del SUTERyH. La encargada declaró que se enteró de la situación cuando concurrió a la sede del sindicato "a sacar una orden para ir a ver al médico por unos remedios para la osteoroposis y me dijeron que desde hace dos meses no tenía más obra social y me sacaron el carnet".

Sin embargo, el letrado de la CTA aseguró a este medio que el Convenio Colectivo de Trabajo en su artículo 27º establece que los plazos de cobertura son de un año para los beneficiarios del trabajador fallecido o desempleado.

De acuerdo al Dr. Espinosa la situación "pone en evidencia que hay connivencia por acción y por omisión del sindicato, la patronal y el administrador".

A pesar de la grave situación, Zapata destacó que su relación con los propietarios del consorcio es buena.

"Los propietarios me dijeron que siga trabajando porque ellos no me echaron y han convocado a una asamblea judicial porque la actual administración va en contra de sus intereses", agregó.

El martes 31 de agosto debía realizarse la asamblea judicial para establecer qué medidas se tomarán. Sin embargo, el juez que entendía en la causa se excusó por ser familiar de un copropietario de ese edificio. Según declaró Zapata a Pequeñas Noticias, "me dijeron que de no haber procedido de esa forma la asamblea hubiese sido impugnada y escuché que fue prorrogada por 10 días".