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[BPN-17/11/10] Siete diputados del Peronismo Federal presentaron un proyecto de ley para que el Estado se haga cargo de las diferencias económicas que surjan entre el importe de las prestaciones establecidas en la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) y las indemnizaciones que corresponda abonar a los trabajadores, en concepto de reparación civil por los daños y perjuicios sufridos. Además el Estado debería asumir los cargos judiciales que deba erogar el empleador.

El proyecto prevé la creación de un Fondo Específico de Aplicación destinado al pago "de las diferencias que surjan entre el importe de las prestaciones establecidas en la LRT, a cargo de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) quienes serán partes obligadas en el juicio, y las sumas que […], corresponda abonar a los trabajadores en concepto de reparación civil por los daños y perjuicios sufridos".

Esos fondos serán destinados también al pago de "de todos los gastos judiciales, honorarios, costos y costas que deba erogar el empleador con motivo del reclamo que por resarcimiento civil interponga el trabajador ante la justicia ordinaria".

El fondo se constituirá con una contribución mensual a cargo de cada empleador equivalente al 0,5% del importe total que resulte de aplicar la base de cálculo. De prosperar la medida, los aportes al fondo serán percibidos por las ART, las que deberán girarlas dentro de las 48 horas hábiles a una cuenta especial que abrirá la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en el Banco de la Nación Argentina.

El proyecto prevé que "el Estado nacional, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, será responsable subsidiario y exclusivo del pago de las sumas necesarias para cancelar el resarcimiento total del trabajador" y agrega: "la ART será el sujeto pasivo deudor y principal pagador de la reparación integral del daño".

La iniciativa, lleva la firma de los diputados nacionales Daniel Germano, Alfredo Néstor Atanasof, Roberto Mario Mouilleron, Carlos Alberto Carranza, Sergio Horacio Pansa, Celia Isabel Arena y Juan Carlos Forconi,

Sin embargo, el abogado laboralista Horacio Schick, titular del estudio del mismo nombre, señaló al periódico Buenos Aires Económico (BAE) que la pretensión de satisfacer ese resarcimiento no cubierto por las prestaciones económicas de la LRT, mediante un fondo constituido con el aporte de apenas un 0,5% de la masa salarial "es una verdadera ‘cortina de humo’ para que el Estado nacional se haga cargo de la responsabilidad individual e indelegable del agente dañador".

De acuerdo a Schik, el proyecto presentado "es insostenible y constituye un apartamiento liso y llano de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que determinó el carácter constitucional del principio ‘alterum non laedere’ que prohíbe a los hombres dañar los derechos de un tercero".Envíe desde aqui su comentario sobre esta notaVolver al indice

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