Knopoff habría presentado un amparo

[BPN-22/06/17] El pasado domingo 18 de junio, Samuel Knopoff, presidente de la Federación de Consorcistas de Argentina (FeDeCo), informó a Noticias Argentinas que el lunes iba a presentar un recurso de amparo para excluir de las negociaciones paritarias del sector de los encargados a las cámaras de administradores porque –según declaró- "no defienden a los copropietarios, se defienden a ellos mismos". Y agregó: "no son las encargadas de pagar después [...] Los aumentos salariales los pagamos los copropietarios".

El presidente de FeDeCo explicó que "primero se presentará un amparo en el Ministerio de Trabajo y luego se hará en la Justicia". Según una fuente que prefirió mantener su identidad en reserva, finalmente la fecha original de presentación del primer amparo se reprogramó para el día miércoles.

En este sentido, Knopoff insistió: "queremos que en la paritaria intervengan las asociaciones que realmente representan". A su vez, advirtió que hay 500 mil morosos de expensas en la Ciudad y que no se está pudiendo encontrar una solución inmediata a esta problemática.

Hasta ahora, más de seis medios nacionales y locales difundieron la noticia de esta fuente.

Es de recordar que en agosto del 2004, se realizó una Audiencia Pública convocada por la diputada Inés Pérez Suárez (Partido Justicialista) donde se aprobó la presentación de una acción judicial de nulidad del Convenio Colectivo de Trabajo 378/04 [Encargados de Edificios] y una medida cautelar para suspender los efectos de dicho convenio elaborada por sus colaboradores, los Dres. Mario Masciotra, De La Colina y Galicas [BPN Nº 225 del 17/8/2004: "El silencio de los inocentes"].

Por aquel entonces, el Dr. Masciotra había indicado que quienes autorizaron el convenio por la parte empleadora carecían de legitimación para representar a los consorcistas y que los actores que debían intervenir en la negociación son los copropietarios o inquilinos que son los que abonan las expensas.

En consonancia con este planteo, se propuso una acción judicial que se erigió sobre una medida probatoria. Esta medida consistía en que el Registro Público de Administradores de la Ciudad de Buenos Aires informara la lista de profesionales registrados y que luego, cada mandatario informara la lista de consorcios que administra, precisando si contaba con autorización de parte de ellos para intervenir en las negociaciones paritarias. De contar con dicha autorización, se requería el acta de la asamblea protocolizada donde se había tomado esa decisión.

Lo que el Dr. Masciotra pretendió demostrar con esta medida es que no existía en realidad una cadena de legitimación válida para que los representantes de los consorcios hayan celebrado el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT).

Por su parte, la diputada Inés Pérez Suárez aclaró que ella no está en contra del sindicato ni en contra de los trabajadores y que "en todo caso, si hay alguno que ha cometido alguna felonía son esos administradores que sin consultar a los consorcistas suscribieron el acuerdo".

Por otra parte, un año despues, en el marco de la inauguración de los talleres gratuitos y participativos sobre propiedad horizontal que realizó la Comisión Argentina de Consorcios, Copropietarios y Consorcistas (CACCyC) en la Defensoría del Pueblo de la CABA, Knopoff, también presidente de dicha entidad, comenzó el acto destacando que "los copropietarios e inquilinos no están representados, nadie defiende sus derechos e intereses y éstos son ocupados ilegal e ilegítimamente por los administradores" y destacó su voluntad de "establecer una modificación de las relaciones consorciales a partir de la representación que tienen las asociaciones de copropietarios e inquilinos" [BPN Nº 263 del 12/7/05: "Tormenta de ideas"].

En aquel acto, se hizo referencia a un proyecto de ley impulsado por CACCyC para modificar el artículo 11º de la Ley de Propiedad Horizontal -actualmente derogada- que indicaba que "el representante de los propietarios actuará en todas las gestiones ante las autoridades administrativas de cualquier clase, como mandatario legal y exclusivo de aquellos". Según la reforma propuesta por la entidad, los consorcistas debían constituir una asamblea para decidir en forma explícita qué entidad es la habilitada para representarlos en las negociaciones laborales con el sector trabajador. Si fuera el administrador, la asamblea debía otorgarle un poder especial.

En palabras de Knopoff, los administradores no consultan sobre este poder a los propietarios y tampoco las cámaras consultan a los administradores, creándose así una situación doblemente ilegítima.

Compartió el podio con Knopoff el por entonces diputado nacional Héctor Polino (Socialista), quien apoyó el proyecto de CACCyC y aclaró: "hay dos derechos que son legítimos pero que hay que compatibilizar: por un lado, el de los trabajadores y por otro, el de los propietarios e inquilinos que son los que tienen que pagar las mejoras salariales. Yo soy copropietario y soy un defensor de los derechos de los trabajadores, de modo que me parece bien que los trabajadores aboguen por mejorar sus ingresos y sus salarios, pero eso tiene que surgir de algo legal: quienes otorguen el aumento deberán ser efectivamente representantes de los que van a pagar el aumento".

Seis años más tarde, en mayo del 2011, la Unión de Consorcistas de la República Argentina (UCRA) presentó un recurso de amparo contra el Ministerio de Trabajo de la Nación para que se decrete la nulidad de la convención colectiva vigente del sector de los encargados y de todos los acuerdos modificatorios [BPN Nº 436 del 1/06/11: "Se presentó un recurso de amparo contra el CCT"].

Según la Dra. Andrea Peralta, el Ministerio "no había hecho el control de la legalidad de las partes", haciendo referencia con este argumento a las entidades administradoras que participaron en las negociaciones salariales. En aquel momento, aclaró que "el recurso no está encaminado en contra de que se otorguen aumentos, ni siquiera en contra de los administradores" y agregó que lo que "falta [en las negociaciones salariales es] la participación de una de las partes fundamentales [las asociaciones de propietarios], por ende, se están violando normas constitucionales e internacionales".

En palabras de Peralta, se está "desconociendo la representatividad de las asociaciones de administradores" ya que esto "excede las facultades" que los administradores poseen. Informó, a su vez, que "lo que se está procurando [con el recurso de amparo] es que se abran nuevas paritarias con la participación de la parte empleadora"

2013: Cornelia Schmidt-Liermann