Alberto Fernández y la propiedad horizontal

[BPN-13/06/19] La historia política del precandidato a presidente de la Nación, Alberto Fernández, se cruzó en varias oportunidades con la propiedad horizontal. La más importante se dió mientras fue legislador cuando logró -junto a dos compañeras de otros bloques- que se sancione la Ley 941 que creó un Registro Público de Administradores (RPA) en la CABA. Fue una bisagra en la propiedad horizontal y con el pasar del tiempo este tipo de registros se extendió en numerosas localidades y provincias.

Ya como jefe de Gabinete de Ministros de la Nación su nombre se escuchó a raíz de un par de intervenciones que afectaban a los consorcios. Por último, apenas anunciada su precandidatura, fue denunciado por tener una cuantiosa deuda de expensas que inmediatamente fue desmentida.

Sin embargo, lo más importante de estos últimos tiempos es la confirmación de que existe –y existió- una estrecha colaboración con Víctor Santa María, titular del SUTERH (Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal) quien tiene intereses concretos en el sector de los consorcios.

La comunidad consorcial conoció al precandidato Alberto Fernández en septiembre de 2002 cuando se supo que en breve se votaría una ley en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que obligaría a todos los administradores a anotarse en un Registro Público de Administradores de Consorcios (RPA) local.

Los autores de la que luego de sancionada fue la Ley 941 fueron el mismo Fernández (Bloque Justicialista), Delia Bisutti (ARI) y Sandra Dosch (Frente Grande) ^[1]. Hoy esta última es coordinadora del Programa de Calidad Institucional del Ministerio de Justicia ^[2] mientras que Bisutti es vocal de "Nuevo Encuentro" cuya mesa nacional está presidida por Martín Sabbatella ^[3].

Por aquel entonces, los administradores de consorcios no se imaginaron las transformaciones que sufriría aquella Ley 941 original. Ésta ley aprobada en 2002 sólo exigía en su artículo 9º que "los administradores deben, mediante declaración jurada, presentar un informe con la lista de consorcios en los cuales desempeñan sus tareas, detallando las altas y bajas producidas". Por otra parte, tenían una sola obligación y estaba relacionada con las condiciones para contratar a un proveedor del consorcio que –a su vez- eran cuatro: título o matrícula de corresponder, seguros de riesgo de trabajo de personal contratado, exigir factura y guardar una copia de la misma ^[4]. Eso era todo.

Su autor, Alberto Fernández en 2002 había sido electo legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el partido Acción por la República, liderada por Domingo Cavallo como candidato a jefe de Gobierno y Gustavo Béliz como candidato a vicejefe. Fue una pieza indispensable en la articulación de un acuerdo entre Eduardo Duhalde, por aquel entonces presidente de la Nación, y Néstor Kirchner que finalmente se concretó en septiembre de 2002.

Cuando impulsó la ley del Registro Público de Administradores en la CABA ya trabajaba estrechamente con el -por aquel entonces- candidato a presidente Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández ^[5]. Al asumir Néstor Kirchner la presidencia de la Nación el 25 de mayo de 2003, Fernández asumió como Jefe de Gabinete de Ministros y lo reemplazó en su banca en la Legislatura porteña Elena Cruz.

Un año antes, el 8 de febrero de 2002, Eduardo Duhalde, presidente de la Nación, ante "la crisis que aqueja a nuestro país, unánimemente reconocida, es de una profundidad y extensión inéditas" había decretado la doble indemnización para los despidos de personal sin causa justa (Decreto 264/2002). Esta medida afectó –como es natural- al personal en relación de dependencia de los consorcios de propietarios ^[6].

En junio de 2003, Alberto Fernández en su carácter de jefe de Gabinete de Ministros y Carlos Tomada, ministro de Trabajo, anunciaron la prórroga de la doble indemnización por 180 días. Explicaron que la medida se tomó debido al alto nivel de despidos laborales que se produjeron en lo que va del 2003 ^[7].

El 19 de noviembre de 2003, el Tribunal Superior de Justicia declaró inadmisible una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Ley 941 que presentó el Dr. Alberto Aníbal Gabás representando a una decena de administradores de consorcios.

El 3 de marzo de 2005, el Tribunal Superior de Justicia volvió a denegar una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 941. La sentencia, a la que tuvo acceso Pequeñas Noticias, fundamentada en 28 fojas, fue corta y lapidaria: "Por mayoría el Tribunal Superior de Justicia resuelve declarar inadmisible la acción de inconstitucionalidad planteada". De esta forma la ley que había logrado hacer aprobar Alberto Fernández en la CABA había sobrevivido a la segunda ofensiva judicial que habían promovido 15 administradores ^[8].

El 11 de septiembre de 2007, la doble indemnización llegó a su fin. El por aquel entonces ministro de Trabajo, Carlos Tomada, anunció que "se logró bajar la desocupación por debajo de dos dígitos en cualquiera de sus indicadores", y agregó: "por lo tanto, hemos estado reunidos con el señor presidente, quien firmó el decreto 1224, con relación al plus indemnizatorio, dando cumplimiento al artículo 4º de la Ley 25.972" ^[9].

En febrero de 2008, por pedido del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, los encargados de edificios comenzaron a realizar un relevamiento de la cantidad de aparatos de aire acondicionado que hay en cada edificio de la ciudad de Buenos Aires.

La medida llegó después de que los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal (SUTERH) mantuvieran una reunión con el funcionario del Palacio de Hacienda para analizar la forma en que los trabajadores de los consorcios podrían colaborar en la crisis energética.

Sin embargo, Alberto Fernández, sostuvo que los encargados no están obligados a responder el cuestionario. "Si no quiere no conteste, no está obligado", advirtió.

Por otra parte, las agrupaciones de encargados de edificios "2 de Marzo" de Rosario, "1 de Mayo" de la Plata y "20 de Diciembre" de Capital Federal rechazaron terminantemente el acuerdo y coincidieron en que a partir de este relevamiento se están "metiendo en la privacidad de los consorcistas" ^[10].

El 10 de diciembre de 2007, ante el fallecimiento de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, asumió la presidencia de la Nación.

A los seis meses, el 23 de julio de 2008, Alberto Fernández renunció a su cargo de Jefe de Gabinete de Ministros y abandonó el Gobierno nacional.

El 9 de diciembre de 2015 caducó el mandato de Cristina Fernández y asumió Mauricio Macri.

El candidato y las expensas

El pasado 18 de mayo, la senadora Cristina Fernández anunció que Alberto Fernández será candidato a presidente y ella su vicepresidente. En ese momento vuelve a cruzarse el camino del precandidato con el de la propiedad horizontal, pero esta vez en su calidad de consorcista.

Cuatro días después de su anuncio a la presidencia de la Nación, Clarín informó que "Alberto Fernández debe medio millón de pesos de expensas en un country", y detalló: "Es dueño de un lote en el barrio La Escondida, de Pilar, donde años atrás había alquilado una casa. No paga desde abril de 2017" ^[11].

Ese mismo día "El Destape" lo desmintió en los términos más duros: "En esta oportunidad el ataque vino por el lado de una supuesta deuda de expensas del exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner", y agregó: "Pero para vergüenza del cuestionado pasquín, esta operación fue rápidamente desmentida, por nada menos que el administrador del country en cuestión". Así lo hizo público el periodista de C5N Juan Amorín, en su cuenta de Twitter ^[12].

A modo de curiosidad para "La Jornada de Mendoza" medio millón les pareció poco y titularon una nota del día 27 de mayo "Alberto Fernández debe $1 millón de expensas" aunque en el cuerpo de la nota se informaba que la cifra eran los 500 mil pesos ya desmentidos ^[13].

Según Infobae, el mismo 25 de mayo, tras el lanzamiento oficial de la fórmula Fernández-Fernández, en un acto político en el partido bonaerense de Merlo el candidato presidencial Alberto Fernández dio a conocer su primer spot de campaña en las redes sociales ^[14].

Lo que lo relaciona con la propiedad horizontal es que en el video -hecho con imágenes del evento que había ofrecido ese mismo día a la tarde temprano en el microestadio de Ferro- se muestra junto a Víctor Santa María, presidente del justicialismo de la Ciudad y titular del SUTERH, en un salón colmado por 2.500 personas ^[15].

Santa María ratificó su relación con el precandidato al día siguiente en Radio Rivadavia (AM 650). Ante la pregunta del periodista si tiene relación cercana con Alberto Fernández explicó: "Sí, lo conozco. Hemos compartido varios momentos de la vida política de la Ciudad de Buenos Aires y del país también. Aún hoy seguimos charlando, dialogando y pensando también qué se puede hacer para el país" ^[16]