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Despido, mobbing y fraude laboral

Una abogada realizó una demanda millonaria a Defensa del Consumidor

[BPN-17/02/21] El pasado 17 de diciembre, una abogada que trabajó en la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC) porteño inició una demanda por más de un millón de pesos (1.158.156) contra el Gobierno de la CABA por indemnización por despido indirecto, mobbing y fraude laboral, entre otros. Es de recordar que la DGDyPC tiene a su cargo el Registro Público de Administradores (RPA) que es la entidad responsable de sancionar las infracciones contra la Ley 941 que pudieran cometer los mandatarios de los edificios.

Es de resaltar que la abogada denunció también que durante el tiempo que trabajó en la DGDyPC se le hicieron hacer tareas de militancia para "Juntos por el Cambio" en horario laboral bajo amenaza de despido y con los que no estaba de acuerdo.

Sobre este último punto relató textualmente:

[Vilma] Bouza, [directora General de DyPC], durante el periodo que laboré -desde que ingresé hasta mi despido indirecto- me hacía hacer tareas que no tenían que ver con el trabajo al que me contrataron, tareas de militancia para Juntos para el Cambio Frente del partido PRO, haciéndome entender que si no iba no les iba a agradar y que me podían echar del trabajo.

Estas tareas eran en el horario laboral muchas veces y fuera del horario hasta las 17 hs. y domingos en épocas de elecciones. Y los sábados en épocas de campaña me hacían asistir a las mesas de difusión partidaria de 10 a 14 hs y repartir los volantes políticos.

También me han enviado a hacer Call Center en 2017, donde hacía encuestas sobre el GCBA sobre el dengue, las plazas y qué opinaban sobre GCBA si veían que había más seguridad y si estaba cuidada, todo esto con miras de sondeo político.

Nos hacían ir sin mucha explicación, más que ir a cumplir con la tarea militante, a la que yo no estaba de acuerdo en realizar, pero no me quedaba otra porque necesitaba el trabajo. Siempre le manifesté al gerente [...] mi negativa de militar y siempre me decía lo mismo que iba a tener problemas con Bouza si no lo hacía.

La demandante trabajó para DGDyPC desde febrero de 2017 hasta el mismo mes de 2019. La acción judicial fue presentada en la secretaría 24 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 12 bajo el número de expediente 175937/2020.

Actualmente el RPA porteño está coordinado por Diego Sarrabayrouse, depende de Defensa y Protección del Consumidor cuya directora general es Vilma Bouza y cuyo superior directo es Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana.

Dos años de pesadilla

El relato de los hechos surgió del escrito que realizó la demandante en su presentación judicial. Al momento de la confección de esta nota no constaba en el expediente electrónico la consecuente respuesta del Gobierno de la CABA.

La querellante explicó que en el año 2016 realizó tareas en la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor porteño en el marco de una materia práctica de la UBA.

En diciembre de ese año Bouza le ofreció trabajar y la citó ese mismo mes en dos oportunidades para explicarle las condiciones del trabajo: Se desempeñaría como su asistenta, para acudir a reuniones y realizar conciliaciones como abogada profesional. Su remuneración sería de 25.000 pesos con aumento de bonos según el convenio del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la CABA (SUTECBA). En su escrito subrayo que nunca se le pagaron los bonos y aumentos prometidos.

El 6 de febrero de 2017 firmó un contrato como "Planta de Gabinete". Denunció que nunca se le dio copia del contrato que firmó.

Se fijó también que su horario laboral debía ser de lunes a viernes de 8 a 15 hs. (7 horas). Según la demandante, aunque contó con una asistencia perfecta nunca se le abonó el presentismo ni se lo consignó en los recibos de sueldo.

Sus tareas consistían en redactar notas administrativas, disposiciones, informes, análisis, seguimiento de expedientes, impulso de causas, atención al administrado y asesoramiento técnico legal. Reclamó que a pesar de haber realizado tareas como técnica jurídica, jamás se la categorizó como abogada.

En un principio, comenzó trabajando para la subgerente pero denunció que durante esa época recibió "trato indigno" y "mucho acoso laboral".

En su demanda relató que luego pasó a recibir órdenes del gerente quien no sólo tuvo un trato desaprensivo con ella sino que también la acosó laboralmente. En sus palabras contó: "Me trataba de manera desaprensiva y de mobbing laboral al punto que me cambió de área cuando le informé que iba a contraer matrimonio en septiembre de 2019 y en ese mismo mes me cambió del área jurídica al área administrativa haciéndome ir con la computadora y todas mis cosas del escritorio y mudarme".

El acoso habría comenzado en abril de 2019 en que se la puso a cargar en un Excel unos dos mil números de expediente por día (uno cada 12 segundos) en lugar de sus tareas de abogada. Cuando se quejó con el gerente éste le manifestó que la empleada anterior cargaba tres mil número de expediente por día (uno cada 8,4 segundos) y agregó que si no le gustaba "que se fije...".

En septiembre de 2019 informó a la oficina de personal que se casaría. Explicó que al enterarse su jefe, dirigiéndose a ella con comentarios despectivos y burlones, le anunció que sus tareas cambiarían.

Pocos días después la llamó Vilma Bouza y le anunció que su jefe le dijo que ella no trabajaba bien así que la trasladaban a la Comuna 7 (Flores) como "audiencista". Ante su negativa porque implicaba aceptar una categoría inferior le dijo que lo piense. La demandante, al día siguiente, le respondió que no podía pasar a esa comuna porque se le complicaba para retirar su hijo del colegio.

La consecuencia fue que se la trasladó a otro sector para hacer el seguimiento online de las denuncias de los consorcistas. En esta nueva etapa estuvo bajo las órdenes de la Gerente Operativa de Descentralización y Administración y de la Coordinadora Operativa las cuales la trataron con displicencia y sin interés aun en aquellos casos en que ella requería alguna guía en un trabajo para el cual no fue capacitada.

La demandante tenía fecha de casamiento para el 14 de noviembre pero en octubre el área de personal le comunicó que la licencia no estaba otorgada y la tuvieron a la expectativa hasta el 7 de noviembre en que se le otorgó una por 10 días.

El 17 de diciembre Bouza la citó en su oficina y le avisa que se le pagaría hasta el día 10 y que se tome vacaciones hasta el 2 de enero porque habría modificaciones en su régimen de trabajo.

El 4 de enero nuevamente la llamó y le pidió que se inscriba en la AFIP como monotributista aparentemente para realizar un "Contrato UBA". Se pretendía pasarla de empleada de planta a "prestadora de un servicio". Sin embargo, luego Bouza se retractó y le pidió que espere. Aparentemente la titular de la Dirección General aún no había sido ratificada en el cargo y no "tenía firma".

En diciembre le abonaron sólo un 25% de su salario habitual en concepto de Sueldo Anual Complementario (SAC) y haberes del mes.

El 10 de febrero, cuando –según instrucciones de Bouza- se presentó a trabajar, un empleado de seguridad le notificó que no podía entrar ni siquiera para retirar sus efectos personales de su escritorio. Y es por este último motivo que en la demanda le solicitó al Tribunal que también ordene judicialmente la restitución de su tablet Apple Epad 7, sus lentes recetados de sol y sus papeles de trabajo personales Envíe desde aqui su comentario sobre esta notaVolver al indice

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