Estamos cursando casi doce meses de una pandemia, que lejos de haberse terminado, nos amenaza nuevamente con una segunda ola. Lo transcurrido en este largo año no ha sido nada fácil para la administración de los consorcios, muchas dificultades se han sorteado y en especial al haber prorrogado los mandatos.

Si bien desde la dirección de Defensa al Consumidor alientan las asambleas virtuales para poder realizar las asambleas anuales, rendir cuentas, renovar mandato y fijar nuevos honorarios para la gestión, lo cierto es que a la luz de las formas en que se ha venido instalando esta "nueva normalidad", nada es sencillo a la orden de poderse reunir. Ni siquiera en aquellos consorcios que deciden hacerlo en forma presencial.

A pesar de que los doctrinarios, y la propia dirección, prodigan los beneficios de la virtualidad, desde la comodidad y con fundamentos jurídicos, la verdad de los hechos, ellos no administran. Es bastante dificultoso llevar a la práctica, en tiempo y forma, las miles de asambleas que quedaron truncas como consecuencia de la pandemia, y además cumplir con la última prórroga establecida para el próximo 31 de marzo.

Así se lo hicimos saber a las autoridades del Registro en la oportunidad de nuestra última reunión, en donde recibimos una rotunda negativa. Así las cosas, destacaremos las complicaciones que hemos recibido de nuestros asociados para poder cumplir con la fecha límite.

1) Poca asistencia: En los meses de enero y febrero es casi nula la asistencia de los propietarios.

2) Imposibilidad de los propietarios: Se da la situación de una población mayor que no puede acceder a la tecnología y que además son personas de riesgo. El administrador no encuentra solución para poder llevar adelante la asamblea. ¿Ese administrador se queda afuera del Registro por no poder rematricularse?

3) Administradores mayores de 60 años: El administrador es mayor de 60 años, los propietarios también y no acceden a la tecnología.

4) Vencimiento de los mandatos e imposibilidad de manejar la cuenta. Es menester que se prorrogue otra vez el mandato para solucionar la regularización de los consorcios.