Bouza ya había adelantado que se reinauguraría el buscador

Develó también la cantidad de edificios registrados en Defensa del Consumidor y cómo piensan controlar si los administradores declaran menos consorcios de los que realmente tienen.

Estos y otros temas de interés los hizo saber en el programa de televisión "Consorcios en la mira" que se trasmitió el sábado 30 de abril por canal Metro a las 11 de la mañana.

Bouza anunció que el buscador estará disponible en la página de Defensa al Consumidor e informará si éste tiene al día la matrícula, si presentó las declaraciones juradas o si tiene sanciones. Con respecto a las DDJJ, es de suponer que se refiere a las de cada uno de los consorcios que administra.

Aclaró que sólo serán visibles las sanciones que hayan quedado firmes, si fueron apeladas se seguirá presumiendo su inocencia hasta tanto la disposición sancionatoria haya quedado firme.

Es de recordar que durante más de 14 meses los consorcistas no pudieron consultar si un administrador estaba inscripto en el RPA y si tenía su matrícula al día. Al día de hoy el Gobierno porteño lleva gastados en el sistema de DyPC y el RPA cerca de 750 mil dólares ^[1].

Como datos "duros", Bouza develó que en los registros de Defensa y Protección del Consumidor hay registrados 38 mil consorcios administrados por 8.600 administradores. De una cuenta rápida surge que en promedio cada registrado administraría 4,42 consorcios.

En otro orden de cosas aclaró que en Defensa del Consumidor jamás se les pierde una denuncia: "Cuando cualquier ciudadano presenta una denuncia en Defensa al Consumidor esa denuncia jamás se pierde porque automáticamente se genera un expediente al cual nosotros le damos tratamiento luego de una denuncia. Siguiendo el procedimiento corresponde una audiencia de conciliación y después la instrucción de sumario", explicó.

Proporcionó también información sobre los rubros más denunciados aunque no proporcionó números: según informó, en primer lugar están las irregularidades en las liquidaciones de expensas (artículo 10º de la Ley 941), en segundo puesto el no ejecutar las decisiones de la asamblea (inciso "a" del artículo 9º de la Ley 941), el tercer puesto no lo mencionó pero el cuarto puesto lo comparten "no poner a disposición la información relativa al consorcio" y no devolver la documentación al consorcio cuando se renuncia (incisos "f" y "k" del artículo 9º de la Ley 941 respectivamente).

Actualmente el Registro Público de Administradores (RPA) porteño está coordinado por Diego Sarrabayrouse, depende de Defensa y Protección del Consumidor cuya directora general es la mencionada Bouza y cuyo superior directo es desde el 1º de agosto de 2021 Julia Domeniconi, secretaria de Atención y Gestión Ciudadana