Las multas contra administradores arañan los u$s 1,5 millones

por Claudio García de Rivas

[BPN-15/08/22] Desde que se comenzaron a publicar las disposiciones sancionatorias en el Boletín Oficial y hasta ahora, el Registro Público de Administradores (RPA) porteño recaudó más de 46 millones de pesos o casi un millón y medio de dólares (u$s 1.432.764) [1] en concepto de multas.

El año en que más se recaudó fue el 2016 con casi 296 mil dólares mientras que el menor fue en 2016 con casi 72 mil dólares. Es de destacar que –de continuar la tendencia de este primer semestre- el 2022 apunta a ser el año de más baja recaudación con poco menos de 66 mil dólares.

En el gráfico que ilustra esta nota se puede observar que el pico de multas ordenadas contra los administradores fue en 2017 coincidiendo con la presentación en la Legislatura del primer proyecto de Facundo Carrillo conocido como "Consorcio Participativo" [2]. Durante el año siguiente otra versión de ese proyecto fue aprobado (Ley 5.983) y a pesar de que las multas descendieron un 18%- se puede afirmar que en general sus números se mantuvieron.

En 2019 –con la ley aprobada el año anterior- el total de multas dispuestas y publicadas descendió en un 53% con respecto al año anterior decayendo lentamente año tras año hasta fines del 2021.

Analizando los totales de multas por infracciones a la Ley 941 por director general, bajo la gestión de Edgardo Aoun (desde el 1/10/2013 al 10/12/2015) se dispusieron y publicaron multas por casi 320 mil dólares mientras que durante la gestión de Vilma Bouza (desde el 1/01/2016 a la fecha) esa cifra creció hasta poco más de un millón cien mil dólares.

En otro orden de cosas, el valor promedio en dólares de las multas contra administradores por infracciones a la Ley 941 fue bajando desde 2014 hasta el 2022 en el que repuntó levemente. En 2014 la multa promedio fue de 5.449 dólares y en 2021 de 654 dólares.

Sin embargo, se puede observar que no sólo fue bajando el promedio recaudado por multa sino que también desde 2019 fue cayendo la cantidad de multas emitidas y publicadas en el BO.

Si el segundo semestre de este año es parecido al primero, la cantidad de multas será de unas 80, menos de la mitad que las emitidas durante 2017, segundo año de gestión de Bouza.

Por último -cuando se clasificaron las multas dispuestas y publicadas-, la sorpresa fue descubrir que durante los dos años en que Aoun fue Director General de Defensa del Consumidor la multa promedio rondaba los 3.200 dólares y durante la gestión de Bouza bajó a poco más de mil dólares.

Aunque resulta obvio, es de destacar que para poder realizar comparaciones de valores a lo largo de los años se hace imperioso convertir los pesos a una moneda que –si bien sufre cierta depreciación- tiende a conservar su valor real mucho mejor que el peso.

A modo de ejemplo una multa de 58.260 pesos [3] equivalía en junio de 2014 a 7.252,13 dólares (1 u$s = 8,03) mientras que el mes pasado esa misma cantidad de dólares representó casi un millón de pesos (906.806,34) con una cotización de 125,04 pesos por unidad.

Actualmente el Registro Público de Administradores (RPA) porteño está coordinado por Diego Sarrabayrouse, depende de Defensa y Protección del Consumidor cuya directora general es Vilma Bouza y cuyo superior directo es desde el 1º de agosto de 2021 Julia Domeniconi, secretaria de Atención y Gestión Ciudadana

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[1] Para calcular el valor dólar de cada multa se promediaron todas las cotizaciones de tipo comprador y vendedor a su valor oficial del mes de la firma de la disposición sancionatoria.

[2] Es de recordar que desde principios de 2017 el oficialismo porteño hizo una fuerte campaña para sancionar la Ley 5.983 que finalmente impuso la Aplicación Oficial Consorcio Participativo en 2018. Esta plataforma obligatoria -aún no reglamentada- concentrará todos los datos privados, comerciales y laborales de consorcios, propietarios e inquilinos. Esta incomprensible invasión a la privacidad y la concentración de datos privados de los vecinos en manos del Estado motivó varias causas judiciales y numerosos rechazos que duran hasta el día de hoy tanto de entidades de consorcistas como de administradores.