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Registro Público de Administradores porteño Aumentó la cantidad de multas dispuestas contra administradores
[BPN-15/03/23] Durante el año pasado aumentó en un 15,32% la cantidad de multas ordenadas por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (DGDyPC) porteño contra administradores de consorcios por infracciones a la Ley 941 (Registro Público de Administradores). En 2022 se ordenaron 557 disposiciones sancionatorias mientras que en 2021 fueron 493. De esas 557 la mayoría fueron multas económicas (554) mientras que 3 fueron apercibimientos. El año pasado se ordenaron también 5 sobreseimientos.
Desde que Pequeñas Noticias lleva un registro, DGDyPC ordena en promedio 497 disposiciones anuales. El año que menos sanciones ordenó fue en 2020 (434) mientras que el año pasado superó los niveles de 2019 (515). En pesos Las 554 multas económicas sumaron más de 41 millones de pesos (41.076.817) lo que representó un incremento del 46% con respecto al año anterior en el que se recaudaron más de 28 millones de pesos por este concepto.
La multa promedio del año pasado fue de 73.747 pesos mientras que la de 2021 fue de 58.213 pesos. Teniendo en cuenta que la inflación de un año a otro fue de un 100% se observa que en pesos el valor real de la multa promedio descendió. En dólares Convirtiendo los pesos de cada multa al valor promedio del dólar oficial de ese mes, durante el año pasado el Gobierno de la CABA recaudó en concepto de multas casi 320 mil dólares (319.417) lo que representó un incremento del 10,62% con respecto al año anterior. En 2021 dispuso multas por casi 289 mil dólares (288.760).
En dólares se confirma que las multas no siguen el ritmo de la inflación, mientras que la sanción promedio del año pasado fue de u$s 604 durante el 2021 fue de u$s 577 o sea que su valor descendió casi un 5% (4,56). La judicialización Se observó que al mismo ritmo que crecen las disposiciones sancionatorias aumentan también las presentaciones de los administradores de consorcios en la justicia para revocarlas.
Se puede observar como lentamente el porcentaje de sanciones recurridas va subiendo luego de la caída abrupta del 2020, año de inicio de la pandemia.
Actualmente,
el Registro Público de Administradores (RPA) porteño está coordinado
por Diego Sarrabayrouse, depende de Defensa y Protección del
Consumidor cuya directora general es Vilma Bouza y su superior
directo es desde el 1º de agosto de 2021 Julia Domeniconi,
secretaria de Atención y Gestión Ciudadana y es dependiente
funcional de Eduardo Macchiavelli, secretario de la Unidad de
Proyección Federal y Desarrollo Territorial (UPFDT) |
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