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Multas impagas por infracciones a la Ley 941

Aumentó drásticamente la apertura de causas judiciales

[BPN-15/07/23] Durante el primer semestre de este año la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor porteño aumentó en casi un 600% con respecto al mismo período del año pasado la apertura de causas judiciales por falta de pago de multas dispuestas por infracciones a la Ley 941 (Registro Público de Administradores de Consorcios porteño).

Según fecha de apertura de causas

Año

Causas

Nominal $

u$s

2022

43

2.316.889

28.702

2023

299

20.136.063

197.008

Durante el primer semestre de 2022 la DGDyPC abrió 43 causas judiciales con la intención de cobrar multas impagas por un valor de más de 2 millones de pesos y este año esa cifra trepó a las 299 causas por un valor de más de 20 millones de pesos o unos 197 mil dólares [1]. Eso representó un incremento de su cantidad en un 595%, de sus montos en pesos en un 769% y de su monto en dólares en un 586%.

Las causas que se abrieron durante este primer semestre corresponden a deudas por disposiciones sancionatorias impagas ordenadas desde el 2013 hasta el 2022.

Año

2023

Demora promedio

2022

151

9 meses, 23 días

2021

105

1 año, 10 meses, 3 días

2020

33

2 años, 9 meses, 29 días

2019

6

3 años, 9 meses, 14 días

2018

2

4 años, 5 meses, 11 días

2013

1

9 años, 10 meses, 27 días

Sin datos

1

Sin datos

Total

299

3 años, 4 meses, 15 días

En uno de los casos, desde que se ordenó la sanción en 2013 hasta que se presentó al juzgado para su cobro judicial pasaron 9 años, 10 meses y 27 días. En el 51% de los casos la demora en tratar de cobrar judicialmente la deuda fue de casi 10 meses y en el 35% la demora fue de casi dos años.

En promedio, se esperó casi tres años y medio para intentar cobrar judicialmente una sanción.

Fecha de Apertura de Causas

Año

Causas

Nominal $

Valor Actualizado $

2022

43

2.316.889

7.682.275

2023

299

20.136.063

52.731.050

Por otra parte, los más de 20 millones de pesos nominales que se presentaron a la justicia para cobrar este año, actualizados al día de la confección de esta nota representaban casi 53 millones de pesos.

Actualmente, el Registro Público de Administradores (RPA) porteño está coordinado por Diego Sarrabayrouse, depende de Defensa y Protección del Consumidor cuya directora general es Vilma Bouza y su superior directo es desde el 1º de agosto de 2021 Julia Domeniconi, secretaria de Atención y Gestión Ciudadana y es dependiente funcional de Eduardo Macchiavelli, secretario de la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial (UPFDT) Envíe desde aqui su comentario sobre esta notaVolver al indice

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