Tras casi 8 años se fue Vilma Bouza

Había sido nombrada el 18 de enero de 2016 por Horacio Rodríguez Larreta y Felipe Miguel mediante el Decreto 83 para reemplazar al Crio. Edgardo Aoun y duró en su cargo exactamente 7 años, 10 meses y 22 días.

Finalizó así una gestión muy polémica: se involucró activamente en la campaña que llevó el Gobierno por tratar de imponer Consorcio Participativo contra la voluntad de la mayoría de la comunidad consorcial, fue cuestiona por su desempeño a la hora de sancionar a los administradores que incumplieron con la Ley 941 (Registro Público de Administradores), en 2019 y 2023 tuvo dos informes adverso de la Auditoría General de la CABA y fue severamente cuestionada por el desempeño y costo de las herramientas informáticas que el RPA debe poner pone a disposición de vecinos y administradores, en especial el buscador de administradores.

El 15 de diciembre, cinco días después de la publicación en el Boletín Oficial de su cesantía anunció en sus redes sociales su nombramiento como directora de Actuaciones por Infracción de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial Nacional cuyo titular es Fernando Blanco Muiño quien había sido director nacional de Defensa del Consumidor de la administración de Mauricio Macri.

En lo concerniente a la propiedad horizontal, su gestión estuvo muy comprometida con los diferentes proyectos políticos para los consorcios de Rodríguez Larreta.

El más importante de todos y que finalmente no pudo concretar, fue el proyecto que intentó que todos los consorcios de la CABA deban liquidar obligatoriamente sus sueldos y expensas mediante una aplicación oficial llamada "Consorcios Participativo". Un proyecto que a primera vista a los ojos del público pareció inocente pero que rápidamente comenzó a generar resistencia entre todos los actores de la comunidad consorcial. En la práctica hubiera concentrado en manos del Ejecutivo porteño todos los datos privados y económicos de inquilinos, propietarios y encargados de esta ciudad. También hubiera atentado contra la industria informática que actualmente brinda este servicio a los consorcios.

Esta iniciativa fue de autoría de su superior, Facundo Carrillo ^[1], y empezó a gestarse en secreto a principios de 2017. Rodríguez Larreta la hizo pública el 10 de octubre de 2017 ^[2] y desde ese comienzo se ganó el rechazo de la mayoría de los actores consorciales de peso. A pesar de ser una funcionaria de carrera, Bouza acompañó políticamente ese proyecto defendiéndolo a capa y espada -tanto en los medios como en las conferencias a las que se la invitó a disertar- intentando convencer y explicar las que ella consideraba sus virtudes.

Finalmente, ese año el proyecto Carrillo no prosperó pero al año siguiente lo volvió a presentar y consiguió que se apruebe aunque a raíz del firme rechazo generalizado nunca lo pudo reglamentar.

Para entender un poco en qué contexto Bouza asume es de recordar que durante la gestión de Juan Manuel Gallo al frente de Defensa del Consumidor porteño y de Gabriela Pilar Saldivia al frente del RPA se impusieron a los consorcios innumerables obligaciones económicas cuyo único propósito parecía ser beneficiar a los proveedores que los brindaban. El más emblemático fue la "máscara de humo" ^[3] para los encargados pero no menos importantes fueron la creación de numerosos libros para los consorcios que al poco tiempo se derogaban para ser reemplazados por otros.

Lo importante es que estos libros debían ser rubricados en Defensa del Consumidor pero –de acuerdo a las numerosas denuncias- sólo se rubricaban aquellos que habían sido fabricados por un proveedor en particular, lo llamaban "el libro de la tapa negra". En 2011 ya existían 10 libros ^[4] y en 2012 Gallo creó el más polémico de todos: el "Libro de Datos" que con el tiempo lo convirtió en uno que debía comprarse y rubricarse anualmente ^[5].

En este clima Bouza a fines de su primer año de gestión creó el Libro de Propietarios. En 2010 Gallo había unificado el Libro de Firmas y el de Propietarios en uno sólo y Bouza los volvió a separar en dos con diversos argumentos legales ^[6]. Los consorcios debieron salir a comprar a precios exagerados este nuevo libro.

Ese mismo mes Andrés Zulberti, coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3, pidió a Rodríguez Larreta dos cosas: que "reconsidere" la creación de ese libro y que Bouza renuncie pero le denegaron las dos ^[7]. Con posterioridad apeló ante la Defensoría del Pueblo aunque no tuvo éxito. Ese año Pequeñas Noticias realizó un estudio que develó que ese libro -que ya el 87% de la comunidad rechazaba- costaba fabricarlo entre 20 y 30 pesos y se estaba vendiendo a 800 y 850 pesos ^[8].

Con respecto al libro de datos, a principios de 2018 ordenó su derogación luego de 7 años de vigencia y un costo estimado para los consorcistas porteños de 25 millones de dólares pero recién al año siguiente ^[9].

Teniendo en cuenta que Bouza representó desde el Estado local los intereses de los consumidores y estuvo a cargo del Registro Público de Administradores su control del registro de administradores también fue muy cuestionado.

Uno de los puntos más relevantes fue la diferencia que hubo durante su gestión entre la cantidad de denuncias contra administradores de consorcios por infracciones a la Ley 941, la cantidad de disposiciones sancionatorias que firmaba y la cantidad que finalmente se terminaba publicando en el Boletín Oficial.

Para tener una idea de la dimensión del problema, a fines de 2022 le faltó publicar el 46% de las disposiciones sancionatorias que ordenó en 2018, el 64% de las ordenadas en 2019, el 54% de las ordenadas en 2020, el 22% de las de 2021 y el 24% del 2022. Nunca pudo explicar convincentemente la razón de estos números.

También la relación entre denuncias recibidas y sanciones emitidas fue llamativa. En 2022 recibió 1904 denuncias y emitió 562 sanciones.

Su productividad empeora si a esos números se le restan las apeladas ante la Justicias por los sancionados y las que nunca fueron pagadas y –con mucho atraso- la Ciudad tuvo que recurrir a la Justicia para cobrarlas ^[8].

En febrero de 2021 el buscador de administradores del RPA dejó de funcionar y recién en enero de 2023 –luego de casi dos años y un gasto aproximado de un millón de dólares- volvió a prestar servicio normalmente.

La lucha por lograr que Defensa del Consumidor nuevamente ponga a disposición de la comunidad consorcial el buscador de administradores fue larga y costosa.

En marzo de 2021 Zulberti le pidió a Bouza que explique la razón por la cual todavía no había cumplido con el artículo 7° de la Ley 941 que ordena al Registro Público de Administradores local informar mediante su página web en forma pública y gratuita -entre otras cosas- las sanciones que se hubieren impuesto a los administradores durante los dos últimos años ^[9].

Ese año Defensa del Consumidor comenzó una seguidilla de contrataciones directas a favor de Prominente SA para mantener y ampliar su sistema informático y el del Registro Público de Administradores. Hasta fines del año pasado DyPC gastó aproximadamente un millón de dólares por este concepto independientemente de otro programa informático que desarrolló para el programa BA Concilia ^[10].

En mayo de 2021 el buscador debutó con importantes fallas ^[11], en junio Zulberti denunció a Bouza ante la Procuración ^[12] y recién en enero de 2023 se habilitó definitivamente ^[13]