Caída de la disposiciones publicadas y aumento de las reincidencias

[BPN-15/01/24] Durante el año pasado la cantidad de disposiciones sancionatorias contra administradores de consorcios por infracciones a la Ley 941 (Registro Público de Administradores) publicadas en el Boletín Oficial cayó un 48% ^[1] con respecto al año anterior. Por otra parte, los reincidentes comparado con el total de sancionados treparon a un 42%. Durante 2023 se publicaron más de 22 sanciones a administradores que acumulaban cuatro o más infracciones previas durante los dos años anteriores.

El análisis sistematizado de las disposiciones sancionatorias publicadas en el Boletín Oficial contra administradores de consorcios permite obtener algunos datos interesantes sobre el universo de los sancionados y el desempeño del Registro Público de Administradores (RPA).

En primer lugar, se obtuvo la cantidad de disposiciones, sus montos en pesos y en dólares ^[2] (para poder compararlas año tras año). En segundo, la cantidad de reincidencias de cada administrador sancionado y los motivos de esa sanción. Estos últimos serán tratados en una edición posterior.

Durante el 2023 se publicaron en el Boletín Oficial de la CABA 451 disposiciones sancionatorias contra 464 administradores de consorcios por más de 47 millones de pesos o más de 230 mil dólares a cotización oficial.

Eso significó una caída del -48% en la cantidad de disposiciones, un -47% en la cantidad de sancionados, un -19% en la recaudación en pesos y de un -58% en la recaudación en dólares.

Mientras que en 2022 de los 870 sancionados publicados en el Boletín Oficial los reincidentes (administradores con más de una sanción) fueron el 29%, en 2023 ese porcentaje trepó hasta el 42% de los sancionados.

Otro tema a destacar es que –en términos reales- el promedio de las multas viene bajando sin prisa ni pausa de año en año.

Mientras que en 2014 la multa promedio era de 6.242 dólares a cotización oficial, durante el año pasado fue de 497 dólares.

Desde 2014 -año en que se comenzaron a publicar las disposiciones sancionatorias en el Boletín Oficial- a la fecha el Gobierno porteño recaudó más de 2 millones de dólares en concepto de multas.

En la tabla cuando figura "1ª vez" significa que en el momento que se ordenó la disposición sancionatoria el administrador ya contaba con una sanción previa durante los dos últimos años. En general se informa también el número de disposición. O sea que si un administrador figura con 5 sanciones previas en realidad ya tiene 6, la actual más las 5 anteriores.

Es notable como año tras año algunos administradores fueron acumulando cada vez más reincidencias. En 2019 se publicó por primera vez disposiciones contra administradores que tenían dos sanciones previas, en 2020 ese límite se movió a las 4 reincidencias, en 2022 llegó a 6 y en 2023 un administrador logró el record de 7 sanciones previas durante los dos últimos años.

Como la cantidad de sanciones publicadas en el Boletín Oficial sube y baja siguiendo una lógica que hasta ahora no se entiende, se calculó el porcentaje de administradores reincidentes en relación a las sanciones publicadas.

En la tabla precedente se observa que –con excepción de 2018- año tras año crece el porcentaje de reincidentes.

En general a lo largo de los años la cantidad de administradores varones sancionados se van equiparando con el de mujeres. Mientras que en 2014 los varones representaron el 59% de los casos contra el 35% de las mujeres, el año pasado esos números bajaron al 49% y 42% respectivamente.

En el gráfico se aprecia que siempre la cantidad de sancionados varones superó a de las mujeres. Esa brecha aumentó en 2020 y 2022 y en 2023 se volvió a cerrar a sus niveles históricos.

Actualmente, el Registro Público de Administradores (RPA) porteño está coordinado por Diego Sarrabayrouse, depende de Defensa y Protección del Consumidor cuya director general es desde el 20 de diciembre Carlos Traboulsi y su superior directo es desde enero de 2024 la Subsecretaria de Servicios al Ciudadano (Facundo Bargalló Benegas) y ésta a su vez de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano (César Ángel Torres)