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Multas impagas por infracciones a la Ley 941

Aumento importante de causas judiciales

[BPN-15/01/24] Durante el año pasado la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor porteño aumento en casi un 360% la apertura de causas judiciales con respecto al mismo período del año pasado por falta de pago de multas dispuestas por infracciones a la Ley 941 (Registro Público de Administradores de Consorcios porteño).

Según Fecha de Apertura de Causas

Año

Causas

Nominal $

Nominal u$s

Diferencia

2022

111

7.144.914

94.803

178 %

2023

510

40.972.116

320.268

359 %

Durante el 2022 la DGDyPC abrió 111 causas judiciales con la intención de cobrar multas impagas por un valor de más de 7 millones de pesos y este año esa cifra trepó a las 510 causas por un valor de casi 41 millones de pesos o unos 320 mil dólares [1]. Eso representó un incremento de su cantidad en un 359%, de su total en pesos en un 473% y de su monto en dólares en un 238%.

Las 510 causas que se abrieron durante el 2023 corresponden a deudas por disposiciones sancionatorias impagas ordenadas desde el 2017 hasta el 2023 y una de 2013.

Año

Cantidad

Demora promedio

2013

1

9 años, 10 meses, 27 días

2017

2

6 años, 4 meses, 26 días

2018

3

4 años, 10 meses, 2 días

2019

11

3 años, 10 meses, 21 días

2020

52

3 años, 13 días

2021

129

1 año, 10 meses, 24 días

2022

180

10 meses, 2 días

2023

131

6 meses, 24 días

Sin Datos

1

 

Total

510

3 años, 11 meses, 2 días

En uno de los casos, desde que se ordenó la sanción en 2013 hasta que se presentó al juzgado para su cobro judicial pasaron 9 años, 10 meses y 27 días (en rojo).

En el 61% de los casos la demora promedio en tratar de cobrar judicialmente la deuda fue de más de 8 meses y en el 392% de los casos restantes fue de tres años y tres meses.

En resumen, se esperó casi cuatro años antes de intentar cobrar judicialmente una sanción.

Apertura de Causas

Año

Causas

Nominal en $

Actualizado $

2022

111

7.144.914

99.105.822

2023

510

40.972.116

51.927.528

Por otra parte, los casi 41 millones de pesos nominales que se presentaron a la justicia para cobrar este año, actualizados al día de la confección de esta nota representaban casi 52 millones de pesos (en rojo).

Este trabajo se realizó sobre datos de consultas públicas recopiladas laboriosamente del Poder Judicial de la CABA a lo largo de todo el año por Andrés Zulberti, coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3.

Actualmente el Registro Público de Administradores (RPA) porteño está coordinado por Diego Sarrabayrouse, depende de Defensa y Protección del Consumidor cuya director general es -desde el 20 de diciembre de 2023- Carlos Traboulsi y su superior directo es desde enero de 2024 la Subsecretaria de Servicios al Ciudadano (Facundo Bargalló Benegas) y ésta a su vez de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano (César Ángel Torres) Envíe desde aqui su comentario sobre esta notaVolver al indice

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