El año pasado bajó levemente la cantidad de sanciones dispuestas

[BPN-15/02/24] Durante el año pasado bajó un -20% la cantidad de multas ordenadas por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (DGDyPC) porteño contra administradores de consorcios por infracciones a la Ley 941 (Registro Público de Administradores porteño). En 2023 se ordenaron 457 disposiciones sancionatorias mientras que en 2022 fueron 562. De esas 457 la mayoría fueron multas económicas (445) mientras que 1 fue un apercibimiento. El año pasado se ordenaron también 11 sobreseimientos.

A diferencia de otros análisis que realiza la redacción de Pequeñas Noticias sobre las disposiciones sancionatorias, en este caso se analizaron las firmadas o dispuestas durante 2023 aunque no hayan sido publicadas. Los tres datos que la DGDyPC proporciona (fecha, Nº de disposición y monto de la sanción) permite obtener varios datos de interés para la comunidad consorcial.

Desde que Pequeñas Noticias lleva este registro, la DGDyPC ordenó en promedio 490 disposiciones anuales. El año que menos sanciones dispuso fue en 2020 (428+6=434) mientras que la mayor cantidad fue en 2022 (557+5=562).

Por último, y como dato de color, el 56% de las disposiciones que se firmaron el año pasado fueron un martes o un jueves mientras que el 44% restante se repartió entre los lunes, miércoles y viernes.

Las 446 multas económicas sumaron más de 52 millones de pesos lo que representó un incremento del 26,96% con respecto al año anterior en el que se recaudaron más de 41 millones de pesos por este concepto.

La multa promedio del año pasado fue de 116.932 pesos mientras que la de 2022 fue de 73.747 pesos. Teniendo en cuenta que la inflación de un año a otro fue de un 211,40% se observa que en pesos el valor real de la multa promedio descendió 152,84 puntos porcentuales.

Convirtiendo los pesos de cada multa al valor promedio del dólar oficial de ese mes, durante el año pasado el Gobierno de la CABA recaudó en concepto de multas más de 195 mil dólares lo que representó una disminución del -38,71% con respecto al año anterior. En 2022 dispuso multas por más de 319 mil dólares.

En dólares se confirma que las multas no siguen el ritmo de la inflación, mientras que la sanción promedio del año pasado fue de u$s 440 durante el 2022 fue de u$s 577 o sea que su valor descendió casi un -23,69%.

Durante el 2023 se publicaron en el BO 377 de las 446 disposiciones ordenadas y faltó publicar un 17,51% (80 disposiciones).

Durante 2023 en promedio una disposición sancionatoria demoraba en ser publicada en el Boletín Oficial 5 meses y 20 días en contraste con los 10 meses, 20 días que demoraba en 2022. Por su parte Carlos Lionel Traboulsi, el nuevo director general de DyPC, prometió que esos tiempos serían acelerados.

Se observó que el año pasado bajó significativamente la cantidad de presentaciones de administradores de consorcios ante la justicia para revocar las sanciones.

Luego de una racha alcista de tres años el número de apelaciones fue el menor desde 2020, año inicial de la pandemia.

Actualmente el Registro Público de Administradores (RPA) porteño está coordinado por Diego Sarrabayrouse, depende de Defensa y Protección del Consumidor cuya director general desde el 10 de diciembre de 2023 es Carlos Traboulsi y su superior directo es desde enero de 2024 la Subsecretaria de Servicios al Ciudadano (Facundo Bargalló Benegas) y ésta a su vez de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano (César Ángel Torres)