La publicación de sanciones en el Boletín Oficial en caída libre

[BPN-15/07/24] Durante el primer semestre de este año la cantidad de publicaciones de sanciones ordenadas contra administradores de consorcios por infracciones a la Ley 941 (Registro Público de Administradores porteño) descendió en un 58,1% con respecto al mismo período del año pasado. Mientras que durante los seis primeros meses de 2023 se publicaron 215 disposiciones sancionando 219 administradores, desde enero hasta junio de este año se publicaron sólo 90 contra 94 mandatarios.

De las 90 disposiciones publicadas este año 35 fueron ordenadas por la anterior directora general de Defensa y Protección al Consumidor, Vilma Bouza, mientras que 55 las dispuso su actual director, Carlos Lionel Traboulsi.

Las multas del casi centenar de sanciones publicadas durante los tres primeros meses de este año totalizaron casi 15 millones de pesos o casi 26 mil dólares. Un descenso de un -26,6% en pesos y un -78,7% en dólares con respecto a lo publicado el año pasado.

Por otra parte, se observa que el valor promedio en dólares de las multas también bajó. Este año una multa promedio en dólares bajó un -50,3% y en pesos subió un 71%, mucho menos que el 254,2% de inflación interanual informada para el mes de enero y el 271,6% estimada para junio.

Desde el año 2014 se publicaron en el Boletín Oficial 2.345 disposiciones sancionatorias contra 2.425 administradores.

Es de destacar que la mayor cantidad de publicaciones se realizó durante la gestión de Bouza, más de 2 mil publicaciones por multas que superaron los 141 millones de pesos o casi 1,8 millones de dólares.

Sin embargo, a Bouza se le criticó reiteradamente que del total de las 2.940 disposiciones ordenadas desde 2018 hasta 2023 sólo publicaron en el Boletín Oficial 1.895 lo que representó un 64,5% del total [1]. Sobre las disposiciones sancionatorias que nunca se publicaron no pudo dar una respuesta convincente.

Por su parte, Traboulsi en enero había prometido a los porteños que estaba cambiando la metodología en la redacción de las disposiciones y de sanciones para que sean más ejecutables y se puedan llegar a cobrar. En una entrevista concedida a Pequeñas Noticias había señalado: "[queremos] que sean efectivamente publicadas para que el consumidor tome conocimiento de las sanciones que se les aplica a los administradores. Que esa sanción de publicación sea efectiva, o sea que el vecino pueda verla directamente".

Su objetivo era buscar el control social de la actividad [2]. Sin embargo, en una entrevista que le realizó Consorcios 360 develó que la "gestión de Jorge Macri empezó con una reducción del 35% de empleados dentro de todo el Gobierno de la Ciudad, no solamente la dirección nuestra" lo que hace suponer que se le hará muy complicado cumplir con este objetivo [3].

Desde 2018 hasta el año pasado Defensa y Protección al Consumidor ordenó un promedio de 490 sanciones contra administradores. O sea que debería publicar 41 disposiciones por mes y durante el primer semestre debió haber publicado 246. Cómo sólo publicó 90 arrastra un déficit de 156 disposiciones sobre las que los consorcistas porteños no podrán ejercer el tan mentado control social