Subieron fuertemente las causas judiciales para cobrar las multas

[BPN-15/11/25] Durante los primeros diez meses de este año, la apertura de causas judiciales por ejecuciones fiscales por multas impagas por infracciones a la Ley 941 subió un 169%. Este incremento surgió de un relevamiento realizado por la Comisión de Consorcios de la Comuna 3 de la CABA, cuyo titular es Andrés Zulberti.

Mientras que hasta octubre del año pasado se habían abierto 92 expedientes en la Justicia por 183 millones de pesos (197 mil dólares), este año esa cifra trepó a 242 expedientes por 132 millones de pesos (110 mil dólares)⁷. El valor del dólar se calculó promediando la cotización compradora y vendedora del dólar oficial del año de la disposición sancionatoria que se pretende cobrar.

Sumando los primeros diez meses de cada año, desde 2019 a la fecha ingresaron a la Justicia más de mil causas por 360 millones de pesos, o casi 700 mil dólares, a valores nominales. A esos valores habrá que sumarle honorarios de abogados, costas judiciales, intereses y punitorios de corresponder.

El trabajo de Zulberti consistió en registrar periódicamente en una base de datos organizada los detalles más relevantes de las causas judiciales iniciadas por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor porteño para intentar cobrar multas impuestas por infracciones a la Ley 941 (Registro Público de Administradores).

Llamó la atención que desde 2019, promediando las ejecuciones fiscales contra el total de disposiciones sancionatorias ordenadas, el 34% de las multas debieron ser cobradas por la vía judicial. El valor de disposiciones totales consignado para el 2025 fue estimado según los números del primer semestre.

Hubo años en que se abrieron casi tantas causas para cobrar deudas por infracciones como sanciones se ordenaron (2023). Para este año se calcula que habrá unas 378 multas, mientras que durante los diez meses pasados ingresaron 242 causas para cobrar deudas impagas (64%).

Si se compara el año de la disposición sancionatoria contra el año de su presentación en la Justicia, este año la demora fue de 14 meses y medio, el mismo valor que el año pasado.