Sumario administrativo por el curso del SERACARH

[BPN-02/10/13] El pasado 5 de septiembre, la Defensoría del Pueblo de la CABA, mediante la Resolución 1957/13, le solicitó al Procurador General porteño que inicie sumario administrativo para que se determinen responsabilidades por el dictado de la Disposición 1.698/12 que creó la obligación que los encargados de edificios deban realizar un curso en el SERACARH.

Reiteró también a la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC) porteña que deje sin efecto esa obligación y giró el contenido de la resolución y copia del dictamen emitido por la Procuración General al jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la CABA, Lic. Horacio Antonio Rodríguez Larreta, al subsecretario de Atención Ciudadana, Lic. Marcelo Daniel Olivet Heredia, y al presidente de la Comisión de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Legislatura porteña, diputado Antonio Rubén Campos.

En sus considerandos, la Dra. Alicia Pierini, titular de la Defensoría del Pueblo y firmante de la resolución, advirtió que si el funcionario titular de la DGDyPC "y, llegado el caso, los de las reparticiones jerárquicamente superiores no adoptan las medidas necesarias para dejar sin efecto la mentada disposición se incurrirá en una grave falta administrativa susceptible de ser denunciada en sede administrativa y judicial, con las consecuentes responsabilidades que de tal inconducta se deriven".

También recordó que "en tal sentido, es menester remarcar que la Constitución porteña establece expresamente que ‘los funcionarios de la administración pública de la Ciudad, de sus entes autárquicos y descentralizados, son responsables por los daños que ocasionan y por los actos u omisiones en que incurrieran excediéndose en sus facultades legales...’ (Art. 56º de la Constitución de la CABA)".

Si bien la resolución fijó en 5 días el plazo previsto (según el artículo 36º de la Ley 3 de la CABA) para que se trate su resolución con carácter de urgente y preferencial, al día de la confección de esta nota no se habían producido novedades.

Según surge de la Resolución 1.957/13, la Dra. Alicia Pierini reiteró su recomendación de derogar definitivamente la Disposición 1.698 teniendo en cuenta el "contundente y decisivo" dictamen jurídico que emitió el procurador Dr. Julio Marcelo Conte Grand el pasado 5 de agosto.

En dicho dictamen, el procurador concluyó que "la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor no posee competencia para emitir actos administrativos como la Disposición Nº 1698/DGDYPC/12".

Entre otros argumentos, Conte Grand sostuvo que "el órgano emisor del referido acto administrativo carece de competencia material para dictarlo, por lo tanto, en razón de que la repartición que dictó el acto administrativo cuestionado desarrolla su actuación en la órbita del Poder Ejecutivo de la Ciudad, deberá promover la modificación que pretende respetando la vía jerárquica correspondiente mediante la elaboración del pertinente proyecto de ley que eventualmente lo dote de las facultades comprensivas de la emisión de normas de la naturaleza de la cuestionada" [BPN Nº 503 del 11/09/13: "La procuración se expidió contra el curso del SERACARH"].

La Defensora del Pueblo de la CABA les advirtió al director general de Defensa y Protección del Consumidor y, llegado el caso, a sus superiores que si no se deroga la Disposición 1.698 se incurrirá en una falta grave que podría ser denunciada en sede administrativa y judicial. También recordó que el artículo 56º de la Constitución porteña sostiene que los funcionarios que se exceden en sus funciones son responsables por los daños que ocasionan.

Actualmente, los superiores del titular de Defensa y Protección del Consumidor son, en primer término, Eduardo Macchiavelli, secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, y en segundo término Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gabinete de Ministros.

El Dr. Norberto Darcy, jefe del Área de Consumidores, Usuarios y Administrados de la Defensoría del Pueblo de la CABA, adelantó que "habría que esperar el desarrollo de los acontecimientos porque se abriría una puerta para que los consorcios reclamen por los valores depositados dado que lo hicieron obligados por una disposición dictada en exceso de facultades".