Se fue Aoun y llegó Vilma Bouza

[BPN-10/03/16] La Dra. Vilma Cecilia Bouza es la nueva directora general de Defensa y Protección del Consumidor (DyPC) de la ciudad de Buenos Aires. Su antecesor, el Crio. Mayor (R) Edgardo Aoun, habría asumido la Dirección de Reunión Interior de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) ex SIDE.

Conforme al sitio Web del PRO, Vilma Bouza nació el 29 de marzo de 1967 y comenzó su militancia en el partido macrista en el 2003. Es abogada y docente universitaria de Práctica Profesional de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Además, se especializa en la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios.

Asimismo, se desempeñó como Directora General Adjunta de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, como Controladora Administrativa de Faltas de la CABA y Secretaria General de la Comuna 11. En 2011 se postuló para ser legisladora de la ciudad por el PRO como octava candidata suplente.

Mediante el Decreto 83/16 (BO: 21/01/16) se oficializó su nombramiento. La norma fue firmada el 18 de enero por el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta,; y el Jefe de Gabinete, Felipe Miguel. De acuerdo al Decreto 363/15 (BO: 16/12/15), el sueldo de Bouza sería de 51.672 pesos mensuales.

En el marco del cambio de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, el pasado 18 de diciembre el medio digital Adelanto 24 informó que Aoun será el encargado de tomar las riendas de la Dirección de Reunión Interior de la ex SIDE. Por otra parte, ese medio recordó que el excomisario se retiró de la Federal en el año 2003, tras 34 años de servicio y que durante su paso por la fuerza policial se desempeñó como jefe de la división Robos y Hurtos y de la Dirección de Policía Ferroviaria.

Mediante el Decreto 528 firmado el 27 de diciembre de 2013 (BO: 03/01/14), Aoun asumió como director general de Defensa y Protección del Consumidor –en reemplazo del Dr. Juan Manuel Gallo que había renunciado- y ejerció su cargo durante un año, 11 meses y 22 días. Anteriormente, se había desempeñado como titular de la Gerencia Operativa de Inspecciones, dependiente de la repartición que luego dirigió.

Al poco tiempo de comenzar su gestión, derogó la Disposición 4.116 emitida por su predecesor que había establecido una detallada escala de multas a pagar por los administradores que cometieron infracciones a la Ley 941.

Uno de los temas más polémicos durante su primer año al frente de Defensa del Consumidor fue el mal funcionamiento del aplicativo online necesario para que los administradores de consorcios carguen sus declaraciones juradas anuales con el fin de renovar su matrícula en el Registro Público de Administradores (RPA) porteño.

Cabe remarcar que durante varios meses el aplicativo no funcionó correctamente, hubo prórrogas a causa de los "errores aleatorios" y esta situación trajo aparejadas innumerables quejas por parte de administradores y consorcistas.

En otro orden de cosas, en julio de 2014, Aoun dispuso una segunda versión del Régimen de Certificación de Edificio Seguro mediante la Disposición 1.541. Durante ese año, también multó a 23 mandatarios por un total de 1.014.921 pesos, promediando 44.127 pesos por cada uno.

Según una encuesta que Pequeñas Noticias realizó entre sus lectores durante marzo de 2015, el 87% de los consultados consideró que el desempeño del RPA durante 2014 fue negativo.

Ya en marzo de 2015, una de las medidas tomadas por Aoun fue la mudanza del RPA al segundo piso del edificio de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, ubicado en la calle Maipú 169, en el barrio porteño de San Nicolás.

Por otro lado, el 19 de octubre de 2015, el legislador porteño Gabriel Fuks (FpV) denunció que el PRO desmanteló Defensa y Protección al Consumidor y alertó que la cantidad de disposiciones dictadas por esa entidad se redujeron un 50% respecto al 2014.

En total, durante el 2015 Aoun sancionó a 53 administradores por un total de 1.382.809 pesos, promediando 26.091 pesos por cada mandatario. 47 de ellos fueron multados incorrectamente porque para realizar los cálculos de las sanciones se tomó el sueldo de un encargado con vivienda en lugar de uno sin vivienda, tal como lo establece la Ley 941