Siguen habilitando entidades para dictar los cursos

[BPN-23/06/16] A pesar de que la Ley 941 fue derogada, el Gobierno porteño sigue autorizando nuevas entidades para que dicten los cursos de capacitación que el Registro Público de Administradores (RPA) porteño le exige  a los mandatarios de los consorcios para poder presentar sus Declaraciones Juradas (DDJJ) anuales.

Mediante la Disposición 977 (BO: 22/04/16) firmada el 28 de marzo, la directora general de Defensa y Protección del Consumidor (DyPC), Dra. Vilma Bouza, habilitó a la Universidad Nacional de San Martín (UNSaM) a brindar los cursos <texto original>.

Poco más de un mes después, el jueves 12 de mayo, a través de la Disposición 1.421 (BO: 20/05/16), la funcionaria autorizó a la Gerencia Operativa de Educación y Trabajo, Coordinación General de Educación No Formal dependiente del Ministerio de Educación a dictar las capacitaciones para renovar la matrícula en forma semi presencial <texto original>.

Ambas disposiciones constaron de dos artículos de los cuales uno es de forma. Llama la atención que en sus considerandos se explique que se habilitó a esas entidades en función a lo establecido por la Ley 941 ya que esa norma fue derogada el 3 de diciembre de 2015 cuando se votó la Ley Muñoz ^[1] que le transfirió el control del RPA al polémico Consejo de Propiedad Horizontal.

La Ley 941 creó el 2 de diciembre de 2002 –día de su sanción en la Legislatura- un Registro Público de Administradores en la Ciudad de Buenos Aires. Siete años después, el 5 de noviembre de 2009 esta ley fue modificada por la Ley 3.254. El 15 de diciembre de 2015 fue derogada por la Ley 5.464 que creó en su lugar un Consejo de la Propiedad Horizontal dirigido por una mayoría de entidades afines al SUTERH. En estos días se le definen en la Legislatura porteña varias modificaciones

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