Víctor
Santa María, titular del SUTERH y del Partido Justicialista
porteño. |
Informe
Especial
Fallé
por un tantito así
[BPN-05/07/16]
Desde noviembre del año pasado hasta fines de junio, la sanción de la
Ley Muñoz produjo duras pulseadas entre Víctor Santa María, titular del
SUTERH[1], Horacio Rodríguez Larreta y la mayor parte de la
comunidad consorcial. Las confrontaciones aparentemente finalizaron cuando
el Jefe de Gobierno porteño se mostró decidido a derogarla. En el
ínterin la lucha fue dura. La comunidad consorcial, obligada por la
necesidad, generó hechos inéditos y sus consecuencias probablemente
trascenderán a la misma Ley Muñoz.
La
sanción
El
20 de noviembre del año pasado, un casi desconocido legislador porteño
del Frente para la Victoria, Fernando Muñoz, presentó un proyecto de ley
que creaba un Consejo de Propiedad Horizontal que tomaba el control del
Registro Público de Administradores y se adjudicaba otras tantas
atribuciones. Su característica más descollante era que su Comité
Ejecutivo estaba compuesto por 11 miembros de los cuales –ya sea por
afinidad gremial o política- la mayoría respondía a Víctor Santa
María.
Entre
las entidades que participaban de la conducción del ente creado por
Muñoz aparece un sindicato que había sido creado sólo unos meses antes,
SEARA[2]. Con el tiempo se develó que su secretaria general
era Gabriela Pilar Saldivia quien, hasta el día de hoy, es también
coordinadora del Registro Público de Administradores porteño.
Otro
participante del Consejo era un representante de la Defensoría del Pueblo
porteño en defensa de los derechos de los inquilinos de inmuebles que –por
aquel entonces- nadie podía imaginar quién sería. Hasta hoy, la
Defensoría está dirigida por Alejandro Amor del Frente para la Victoria
y cuenta entre sus adjuntos a otro exlegislador que aprobó una ley en
beneficio del SUTERH, Oscar Zago (PRO).
Finalmente,
el jueves 3 de diciembre por la tarde, la Legislatura porteña aprobó
sobre tablas y sin debate parlamentario la Ley 5.464 junto a otros 127
proyectos. Contó con el voto positivo de 26 legisladores del PRO, 10 del
Frente para la Victoria y 20 del resto de los bloques.
Por
primera vez administradores y consorcistas juntos por un objetivo en
común; derogar la Ley Muñoz. |
Las
primeras reacciones
Las
reacciones no se hicieron esperar y el 10 de diciembre, Daniel Tocco,
presidente de la CAPHyAI[3], calificó al recién creado
Consejo de la Propiedad Horizontal como un "atropello", amenazó
con recurrir a la Justicia y adelantó que no participaría del lugar que
le había reservado la Ley Muñoz en su Consejo Directivo.
Por
primera vez en la historia de la comunidad consorcial, tanto entidades de
consorcistas como de administradores se unieron en aras de un objetivo
común: rechazar la Ley Muñoz. Entre las entidades de administradores se
encontraron la ya mencionada CAPHyAI, AIPH[4], Fundación
Reunión de Administradores (FRA) y, con el tiempo, se les uniría la
Asociación de Profesionales Administradores de la República Argentina
(APARA).
Las
entidades de consorcistas que en principio expresaron su rechazo fueron
Osvaldo, Victoria y David Loisi de la Liga del Consorcista de Propiedad
Horizontal, Jorge Resqui Pizarro de ReDeCo[5], Marcos
Bergenfeld de APIPH[6] y la Sra. Teresa Villanueva de ACCABA[7].
El 18 de diciembre se sumó a esta lista la Comisión de Propiedad
Horizontal dependiente del Consejo Consultivo de la Comuna 12.
En
varias oportunidades el Dr. Eduardo Awad expresó que la Ley 5.464
había que derogarla. |
El
21 de diciembre se logró una foto histórica: se sumaron al rechazo el
Dr. Samuel Knopoff, en representación de la Federación de Asociaciones
de Consorcios (FEDECO) y de la Comisión Argentina de Consorcios,
Copropietarios y Consorcistas (CACCyC); Alicia Giménez por la Unión de
Consorcistas de la República Argentina (UCRA); un representante de la
Asociación de Propietarios de Inmuebles (API); Mercedes García por la
Asociación Civil de Defensa al Consumidor de Bienes y Servicios para la
Propiedad Horizontal (ADEPROH) y el Sr. Jorge Curk de la Asociación de
Propietarios de Bienes Raíces (APBR).
No
salieron en la foto el Dr. Juan Manuel Acosta y Lara del AIERH[8]
y Osvaldo Primavesi de la UADI[9], dos entidades que no sólo
se beneficiaban con sendos lugares en la Mesa Directiva del Consejo de la
Propiedad Horizontal sino que fueron acusadas, en numerosas oportunidades
y por diferentes actores, de ser "sellos de goma" del mismo
sindicato.
Se
consolida el rechazo
En
un principio los interesados le exigieron al Jefe de Gobierno porteño que
vetara la Ley 5.464 quien podía hacerlo hasta el jueves 7 de enero. Sin
embargo, Rodríguez Larreta no la vetó y el 6 de enero anunció el envío
de un proyecto de ley para modificarla: buscaba esencialmente cambiar la
composición de la Mesa Directiva del Consejo.
Mientras
tanto, el 7 de enero, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires difundió a través de diversas notas su
exigencia al Ejecutivo porteño de vetar la ley que creó el Consejo de la
Propiedad Horizontal.
Un
día después, el 8 de enero, el Dr. Eduardo Awad, por entonces presidente
del Colegio de Abogados de la Capital Federal, anunció que le pidió a
Horacio Rodríguez Larreta el veto inmediato de la Ley Muñoz. Contó que
cuatro funcionarios del Gobierno se reunieron con él para escuchar sus
fundamentos y que se ofreció para "colaborar en la búsqueda de una
solución".
A
principios de febrero, la Federación Nacional de Cámaras y Asociaciones
de Administradores (FAPHRA) expresó su rechazo y "profundo
malestar" por la sanción de la Ley Muñoz. Según argumentaron sus
autoridades, la norma carecía de legalidad.
Sergio
Abrevaya y Víctor Santa María fueron presidente y vicepresidente
del Consejo Económico y Social desde enero de 2012 hasta fines de
2015. |
La
"gestión" de Abrevaya
El
24 de febrero, el Dr. Sergio Abrevaya (GEN) –en el marco de un
hermético secreto- tuvo una primera reunión con nueve personas
relacionadas con los consorcistas –entre ellos representantes de
asociaciones- a quienes les anticipó que la Ley Muñoz salía sí o sí.
Los amenazó advirtiéndoles que si no participaban de su Comité
Ejecutivo iban a ser representados por "un sello de goma" y los
invitó a formar un bloque para ocupar esa única silla disponible para su
sector. Les aclaró que de lo contrario "se quedarían afuera".
Días después, realizó una segunda reunión en el mismo lugar y a la
misma hora con los mismos asistentes.
Los
presentes fueron Alicia Giménez de UCRA, el consorcista Andres Zulberti
conocido también como Gerardo Andino, el Dr. Jorge Resqui Pizarro de
ReDeCo, el Dr. Matías Chari, la Dra. Nelly Díaz del Instituto de Derecho
de Propiedad Horizontal del CPACF, la Dra. Nora Soledad Leseduarte de
ADEPROH, Teresa Villanueva de ACCABA junto a otras dos integrantes de su
asociación y la Dra. Victoria Loisi de la Liga del Consorcista de
Propiedad Horizontal.
El
2 de marzo se realizó una tercera y última reunión con Víctor Santa
María. En ella parte de los asistentes habrían firmado un convenio como
un paso previo a su integración al futuro Consejo de la Propiedad
Horizontal creado por la Ley Muñoz en el ámbito de la CABA. Según
trascendió de su texto, habrían acordado cursarle una solicitud a Diego
Santilli, vicejefe de Gobierno, para pedirle que prorrogue por 15 días la
puesta en funcionamiento del Consejo hasta tanto se pusieran de acuerdo en
dos puntos: quiénes y cómo serían representados en esa silla que se les
había reservado en el Comité Ejecutivo del nuevo ente. Sin embargo,
nadie quiso explicar el contenido del acuerdo, no trascendió quiénes lo
firmaron -aunque se filtró que serían sólo tres representantes-, ni
quiénes se abstuvieron, ni las razones por las que su texto no se pudo
dar a conocer a la opinión pública.
A
este último encuentro asistieron Santa María, Abrevaya, el Dr. Jorge
Resqui Pizarro, el Dr. Osvaldo Loisi y su hija Victoria, la Sra. Teresa
Villanueva, la Sra. Alicia Giménez, dos representantes de ADEPROH y
Samuel Knopoff. El objetivo de la reunión habría sido la búsqueda de
cualquier tipo de consenso que permitiera ocupar la silla destinada a los
consorcistas dentro del Consejo de la Propiedad Horizontal.
Juan
Manuel Acosta y Lara (AIERH) defiende su proyecto de modificación
rodeado de vecinos que exigen la derogación de la Ley Muñoz. |
De
vuelta a la trinchera
El
11 de marzo un medio digital anunció que a consecuencia del
"repudio" de los vecinos con los que se reunía periódicamente,
Rodríguez Larreta estaría intentando desmontar el acuerdo con Víctor
Santa María que permitió la aprobación de la Ley Muñoz.
Poco
después, el 22 de marzo, el Dr. Osvaldo Loisi convocó a
copropietarios e inquilinos a desobedecer todas las disposiciones que
emanaran del Consejo de la Propiedad Horizontal y le requirió a Horacio
Rodríguez Larreta que se abstenga de reglamentar, implementar o poner en
vigencia lo que denominó un "mamarracho disfrazado de ley".
El
28 de ese mes, un vecino de la Comuna 7, el Ing. Osvaldo Buscaya,
presentó el primer proyecto de derogación de la Ley Muñoz argumentando
que era "ilegítima e ilegal". Poco después denunció amenazas
contra su vida por su participación en temas consorciales.
Dos
días después, el 30 de marzo, Hernán Arce y Roy Cortina (Partido
Socialista), Gustavo Vera (Bien Común) y Paula Oliveto Lago y Maximiliano
Ferraro (Coalición Cívica) presentaron su propio proyecto de
derogación.
El
12 de abril, Rodríguez Larreta, finalmente presentó su proyecto de ley
en la legislatura de la ciudad para modificar la Ley Muñoz y -tal como
había sido adelantado- su propuesta consistía en que el SUTERH contara
con dos representantes, en lugar de tres, dentro del Comité Ejecutivo del
Consejo de la Propiedad Horizontal, que el Gobierno de la CABA tuviera
tres representantes en lugar de uno y que se eliminara completamente la
presencia de SEARA.
El
21 de abril, el Dr. Eduardo Awad, director del Instituto de Derecho de
Propiedad Horizontal del CPACF y expresidente de ese colegio, en su cuenta
de Facebook, pidió la derogación de la Ley Muñoz. Argumentó que el
Consejo de la Propiedad Horizontal era una copia arancelada del Registro
Público de Administradores porteño y que la Ley 5.464 se colocaba por
encima del Código Civil y Comercial de la Nación.
Durante
dos jueves consecutivos, consorcistas manifestaron frente a la
Legislatura, el tercero Rodríguez Larreta anunció la derogación
de la ley. |
Poco
después, el 28 de abril, el legislador porteño Diego García De García
Vilas (Confianza Pública) tuvo que abandonar una charla explicativa sobre
la Ley Muñoz y los proyectos que existían para modificarla porque los
vecinos lo interrumpían pidiéndole enérgicamente la derogación de la
norma.
En
la Legislatura porteña
El
11 y 16 de mayo se realizaron dos reuniones de asesores en la Legislatura
porteña para tratar los proyectos de modificación de la Ley Muñoz: uno
de Diego García De García Vilas y otro del Ejecutivo porteño. Aunque el
rechazo de los vecinos presentes en las audiencias fue unánime los
asesores avanzaron en sus negociaciones para lograr un dictamen de
mayoría.
Por
fin, el miércoles 18 de mayo, se reunió la Comisión de Legislación
General y elaboró un dictamen para modificar la Ley Muñoz mientras los
vecinos presentes –igual que en las reuniones anteriores- exigían la
derogación de la norma.
Todo
estaba preparado para que el jueves 16 de junio se tratara en el recinto
legislativo la modificación de la Ley 5.464. Sin embargo, desde las 11 de
la mañana un grupo de consorcistas se reunieron exigiendo su derogación.
La Dra. Victoria Loisi, megáfono en mano, se puso al frente del nutrido
grupo de asistentes. Andrés Zulberti repartió volantes entre los
transeúntes. Se acercó un móvil de Crónica que realizó una breve
entrevista a los manifestantes. Finalmente en horas del mediodía, Loisi
anunció que en la sesión de ese día no se trataría el proyecto de
modificación y poco a poco la gente se fue desconcentrando.
El
jueves 23, los acontecimientos fueron casi los mismos y los organizadores
reafirmaron su voluntad de seguir manifestando jueves tras jueves hasta
que el proyecto sea retirado de la agenda legislativa.
El
30 de junio, último jueves del mes, sucedieron dos hechos importantes con
una diferencia de pocas horas: primero la Legislatura no tenía previsto
tratar el proyecto de modificación de la Ley Muñoz así que los vecinos
no se concentraron. El segundo fue que Rodríguez Larreta adelantó en una
reunión que tuvo en Ferrocarril Oeste su intención de derogar la famosa
ley.
Esas
mismas palabras las repitió al día siguiente en el Club Atlético de
Parque de los Patricios  
---
[1]
SUTERH: Sindicato Único Trabajadores Edificios Renta y Horizontal.
[2]
SEARA: Sindicato
de Empleados de Administradores
de
la República Argentina.
[3]
CAPHyAI: Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades
Inmobiliarias.
[4]
AIPH: Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad
Horizontal.
[5]
ReDeCo: Reafirmación de los Derechos del Consorcista.
[6]
APIPH: Asociación Propietarios de Inmuebles en Propiedad
Horizontal.
[7]
ACCABA: Asociación de Consorcistas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
[8]
AIERH: Asociación
Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal.
[9]
UADI: Unión Administradores de Inmuebles.
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