La 2ª reunión de legisladores de la Comisión de Legislación General

[BPN-22/12/17] Dos días después de la primera reunión, se volvieron a reunir los legisladores de la Comisión de Legislación General para tratar el proyecto Consorcio Participativo de Facundo Carrillo. La reunión se pautó para las 11 de la mañana del 24 de noviembre.

En esta oportunidad asistieron cinco de los nueve legisladores que componen la Comisión: Mercedes de las Casas; Daniel Eduardo Del Sol, su presidente; y Eduardo Petrini, todos del bloque Vamos Juntos. Del PRO asistieron Roberto Quattromano y Clodomiro Risau. Estos cinco fueron los que finalmente firmaron el despacho que nunca llegó a ser tratado en el recinto de la Legislatura.

En esta segunda reunión –por reglamento- hubo que permitirle exponer a los vecinos. La lista de oradores estuvo compuesta por tres miembros de CASIPH ^[1] (Luis Games, Lisandro Cingolani y Diego Medwed), Jorge Martín Irigoyen representando a la CAPHyAI ^[2], Matías Ruiz en nombre de AIPH ^[3] y Andrés Zulberti en nombre de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3. En esta oportunidad las opiniones sobre el proyecto fueron unánimemente negativas.

Fue llamativo que mientras los vecinos se acercaban al micrófono para brevemente exponer sus objeciones algunos legisladores se mantuvieron ocupados con sus celulares.

Cuando los vecinos terminaron de exponer Del sol les preguntó a sus compañeros por lo bajo: "¿Firmamos el despacho?" y finalizada esa formalidad, sin más trámite, se retiraron del lugar.

Pequeñas Noticias –tal cual lo hizo en la nota sobre la primera reunión- extrajo los párrafos más relevantes de las exposiciones de los oradores.

La ley que han puesto como proyecto es una ley aspiracional muy importante. Los anuncios creo que han sido confusos y las comunicaciones del gobierno también. Nosotros vemos que Consorcio Participativo puede tener distintos pseudónimos, puede ser "Consorcio Corporativo", puede ser "Estado Participativo", puede ser "Plataforma para Todos" y puede ser "Expensas Claras pero en su versión de Matrix Recargado".

El concepto que es vertido por la ley que dicen que es nuevo, que mejora la participación, que mejora el control del administrador y la gratuidad del costo no es así, son sofismas. Realmente son sofismas: no es nuevo porque en el mercado existen variedad de sistemas. Todos esos sistemas cumplen en exceso lo que el Gobierno de la Ciudad está pretendiendo realizar. ¿Mejora la participación? Esto es un tema realmente complicado porque los chats virtuales que ustedes quieren incorporar van a producir efectos no deseados. Van a aumentar el nivel de denuncias mediante un clic y entonces al poder de policía -que lamentablemente no siempre pueden cumplir- se le va a complicar con la cantidad de denuncias tanto al Registro Público de Administradores (RPA) como a la Dirección de Defensa del Consumidor.

La participación terminará siendo voluntaria porque está resguardada por el reglamento de copropiedad, el Código Civil y las cartas poderes. Los propietarios tienen sus derechos resguardados y los administradores conocen muy bien sus obligaciones.

La referencia de que mejora el control del administrador también es un sofisma y me gustaría que lo escuchen muy bien porque la Ley 941 -que esto viene de la línea de gobierno del presidente Macri cuando anunció Expensas Claras y ahora es Expensas Claras Matrix Recargado- ya reguló en exceso los derechos y las obligaciones de los propietarios y de los administradores.

El gobierno tiene la oportunidad de demostrar que va hacer un sistema mejor, más eficiente, más democrático, más barato y más libre que los que hoy existen y que hoy utilizan los consorcios.

No lo hagan en forma compulsiva, no obliguen al consorcio y al administrador a subir los datos si el consorcio no quiere hacerlo. No es solamente que el propietario no quiera utilizar el chat. No obliguen al consorcio, sedúzcanlo con un producto mejor.

El gobierno puede animarse a competir con pymes de dos personas que vienen trabajando -no hace dos años como dijo Facundo Carillo- sino hace diez, quince o cuarenta años. Animen al Estado a competir con los particulares. Hagan un producto mejor y sáquenos del mercado pero, por favor, no lo hagan de forma compulsiva.

Hay una discrepancia entre lo que los legisladores entienden como alcance de la norma y lo que nos transmite el secretario de Atención y Gestión Ciudadana.

Algunos diputados me transmitieron que la plataforma web no liquidará expensas y Facundo Carrillo en la puerta del recinto nos transmitió que sí, que va a liquidar expensas, entonces me pregunto si realmente está claro el alcance de la norma, si existe un mal entendido o alguien está omitiendo información, si realmente visitaron administraciones, consorcios, centros de cómputos, si participaron de algunas asambleas como para poder evaluar y hacer un diagnóstico correcto del problema que están tratando de solucionar.

Vimos un desfile de opiniones donde la mayoría destacaba las buenas intenciones del proyecto pero objetaban la forma. Evidentemente la redacción no es clara o no cubre las expectativas que quieren transmitir. Vemos que no están pudiendo transmitir en la redacción de una norma una buena intención. ¿Están seguros que ésta es la mejor forma para resolver lo que con buenas intenciones están tratando de mejorar?

Tienen una oportunidad histórica de hacer una buena ley y no una fuente de amparos judiciales. Hay antecedentes de esto: cuando se modificó la Ley 941 con la 3254/09 y su decreto reglamentario 551/2010 se obligaba a que en la primera asamblea posterior el administrador tuviera que difundir esta norma y fehacientemente entregarle copia para que la gente se instruya. Es una buena medida que la ley obligue al administrador que una vez que esté reglamentada ponga a consideración de la asamblea si quiere o no a utilizar la plataforma. Si la quiere utilizar adelante que sea gratuita, que sea la plataforma del gobierno y si no la quiere utilizar el administrador deslinda su responsabilidad y no está obligado.

Creemos -desde la mirada de los administradores- que esta ley va a generar más costos que van a ser trasladados sin duda a los consorcios. Creemos que viola los derechos privados de las personas y creemos que priva a distintas empresas a participar dentro de los que son los soportes informáticos y centros de cómputos.

Encontrándole tantas contras, uno se pregunta para qué sale este proyecto porque si no encontramos ventajas a la vista, si la única ilusión es que sea algo más transparente, uno tiene que pensar realmente cuál es el fin de todo esto. Permítanme compartirles la idea a la que llegué. Yo personalmente sospecho que esto es en realidad el "678" de Rodríguez Larreta. Que realmente lo único que quiere hacer es armar un canal de comunicación que llegue a un montón de ciudadanos porteños y que esta plataforma estará llena de una batería de propaganda oficialista.

Sería interesante, de no ser así, dejar asentado en el proyecto de ley que en la plataforma no pueda haber publicidad oficial.

Quiero ser bien claro en algo, a la Cámara de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias lo que le preocupa es el tema de la big data, esa es la realidad.

Hay algo que no hablé hasta ahora pero ahora sí lo voy a hacer mirándolos a los ojos a todos Uds. Se aduce que este proyecto existe "para controlar a los administradores de consorcios" y la verdad es que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -después de más de diez años que lleva la Ley 941- es un faro en el tema del control con un Registro Público de Administradores que aplica unas multas que hasta a veces son excesivas. Si seguimos estigmatizando una actividad con el pretexto de evitar una política pública, sin querer estamos cometiendo errores que criticamos de otros gobiernos.

Yo me he reunido con muchos de ustedes inclusive con consorcistas: si los administradores no quisieran estar controlados la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal se hubiera sentado en el Consejo de Propiedad Horizontal cuando lo crearon [Ley Muñoz] y dictaba sus propias resoluciones. Iba ser mucho más fácil para ellos no estar controlados en esa ley que se tuvo que derogar a los siete meses.

[3] AIPH: Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal AIPH.